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CCSS suspende al gerente financiero, Gustavo Picado, testigo del caso Barrenador/Medida afecta a otros dos funcionarios también testigos en dicha causa

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Edgar Fonseca, editor

La CCSS suspendió por cuatro meses al gerente financiero, Gustavo Picado, quien es testigo en el caso penal Barrenador donde, entre otros imputados figura la diputada gobiernista Marta Esquivel, expresidenta ejecutiva de la institución, cercana al expresidente y ministro Rodrigo Chaves.

También fueron suspendidos: Andrey Sánchez, director financiero y Azyhadde Picado, jefa del Área de contabilidad de costos. Ambos son, igualmente, testigos en dicha causa judicial.

La suspensión fue adoptada por la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social el jueves 27 de agosto. No ha habido comunicado oficial. La versión trascendió en distintos medios. Rige de ayer viernes 28 de agosto al 28 de diciembre.

Supuestamente les atribuyen presentaciones tardías de costos financieros de servicios médicos en el periodo 2022-2023.

La Nación reveló extractos del acuerdo confidencial en que la CCSS adoptó la suspensión de dichos funcionarios en la sesión 9612. Considerando el grado jerárquico de cada una de las personas implicadas en dicho informe, que van desde jefaturas a cargo de estos procesos contables e incluso con rango de jefes, director y gerente, se torna aún más gravosa la situación de esos incumplimientos de información oportuna y veraz, en el tanto tienen a su cargo personas que siguen sus directrices y mandatos, cita el por tanto del acuerdo, según dicho medio.

Por el caso Barrenador que estalló el 24 de setiembre de 2024, la Fiscalía investiga, entre ocho imputados, a la actual diputada gobiernista Esquivel, expresidenta CCSS, causa suspendida en su caso por la inmunidad parlamentaria que le cubre.

La Fiscalía denunció e investiga supuestos sobreprecios anuales por unos ¢12.400 millones en contrataciones de servicios de Ebáis con cuatro cooperativas y una asociación. El monto de las contrataciones ascendió, según las informaciones del OIJ en aquel momento, a unos ¢138.000 millones. Hubo 28 allanamientos.

Tras el arresto provisional de Esquivel, el expresidente Chaves, emprendió una campaña de ataques contra el fiscal general, Carlo Díaz. Le atribuyó un montaje político con dicho caso. Igualmente atacó al gerente financiero institucional suspendido.

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