Edgar Fonseca, editor/Foto OIJ
El exministro del MOPT, Mauricio Batalla, y otras tres personas fueron detenidas la mañana de ayer martes en una investigación de la Fiscalía y OIJ de presuntas anomalías en obras de recarpeteo en el aeropuerto internacional Daniel Oduber, Liberia, con un costo de $39,9 millones.
Aparte de Batalla fueron detenidos: Alejandro Picado Eduarte, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE); Marcos Castillo Masís, director de Aviación Civil y Henry Villalobos, jefe de la Unidad de Fiscalización de Obras de la CNE.
Las autoridades denominaron el caso “Pista Oscura”.
En imágenes de video en un condominio donde reside Batalla, fue captado cuando salía esposado con las manos hacia atrás, custodiado por agentes OIJ con pasamontañas. Vestía camisa blanca y pantalón de mezclilla. Luego lo introdujeron a un auto policial. Le bajaron la cabeza para que no se golpeara al entrar.
La detenciones se dieron tras 22 allanamientos a temprana hora en uno de los mayores despliegues policiales y de Fiscalía desde el escándalo del caso “Barrenador” –23 de setiembre anterior– por un alegado millonario sobrecosto en la contratación de la CCSS de servicios de 138 Ebáis con cuatro cooperativas y una asociación.
Tras esas investigaciones, que derivaron en el arresto de la entonces presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, el presidente Rodrigo Chaves arremetió contra el Fiscal General, Carlo Díaz, y el Poder Judicial.
Acusó de “matoneo” en la investigación.
Presunto tráfico de influencias, influencia contra de la Hacienda Pública y malversación de fondos
En el caso del aeropuerto de Liberia, la Fiscalía informó que investiga los presuntos delitos de tráfico de influencias, influencia contra de la Hacienda Pública y malversación de fondos.
Batalla figuraba como un eventual aspirante presidencial por parte del oficialismo pero el 26 de marzo desistió tras darse a conocer una denuncia que afrontó por tres hechos de supuesto acoso sexual.
“Como no pudieron sacar absolutamente nada malo en mi gestión en la función pública tuvieron que rebuscar en mi vida pasada donde enfrenté un proceso, sí, pero donde los tribunales me declararon inocente de todo cargo”, dijo al trascender dicho caso.
Los hechos investigados en el expediente 24-000454-1218-PE se relacionan con una serie de supuestas irregularidades con la declaratoria de emergencia para rehabilitar la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia, Guanacaste. Según el órgano acusador, la emergencia se justificó falsamente, pues atribuyó los daños que presentaba la pista como consecuencia de la tormenta tropical Bonnie y otras ondas tropicales ocurridas en el 2022, pero lo cierto es que los perjuicios se presentaron con anterioridad a los fenómenos naturales, ratificó la Fiscalía.
Eso –añadió el ente acusador– permitió modificar un decreto ejecutivo e incluir a Liberia en la emergencia nacional, habilitando una contratación por $39.9 millones adjudicada a la empresa Constructora MECO S.A.
Los 22 allanamientos se llevan a cabo en las casas de habitación de Batalla, Picado, Castillo y Villalobos, y de un hombre de apellido González, funcionario de MECO, quien no fue detenido. Además, en la Dirección General de Aviación Civil (tres puntos), Comisión Nacional de Emergencias (siete puntos) y Ministerio de Obras Públicas y Transportes (un punto), Constructora MECO (cuatro puntos), uno en Ingeniería Técnica de Proyectos, así como en Ingeniería de Pavimentos, confirmó la Fiscalía.
Informaron que los cuatro imputados detenidos serán llevados al Segundo Circuito Judicial de San José. En el transcurso del día, la FAPTA les tomará la declaración indagatoria y posteriormente se valorará la necesidad de solicitar medidas cautelares.
La emergencia se justificó falsamente
Adjunto comunicado del Ministerio Público
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) desarrolla 21 allanamientos como parte de una investigación por los presuntos delitos de tráfico de influencias, influencia contra de la Hacienda Pública y malversación de fondos.
Dentro de las diligencias, ejecutadas en conjunto con la policía judicial, se ordenó la detención de cuatro imputados, de apellidos Batalla, Picado, Castillo y Villalobos, quienes, para el período investigado, ocupaban los cargos de ministro de obras públicas, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), director de Aviación Civil y jefe de la unidad de fiscalización de obras de la CNE.
Los hechos investigados en el expediente 24-000454-1218-PE se relacionan con una serie de supuestas irregularidades con la declaratoria de emergencia para rehabilitar la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia, Guanacaste. Según el órgano acusador, la emergencia se justificó falsamente, pues atribuyó los daños que presentaba la pista como consecuencia de la tormenta tropical Bonnie y otras ondas tropicales ocurridas en el 2022, pero lo cierto es que los perjuicios se presentaron con anterioridad a los fenómenos naturales.
Eso permitió modificar un decreto ejecutivo e incluir a Liberia en la emergencia nacional, habilitando una contratación por $39.9 millones adjudicada a la empresa Constructora MECO S.A.
Reducción de trámites. Cuando se emite una declaratoria de emergencia, los trámites para realizar las obras se simplifican, puesto que se requiere de las mismas en el menor tiempo posible, lo que implica no solo la disponibilidad inmediata de los recursos, sino también que no se requiere del refrendo previo de la Contraloría General de la República (CGR).
La FAPTA señaló que, durante la ejecución de la obra, se detectaron incumplimientos contractuales de la empresa que presuntamente derivaron en presiones indebidas para modificar el contrato y omitir la sustitución de la base del pavimento, acción clave para la rehabilitación.
Las modificaciones llevaron a realizar un recarpeteo superficial en lugar de una reparación integral, dejando la base dañada y comprometiendo la seguridad de la pista. Pese a esto, no se sancionó a la empresa por incumplimientos ni abandono de obras.
De acuerdo con la FAPTA, estas acciones generaron perjuicios económicos al Estado, al desviar recursos del Fondo Nacional de Emergencias para una obra que no se dañó producto de esos fenómenos naturales, además de vulnerarse la normativa de contratación pública.
A las personas investigadas se les atribuye haber actuado en forma conjunta para dirigir el proceso mediante el cual se logró modificar el contrato entre la CNE y Constructora MECO S.A. para la rehabilitación de la pista de aterrizaje del aeropuerto. Además, se les achaca que habrían aprovechado la influencia política y posición jerárquica que ostentaban para influir sobre funcionarios públicos para que firmaran la orden de modificación, lo anterior contrario a los criterios técnicos que se habían emitido respecto de la improcedencia de dichos cambios.
Recolección de prueba. Los 22 allanamientos se llevan a cabo en las casas de habitación de Batalla, Picado, Castillo y Villalobos, y de un hombre de apellido González, funcionario de MECO, quien no fue detenido. Además, en la Dirección General de Aviación Civil (tres puntos), Comisión Nacional de Emergencias (siete puntos) y Ministerio de Obras Públicas y Transportes (un punto), Constructora MECO (cuatro puntos), uno en Ingeniería Técnica de Proyectos, así como en Ingeniería de Pavimentos.
Los cuatro imputados detenidos serán llevados al Segundo Circuito Judicial de San José. En el transcurso del día, la FAPTA les tomará la declaración indagatoria y posteriormente se valorará la necesidad de solicitar medidas cautelares.
