Edgar Fonseca, editor/Foto Zoom PuroPeriodismo
El paquete de proyectos de seguridad presentado por la presidenta Laura Fernández y el ministro de la Presidencia y de Hacienda, expresidente, Rodrigo Chaves, ante la Asamblea Legislativa, contiene “groseras violaciones constitucionales”, advirtió el jurista Dr. Rubén Hernández Valle.
La iniciativa fue presentada el 15 de junio con el objetivo de hacer más severas, entre otras, disposiciones legales para la legítima defensa, de oficiales o guardas privados, y la prisión preventiva en el combate de la ola de criminalidad.
Sin embargo, el jurista Hernández, especialista en Derecho Constitucional, ve una ulterior intención del Poder Ejecutivo al presentar proyectos viciados de inconstitucionalidad, que, aunque pasen primer debate en la Asamblea Legislativa, deberán ir en consulta a la Sala Constitucional, donde la mayoría podría ser rechazado.
El Ejecutivo, a criterio de Hernández, tendrá entonces la “excusa perfecta” para atribuir la responsabilidad de la ola de inseguridad a otros poderes y atacar, en particular, al Poder Judicial, que ha sido la constante en el anterior y el presente gobierno.
Gravísimo, quieren revertir la presunción de inocencia con fines autoritarios
Hernández advirtió que el proyecto principal, denominado Ley Gerson Rosales, el nombre de un policía asesinado por delincuentes en Batán, Limón, el 13 de mayo anterior, intenta revertir un principio fundamental del sistema penal local e internacional como es la presunción de inocencia, y considerar culpable a cualquier sospechoso detenido por acciones contra las autoridades.
“Es un proyecto gravísimo”, sentenció.
“Abre la puerta para ¡iniciar el camino, sin retorno, hacia un estado autoritario, totalitario”, remarcó Hernández Valle durante una entrevista que concedió a este editor ayer martes 23 de junio, vía Zoom Facebook Live. Link adjunto.
Las personas serían detenidas sin indicios de culpabilidad ni posibilidades de excarcelación. “Esto es un abuso total de autoridad”, puntualizó.
También cuestionó que otro de los proyectos pretenda extender indefinidamente la prisión preventiva para reincidentes, lo que considera una pena anticipada, también viciada de inconstitucionalidad.
Igualmente criticó que se pretenda implantar regímenes laborales en las prisiones sin apegarse a normas locales y de la Organización Internacional de Trabajo, lo que podría derivar en condiciones de “trabajo forzado”.
Hernández insistió en alertar el trasfondo político de los proyectos, bajo la influencia del expresidente Chaves sobre la presidenta Fernández.
“Ella no manda. Eso está a la vista. Hasta lo quiere imitar en la voz”, lamentó.
El jurista demandó que la oposición legislativa debe analizar con mucho cuidado los proyectos para evitar abrir portillos legales que pavimenten la ruta del oficialismo hacia un modelo autoritario, totalitario, como ocurre en otros países de la región.
Los proyectos también son cuestionados por comisiones penales y del crimen organizado del Colegio de Abogados.
Ver también:
Un proyecto de ley desaguisado/Dr. Rubén Hernández Valle/La Nación
