Edgar Fonseca, editor
La alegada agresión de dos empleadas de una popular cadena de tiendas josefina generó indignación pública y demandas de investigación en círculos legislativos.
El caso es investigado por OIJ y la Fiscalía.
La versión del hecho, acontecido al parecer el 14 de agosto, trascendió en redes el lunes.
Supuestamente las dos empleadas fueron agredidas dentro de uno de los inmuebles de la cadena bajo sospechas de un presunto faltante de dinero en la caja de la tienda, lo cual resultó falso.
A las perjudicadas se les golpeó con tubos, según videos que circulan en redes sociales.
Una mujer de apellido Alvarado fue detenida inicialmente vinculada al caso.
Las autoridades le atribuyen supuesta privación de libertad agravada en perjuicio de las ofendidas.
Quedó libre bajo medidas cautelares.
Supuesta privación de libertad agravada
La Fiscalía Adjunta del I Circuito Judicial de San José informó que, dentro del expediente 22-022207-0042-PE, investiga a una mujer de apellidos Alvarado Dávila y a un hombre de apellido Hu, por el presunto delito de privación de libertad agravada, cita una respuesta oficial a consulta de este editor.
El viernes — agrega— únicamente se detuvo a la sospechosa, tras lo cual, a solicitud de la Fiscalía, el Juzgado Penal de la zona le impuso las medidas cautelares de firmar cada 15 días y no intimidar, molestar, agredir, acercarse o comunicarse con las víctimas y testigos por ningún medio o persona, ambas por el plazo de cinco meses.
Añadieron que debido a que el caso está en una etapa que es privada, no es posible brindar detalles adicionales, ya que así lo establece el artículo 295 del Código Procesal Penal.
Repudio legislativo
Jonathan Acuña, jefe de fracción del Frente Amplio, denunció lo acontecido.
“Desde la Fracción del Frente Amplio hemos escrito al Ministro de Trabajo y Seguridad Social llamando a que protejan a las personas trabajadoras de esta empresa”, dijo.
En una nota enviada al ministro de Trabajo, Luis Paulino Mora, la fracción FA advirtió que los hechos ponen en riesgo la integridad física, la salud y los derechos laborales de las personas, violentando los derechos humanos más básicos de toda persona trabajadora.
“Lo que más nos preocupa es la posibilidad de que esto no sea un hecho aislado, sino una manifestación de una conducta agresiva y represiva contra personas trabajadoras”, criticaron.
Los legisladores pidieron que el ministerio aclare si intervino ante los hechos denunciados.
