Contralora descarta prestarse a debate que pretende Chaves con referéndum

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Edgar Fonseca, editor

La Contralora General de la República, Marta Acosta, descartó este jueves ir a un debate sobre el plan del referéndum como retó el presidente Rodrigo Chaves el miércoles en conferencia de prensa.

La discusión sobre dicho plan se dará en las instancias institucionales correspondientes: Asamblea Legislativa, la Sala Constitucional y el Tribunal Supremo de Elecciones, advirtió la jerarca en su respuesta a Chaves

“La CGR atenderá allí los procedimientos establecidos en las leyes que regulan ese debate formal, como corresponde en una democracia como la nuestra”, afirmó.

Chaves pretende que haya un debate televisado entre la contralora y la ministra de Planificación, Laura Fernández, con un juez “neutro”.

Acosta denunció que la ley “jaguar” con que Chaves impulsa el referéndum pretende desmantelar las funciones de la Contraloría. Chaves lo niega.


Es peor de lo que parece

Buenas tardes.

Con todo respeto, deseo manifestarles que, en  días pasados, cuando fue presentado ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para referéndum,  orientado principalmente  a desmantelar el control sobre los fondos públicos que la Constitución Política le encarga a la Contraloría General, manifestamos nuestra preocupación por la supresión de importantes competencias del sistema de control de los fondos públicos, no solo ejercidos por la Contraloría sino también desde las auditorías internas y desde la misma Asamblea Legislativa, porque cuando el fiscalizado; en este caso el Poder Ejecutivo, pretende diseñar el modelo de control que se le aplicará, escoge justamente uno que sea débil  y con  menor alcance. 

Luego de analizar a fondo los enormes huecos que pretenden hacerle al control de los fondos públicos, podemos indicar con certeza que la situación es peor de lo que parece, ésto va más allá de los temas de contratación de obra pública, porque hasta la misma Asamblea Legislativa perderá  insumos de control político que recibe actualmente de la Contraloría General, dado que esta ley le quitaría funciones sustantivas de forma tal que el poder ejecutivo le impondría al poder legislativo el tipo de controles que podrá realizar su propio órgano auxiliar, lo que parece claramente una invasión de las potestades legislativas y una abierta intención de minimizar dicha auxiliaridad. 

El control de la plata pública tiene distintos momentos, justamente para poder  parar a tiempo las ilegalidades y poder alertar, desde una perspectiva independiente, técnica y legal, cuando se están usando los fondos públicos sin eficiencia y sin ley, buscando una ruta poco transparente.

Eso es justamente lo que pretende el proyecto de referéndum: que obras públicas se puedan contratar a dedo, que no se registre  deuda pública, que no se pueda alertar de una ilegalidad evidente en un proyecto, que una denuncia o auditoría no pueda derivar en la prevención de un acto irregular o de ineficiencia, entre otros efectos visibles.

También le impediría a la Contraloría la  fiscalización de la legalidad de los controles internos y la eficiencia en el uso de los fondos públicos, así como el uso de instrumentos vinculantes, o sea, de acatamiento obligatorio para los funcionarios y funcionarias públicas, tales como las disposiciones y advertencias, de modo que, por ejemplo, si la CGR recibe una denuncia ciudadana o una solicitud de investigación por parte de la Asamblea Legislativa y se encuentran posibles irregularidades o malos manejos de los fondos públicos, no podría la CGR tomar ninguna acción para prevenir, advertir, corregir o sancionar lo que encontró en su investigación. 

Como si fuera poco, elimina también los controles preventivos de la Contraloría, incluyendo los controles previos, a pesar de que desde la Constitución Política se disponen materias como la aprobación presupuestaria, el refrendo de contratos públicos y la fase recursiva en materia de contratación pública. O sea, la Contraloría no podría avisar a tiempo para evitar un perjuicio económico para la Hacienda Pública sino únicamente hasta que se materialicen los daños y sea demasiado tarde. Se elimina así toda la etapa de prevención como instrumento para detener potenciales ineficiencias, irregularidades o  actos de corrupción. 

En relación con el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública, ley que por cierto solo tiene un año y medio de vigencia y ya se quiere debilitar, se permitiría contratar y arrendar inmuebles para obras públicas sin un concurso público abierto, limitando la participación de oferentes y no teniendo certeza de que se escoge la mejor oferta. El Estado podría contraer nuevas deudas sin los controles y aprobaciones legales, ni siquiera legislativos, de manera que se potencian los riesgos asociados a la baja credibilidad de las cuentas nacionales, produciendo incertidumbre económica y una gestión fiscal ineficiente.

Y en relación con JAPDEVA, se intenta cambiar la definición de alianza estratégica de la Ley General de Contratación Pública, que aplica para todas las demás entidades y proyectos públicos, para permitir a JAPDEVA escoger “a dedo” a los socios estratégicos con los que haría negocios públicos, evadiendo los procedimientos de contratación pública y dejando en duda el proceso de rendición de cuentas y la tan necesaria transparencia por la que claman los costarricenses. 

El panorama es bastante claro: se quiere  quitar y por tanto evadir  el control de los fondos públicos en detrimento de la eficiencia y la legalidad en el uso de los recursos que le pertenecen a  todos los costarricenses. Calificar de fortalecimiento semejante cosa es pretender que la verdad no saldrá a flote y que nadie verá las intenciones reales de sus proponentes. 

Ante lo delicado de esta situación, es que quedamos atentos a la consulta que Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa realice a la Contraloría General en este proceso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 6 de la ley que regula el trámite del referendo. 

Muchísimas gracias.

Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República


Especial PuroPeriodismo/Abogado Fabián Volio, consultado por presidencia, no ve desmantelamiento de la Contraloría en plan 

del referéndum