Magistrada presidenta de Sala III-Penal recrimina a diputados chavistas nombramientos con impunidad

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  • “Denunciados en otros Poderes están ahora en puestos políticos”
  • Defiende elección de magistrados suplentes bloqueada por oficialismo

Edgar Fonseca, editor/Foto You Tube Asamblea Legislativa

“Denunciados en otros Poderes están ahora en puestos políticos”, recriminó la magistrada presidenta de la Sala II-Casación Penal, Patricia Solano, cuestionada este jueves por diputados gobiernistas en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.

Los nombramientos, censuró, los hizo el gobierno anterior y el presente y se les garantiza inmunidad penal.

La magistrada Solano también defendió la elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional bloqueada por la fraccion oficialista.

“Los magistrados somos jueces técnicos sobre cualquier otra cosa, y bajo ese criterio es que evaluamos”, destacó Solano quien estuvo acompañada del fiscal general Carlo Diaz y del director a.i. del OIJ, Michael Soto.

Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa, devolvió el miércoles al Poder Judicial la lista de candidatos a magistrados suplentes.

Alegó que la devolución de la nómina aparece como la alternativa más compatible con la economía procesal y la eficacia. Encuentra fundamento en la circunstancia que la Asamblea Legislativa no dispone de la nómina completa.

El rechazo legislativo oficialista a elegir magistrados suplentes amenaza con la parálisis de la Sala Constitucional.

El bloqueo gobiernista impide desde hace dos meses la elección de 12 magistrados suplentes. Uno de ellos integraría la Sala para tramitar el caso de la acusación contra el expresidente Rodrigo Chaves y otros exjerarcas, por supuesto financiamiento irregular de la campaña electoral 2022, denunciado por la Fiscalía y el TSE.

El fiscal general, Carlo Diaz, confirmó este jueves que se trata del caso del financiamiento paralelo que estaba ya con una formulación de acusación y que también por la falta de magistrados suplentes no se ha podido conocer.

Es chantaje

“No es una discusión jurídica, lo que quiere el oficialismo es paralizar la Sala Constitucional y a la Corte Suprema para que no pueda pronunciarse por delitos de corrupción de personas del oficialismo”, censuró el diputado del Frente Anplio, José María Villalta.

“Están ejerciendo un chantaje para tratar de que se nombre en la Sala políticos afines al oficialismo”, advirtió.

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