Edgar Fonseca, editor/Foto Asamblea Legislativa
“Muy buenos días señora magistrada, doña Patricia Solano Castro, usted hoy fue convocada a esta comisión con el propósito de conocer la posición institucional del Poder Judicial y del Ministerio Público sobre la problemática que enfrenta el sistema de justicia penal en la atención del narcotráfico, la criminalidad organizada, la reincidencia delictiva, la aplicación de medidas cautelares, la ejecución de la pena y la coordinación interinstitucional en materia de seguridad ciudadana”.
Con estas palabras, el pasado 16 de julio, el diputado Gonzalo Ramírez, del bloque evangélico oficialista, le dio la bienvenida, como presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, a la magistrada Solano, presidenta de la Sala III, en la que se convirtió una tensa sesión de preguntas, particularmente de cuestionamientos al Poder Judicial por parte de legisladores de la fracción gobiernista, los cuales ella rechazó vehemente.
La tensión y la fricción oficialista con dicha magistrada, que arrancó desde el inicio de la presente administración, parece que arreciarán si postula su nombre a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia.
“No lo tengo decidido”, respondió lacónica ese 16 de julio ante una pregunta de la diputada chavista Cindy Murillo.
Diputada Cindy Murillo Artavia:
… En caso de que don Orlando Aguirre renuncie a la Presidencia de la Corte, ¿aspiraría usted a la Presidencia del Poder Judicial? Conteste sí, no, o tal vez. Gracias.
Magistrada Solano Castro:
No lo tengo decidido.
El miércoles, en la conferencia de prensa presidencial semanal, esa eventual decisión suya saltó, de nuevo, no por el anuncio del magistrado Aguirre de descartar postularse a un nuevo periodo a la presidencia de la Corte, sino por la andanada de ataques que lanzó en contra de la magistrada el expresidente, ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, sobre su posible aspiración a la máxima jerarquía judicial.
Solano acumula una vasta carrera judicial de 38 años que la llevó por los juzgados de San Ramón, donde inició labores en 1988, Cañas y Puriscal, Puntarenas y Alajuela, hasta ascender en 1998 al Tribunal Penal de Primer Circuito Judicial de San José, donde se jubiló en 2017. Fue designada magistrada de la Sala III en 2018 y en 2020 nombrada presidenta de dicho órgano donde se ventilan causas contra funcionarios de los supremos poderes, entre ellas una suspendida contra el expresidente Chaves en razón de su inmunidad.
