Edgar Fonseca, editor
El Bloque Legislativo Democrático Opositor que conforman PLN, FA, PUSC y. CAC, presentó ante la Sala IV una acción de inconstitucionalidad contra el decreto de la presidenta Laura Fernández que declaró secreto de Estado toda la información de Seguridad.
Pidió la inmediata suspensión de todos los efectos de dicho decreto por la gravedad de las amenazas que esta medida representa para la democracia y las finanzas del país.
Por la gravedad de las amenazas que esta medida representa para la democracia y las finanzas del país, se ha solicitado a la Sala Constitucional la suspensión inmediata de los efectos del Decreto N.° 45870-MSP mientras se analiza su inconstitucionalidad de fondo.La seguridad nacional no se defiende ocultando facturas ni debilitando el Estado de Derecho; se defiende con rendición de cuentas, legalidad y absoluto respeto a la Constitución, demandó el frente legislativo opositor.
Destacan que ocultar presupuestos, compras públicas y contrataciones tras el concepto amplio de “seguridad nacional” deja a la ciudadanía en una grave situación de indefensión frente a decisiones unilaterales, arbitrarias e inconsultas del Gobierno de turno. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se utilizan los recursos que todos aportamos y las instituciones responsables de fiscalizarlos deben poder cumplir con su función.
Alertan que esta falta absoluta de fiscalización no solo propicia negocios poco transparentes con el Estado, sino que configura una amenaza real de persecución política mediante el uso discrecional y sin control del aparato de seguridad pública.
COMUNICADO DE PRENSA
*Acción de inconstitucionalidad contra decreto de Laura Fernández*
La plata de todos no puede gastarse a escondidas: Bloque Democrático lleva a Sala IV decreto de Secreto de Estado por ocultar uso de recursos para seguridad y contrataciones públicas
San José 19 de agosto 2026. Con la seguridad, los derechos y la plata de la ciudadanía no se juega, por ello el Bloque Democrático presentó una acción de inconstitucionalidad para frenar este atropello a la transparencia, al acceso a la información pública y al control fiscal.
Desde el Bloque Democrático confirmado por las bancadas del PLN, FA, PUSC y CAC, consideramos que proteger la seguridad del país es fundamental pero no a costa de los derechos y los recursos de la ciudadanía. Nos oponemos a que las políticas de Seguridad se administren en la sombra bajo el pretexto de un “secreto de Estado” fabricado a la medida.
Es por ello que en cumplimiento con lo que corresponde a un Estado de Derecho, presentamos una acción de inconstitucionalidad ante la Sala para frenar los excesos delDecreto Ejecutivo N.° 45870-MSP, el cual impone un cerco de opacidad sobre el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y la denominada “Fuerza Élite”.
Ocultar presupuestos, compras públicas y contrataciones tras el concepto amplio de “seguridad nacional” deja a la ciudadanía en una grave situación de indefensión frente a decisiones unilaterales, arbitrarias e inconsultas del Gobierno de turno. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se utilizan los recursos que todos aportamos y las instituciones responsables de fiscalizarlos deben poder cumplir con su función.
Esta falta absoluta de fiscalización no solo propicia negocios poco transparentes con el Estado, sino que configura una amenaza real de persecución política mediante el uso discrecional y sin control del aparato de seguridad pública.
Grave exceso interpretativo y vulneración de las garantías constitucionales
Ciertamente existen asuntos de seguridad que deben mantenerse bajo reserva, pero deben ser excepcionales, proporcionales y justificados.
Además, son materia de reserva de ley. Laacción planteada ante la Sala Constitucional fundamenta con rigor la violación directa de dos pilares de nuestra Carta Magna. En primer lugar, se vulnera el derecho de petición establecido en la norma que señala:
“Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución” (Constitución Política de la República de Costa Rica, 1949, art. 27).
Este decreto anula la facultad de la ciudadanía y de la representación legislativa de exigir cuentas claras y recibir explicaciones oportunas sobre el destino de los fondos públicos.
En segundo lugar, la medida incurre en un evidente exceso interpretativo del mandato que indica:
“Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de Estado” (Constitución Política de la República de Costa Rica, 1949, art. 30).
El acceso a la información pública es la regla general y el secreto de Estado debe ser una excepción estricta y restringida. Así se denuncia expresamente en el texto de la acción judicial: “Una declaratoria general e indiscriminada de secreto sobre información de esta naturaleza desborda el carácter excepcional que constitucionalmente puede atribuirse al secreto de Estado y convierte una limitación extraordinaria en una regla general de opacidad”, apunta al respecto la Acción de Inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo N.° 45870-MSP, 2026, p. 29) que estamos dando a conocer.
Extender de forma desproporcionada esa excepción para blindar arbitrariamente contrataciones, licitaciones y decisiones administrativas desnaturaliza el espíritu del artículo 30 e incurre en un exceso interpretativo inaceptable que pisotea el derecho de fiscalización.
Suspensión inmediata de los efectos del decreto
Por la gravedad de las amenazas que esta medida representa para la democracia y las finanzas del país, se ha solicitado a la Sala Constitucional la suspensión inmediata de los efectos del Decreto N.° 45870-MSP mientras se analiza su inconstitucionalidad de fondo.
La seguridad nacional no se defiende ocultando facturas ni debilitando el Estado de Derecho; se defiende con rendición de cuentas, legalidad y absoluto respeto a la Constitución.
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