Edgar Fonseca, editor

Las denuncias de presunto financiamiento ilegal de los partidos durante la campaña electoral 2022 impactan la ubicación del país en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), Transparencia Internacional, 2022, dado a conocer ayer martes 31 de enero y en cual Costa Rica descendió al puesto 54.

Costa Rica –resalta el reporte– ha descendido cuatro puntos en los últimos tres años, alcanzando su puntuación más baja hasta ahora. Los escándalos de corrupción recientes ponen de manifiesto la existencia de déficits en materia de transparencia, sobreprecios y falta de competencia en el sector de infraestructura, una tendencia que se repite en toda la región. Los señalamientos de financiamiento político ilegal durante la campaña electoral del presidente Rodrigo Chaves también podrían explicar los resultados recientes 

El índice registra la lucha contra la corrupción en 180 naciones.

La Asamblea Legislativa investiga el supuesto financiamiento ilegal de partidos durante la pasada campaña, entre ello una presunta estructura paralela que operó en el PPSD que llevó al poder a Chaves.

“Existen indicios suficientes para presumir que, en el marco del proceso electoral nacional de 2022, operó una estructura paralela de financiamiento partidario con el objeto de impulsar la candidatura del señor Rodrigo Chaves Robles a la Presidencia de la República y potenciar las candidaturas en general del partido Progreso Social Democrático”, consignó un informe del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ante la Fiscalía.

El caso fue elevado por el TSE al Ministerio Público.

Chaves cuestiona dicha investigación y la califica de infundada.

“Francamente las acusaciones son absurdas y sin fundamento, desde mi punto de vista. Yo como siempre he estado muy tranquilo, sigo todavía más tranquilo para serles franco porque las acusaciones son verdaderamente frívolas, absurdas”, dijo Chaves el 16 de junio anterior tras una intempestiva visita a la Fiscalía para enterarse de las denuncias.

Una comisión legislativa especial también investiga presunto financiamiento irregular de la campaña del PLN.

Sin avance en 7 años

Desde 2016, 27 de los 32 países de las Américas no muestran avances en la lucha contra la corrupción. A la cabeza del ranking regional se ubican Uruguay y Canadá, cada uno con una puntuación de 74, seguidos por Estados Unidos con 69. En Venezuela (14), Haití (17) y Nicaragua (19), los países con los puntajes más bajos, resulta difícil trazar una línea clara entre las instituciones públicas y las redes criminales, detalla el informe de Transparencia Internacional. 

Chile y Costa Rica no priorizan la lucha

Chile (67) y Costa Rica (54) – que tradicionalmente han obtenido los mejores desempeños en el IPC dentro de América Latina— no están priorizando la lucha contra la corrupción. Chile ha estado en la misma posición por años, pese a la importancia evidente de actuar contra la corrupción ante el crecimiento del crimen organizado y la inseguridad en el país, dos de las principales inquietudes entre la población, consigna informe. 

Sin embargo, tanto Chile como Costa Rica cuentan con instituciones democráticas sólidas y oportunidades para revertir estas tendencias. En Chile, el proceso de reforma constitucional, así como la primera Estrategia Nacional de Integridad Pública ofrecen una posibilidad única de fortalecer la rendición de cuentas, modernizar las instituciones públicas y mejorar la confianza en el Estado. La Estrategia Nacional de Integridad de Costa Rica, si se implementa de manera adecuada, podría transformarse en un modelo a seguir para otros países de la región.

Deriva autoritaria en varias naciones

Según Transparencia, para enfrentar al crimen organizado y a la violencia de pandillas, algunos gobiernos han adoptado medidas extremas que concentran el poder en el órgano ejecutivo, las cuales reducen la transparencia y la rendición de cuentas y plantean amenazas graves para los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Por ejemplo, la declaración de estados de excepción durante 2022 en países como El Salvador (33), Ecuador (36) y Honduras (23) – si bien tuvieron carácter constitucional y oficialmente temporal – otorgaron facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo para suspender garantías constitucionales. Estas medidas afectaron los derechos de asociación, de acceso a la información, de circulación y el debido proceso durante los arrestos. En nombre de la seguridad, estos gobiernos redujeron el espacio cívico, limitando la capacidad de supervisión y control por parte de otros actores y agravando sustancialmente los riesgos de corrupción y el retroceso democrático que padece la región. 

Especial PuroPeriodismo/Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), Transparencia Internacional, 2022