Edgar Fonseca, editor/Foto Zoom PuroPeriodismo
El abogado constitucionalista y ex Contralor General, Dr. Alex Solís Fallas, calificó de “violentamente inconstitucional” el reciente decreto de la presidenta Laura Fernández y del ministro de Seguridad, Gerald Campos, que declaró bajo secreto total de Estado las informaciones, trámites y contrataciones del Consejo Nacional de Seguridad, la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y una denominada Fuerza Élite que reúne a jefes de unidades policiales cada lunes en Casa Presidencial.
“Un experto y otro también dicen que este decreto es violentamente inconstitucional. No es que haya una letrita por ahí inconstitucional. No. Pareciera que de arriba abajo, en un noventa y cinco por ciento, es inconstitucional , ¿Qué será que no tiene asesores?”, cuestionó durante una entrevista que concedió a este editor el lunes 17 de agosto, vía Zoom Facebook Live. Link Adjunto.
El decreto fue publicado en el diario oficial La Gaceta, el lunes 10 de agosto, una semana después que medios independientes revelaron un informe confidencial de Seguridad Pública sobre la supuesta penetración del crimen organizado en segmentos de oficiales, al menos en116 casos, de la Fuerza Pública en la Zona Sur. El ministro Campos reconoció que desconocían el informe.
Cierre forzado del Poder Judicial sí sería un “golpe de Estado”
El jurista Solís Fallas, también, advirtió que la eventualidad de un cierre forzado del Poder Judicial sí sería un “golpe de Estado”.
“El expresidente Chaves hablándole a los ciudadanos que estaban reunidos (en Nicoya) les preguntaba: ´¿a ustedes les da miedo que cerremos el Poder Judicial? Esta pregunta no cabe. Esta pregunta no es de recibo. Esta pregunta no la puede hacer nadie en una democracia. Cerrar el Poder Judicial, ahí sí que significa golpe de Estado. Ahí nos colocaríamos de inmediato en el rompimiento total absoluto del orden constitucional”, afirmó Solís.
Bajo argumentos constitucionales, defendió la decisión de la Sala IV, del 30 de julio, que prorrogó los nombramientos vencidos de magistrados suplentes ante el bloqueo, tras 11 rondas de votaciones, por parte de la fracción legislativa de gobierno.
Con 33 años de trayectoria, exdiputado PLN (1986-1990) y ex Contralor General (junio a diciembre 2004), dicho jurista rechazó que la resolución de los magistrados constituya “un golpe de Estado institucional”, como reclamó la presidenta Laura Fernández, el viernes 31 de julio, rodeada de diputados chavistas en Casa Presidencial, Zapote.
“La Presidenta habló de golpe de Estado donde no hay ni por aproximación características propias de un golpe de Estado para que se haya hecho tal acusación”, remarcó Solís.
“Aquí nadie ha derrocado a nadie. La Asamblea Legislativa ha seguido funcionando, el Poder Judicial ha seguido funcionando, el Poder Ejecutivo ha seguido funcionando”, puntualizó.
Ante la negativa pública de legisladores oficialistas, entre ellos el jefe de fracción Nogui Acosta, de acatar en adelante resoluciones de la Sala Constitucional, aseveró que podrían enfrentar cargos penales por desacato y hasta sedición.
Criticó severos errores jurídicos en las iniciativas del oficialismo, como acusar por supuesto prevaricato a los cuatro magistrados de la Sala Constitucional que votaron prorrogar nombramientos vencidos de los suplentes, lo cual, dijo, “no tiene pies ni cabeza”.
No descartó que esos yerros formen parte, más bien, de una estrategia seguida durante los últimos cuatro años y medio para erosionar y debllitar al “Estado de derecho”.
Frente a ese rumbo, vio el reciente “plantón” ciudadano en la Plaza de la Democracia del pasado 6 de agosto, como un “antes y un después” en la defensa del sistema institucional del país.
Cree que la presidenta Fernández tiene una oportunidad para abrir un diálogo nacional bajo cauces democráticos.
Se les acusará penalmente del delito de desacato
-El jefe de fracción de gobierno advirtió: ´en adelante, no acataremos las resoluciones de esos magistrados´. ¿Cómo interpretar esta reacción?
-Van a caer en una situación de incumplimiento de sentencias judiciales por las cuales se les puede imputar la comisión de un delito. A esa gente se les acusará penalmente del delito de desacato, si se mantienen en esa posición de no obedecer la Sala y esto sí que, esta rebeldía consciente, tiene vicios de quebrantamiento del orden constitucional. La Presidenta habló de golpe de Estado donde no hay ni por aproximación características propias de un golpe de Estado para que se haya hecho tal acusación. Entonces, si la Asamblea Legislativa no cumple la la sentencia de la Sala ahí está la Ley de la Jurisdicción Constitucional, no recuerdo memoria el artículo, incurrirán en el de desacato.
La fuerza y la potencia del Estado de derecho es infinitamente superior a las personas
-¿La posibilidad del delito de sedición como algún otro experto planteaba?
-Puede ser que se llegue a esos a esos niveles, ver la letra menuda y habría que revisarla, pero como que así nada más no vamos a obedecer una sentencia, eso no existe en el Estado de derecho, eso no es propio del Estado de derecho y quien lo haya dicho no sabe lo que implica la fuerza y la potencia del Estado de derecho, que inclusive puede poner detrás de las rejas a una persona y donde hay pena de muerte bajo la égida del Estado de derecho inclusive, se le quita la vida a las personas. La fuerza y la potencia del Estado de derecho es infinitamente superior a las personas que pasajeramente están ocupando puestos de relevancia en la función pública o que han ocupado en el pasado. Las personas vienen, se les vence su mandato, y vienen otras y todo va cambiando, excepto la Constitución, excepto lo que establece el Estado constitucional democrático y social de derecho que es nuestro proyecto de vida, que es donde se consagra nuestra democracia, nuestra vida republicana, nuestro sistema de libertades, nuestro sistema de protección y garantía de los derechos humanos.
Cerrar el Poder Judicial, ahí sí que significa golpe de Estado
-Estamos hablando de funcionarios que reaccionan en caliente ante una decisión de la Sala Constitucional y la pregunta que uno se hace, y usted utiliza el término de que ´no saben´, pero ¿es que no saben lo que implica el imperio del Estado de derecho o que conscientemente lo están marginando en esta coyuntura?
–Son tantos los antecedentes que se van, o más bien digámoslo así con mayor precisión, hay algunos antecedentes, algunos hechos que uno revisa y que uno termina pensando en que hay una estrategia para debilitar el Estado de derecho. En estos días hemos visto tres. En la conmemoración, para no irnos muy atrás y hablar de asuntos fresquitos, en la conmemoración del aniversario de la Anexión del Partido Nicoya a Costa Rica, el expresidente Chaves hablándole a los ciudadanos que estaban reunidos les preguntaba: ´¿a ustedes les da miedo que cerremos el Poder Judicial? Edgar, esta pregunta no cabe, esta pregunta no es de recibo. Esta pregunta no la puede hacer nadie en una democracia. Cerrar el Poder Judicial, ahí sí que significa golpe de Estado. Ahí nos colocaríamos de inmediato en el rompimiento total absoluto del orden constitucional y agregó porque la gente caliente, producto del carisma que tiene el expresidente, dice ´no, no nos da miedo´ que cierre el Poder Judicial. Y hizo otra pregunta, son tres, yo recuerdo dos. ´¿Y a ustedes les da miedo una dictadura?´, y la gente dice ´no, no nos da miedo una dictadura´. Entonces pareciera que hay una una retórica, un discurso, una narrativa que se se viene vendiendo a la gente, primero dando a entender que todo lo pasado estuvo mal hecho y eso es falso. Lo mejor de este país lo hicieron no este gobierno, ni el anterior, ni el trasanterior. Lo mejor de este país lo hicieron nuestros padres y nuestros abuelos: la Caja Costarricense de Seguro Social, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría, el Instituto Costarricense de Electricidad que ha electrificado, llevó telefonía a todos los rincones del país, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, sistema de vivienda, el INVU primero y después esta cosa de los bonos gratuitos de vivienda, comedores escolares, un sistema educativo sumamente fuerte y la vivencia respetuosa del principio de división de poderes. Y viene después la Presidenta que califica de golpe de Estado esta resolución de la Sala. Esto no tiene de golpes de Estado absolutamente nada. El golpe de Estado en los diccionarios se entiende como “el derrocamiento repentino y violento de un gobierno existente por parte de un pequeño grupo”. Aquí nadie ha derrocado a nadie. La Asamblea Legislativa ha seguido funcionando, el Poder Judicial ha seguido funcionando, el Poder Ejecutivo ha seguido funcionando, y ahora nos encontramos con un decreto inconstitucional. En una materia muy sensible, pues todos los días en este gobierno y todos los gobiernos hacia atrás desde la creación de la Sala Constitucional, y todavía hacia atrás, se han producido decretos inconstitucionales, leyes inconstitucionales, pero en esta materia sobre el cual ahora se produce un decreto inconstitucional tiene que ver con algo muy sensible que es la seguridad nacional, pero además de seguridad nacional que se relaciona también con la privacidad de las personas. Entonces se dejan dictar este decreto. Yo pregunto, y ahí hay unos expertos, yo no lo estoy improvisando, usted ha estado revisando también, un experto y otro también dicen que este decreto es violentamente inconstitucional. No es que haya una letrita por ahí inconstitucional. No. Pareciera que de arriba abajo, en un noventa y cinco por ciento, es inconstitucional ,¿Qué será que no tiene asesores? Porque es muy obvio. Son muy grandes, son de demasiado bulto los errores que cometen como para que uno inocente o ingenuamente no pensar que hay una estrategia para debilitar, para desprestigiar el aparato público y que de esta manera se consolide esa narrativa que nos quiere hacer ver que lo pasado, pasado, estuvo muy mal hecho, que solo nosotros hacemos cosas buenas y le agrego esto hay muchas cosas del diagnóstico que yo comparto. Al Poder Judicial hay que hacerle reformas, pero lo que yo he visto del gobierno anterior y este es que se han dedicado solo a diagnosticar y no han propuesto, por lo menos hasta el día de hoy, una gran reforma estructural para mejorar la Contraloría, para mejorar el Poder Judicial, para mejorar el sistema de elección de los diputados, el sistema de financiamiento de los partidos políticos, la Caja Costarricense del Seguro Social. Estamos viviendo una especie de parálisis por exceso de diagnóstico o de lloradera.
