Edgar Fonseca, editor
Tras 7 intentos y una orden de alerta migratoria girada por Fiscalía, la exdiputada Pilar Cisneros fue notificada este jueves para indagatoria en una causa por supuesto financiamiento irregular de la campaña electoral 2022 del expresidente, ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves.
Lograron notificarla tras una orden migratoria que lanzó la Fiscalía luego de dos intentos presenciales en su lugar de residencia, el 6 y el 17 de agosto, respectivamente, y cinco llamadas telefónicas, entre el 20 y el 25 de agosto de presente año, atendidas por quien dijo ser su esposo.
La orden migratoria fue dictada debido a que Cisneros no había podido ser citada ni en su casa ni por medio de su teléfono.
Cisneros es asesora ad honorem en comunicación de la Presidencia de la República. No la cubre ningún fuero de inmunidad.
Por este caso, ya fueron indagadas otras tres personas que ya no ostentan fuero o inmunidad, según el ente acusador.
La causa en la que se tramita dicha investigación se deriva del expediente principal, 22-000116-1218-PE, en el que se presentó una acusación contra el expresidente Chaves y el exvicepresidente Brunner. En vista de que cinco de las personas imputadas dejaron de tener fuero de improcedibilidad (inmunidad), se abrió el mencionado expediente paralelo, denominado como testimonio de piezas, agregó la Fiscalía.
En este caso, las demás personas imputadas son de apellidos André, Alpízar, Agüero y Nájera, respecto de las cuales ya se logró su citación e indagatoria. Por lo que, al ser Cisneros la única faltante, se realizó el trámite de alerta migratoria, ratificó el reporte oficial. Ver adjunto.
Esta tarde, posterior a concretarse la citación, se envió un correo electrónico a la Dirección General de Migración y Extranjería con la comunicación correspondiente para dejar sin efecto la alerta migratoria, confirmó la Fiscalía en un comunicado difundido a las 4:41 p.m..
Adjunto comunicado del Ministerio Público.
FISCALÍA INTENTÓ NOTIFICAR A EXDIPUTADA CISNEROS TANTO EN SU CASA COMO VÍA TELEFÓNICA
03 de setiembre del 2026. El Ministerio Público informa que, según consta en el expediente de la causa 26-000077-0033-PE, en el caso de la imputada de apellido Cisneros, durante el mes de agosto se le intentó notificar tanto en su casa de habitación como en cinco llamadas a números telefónicos registrados a su nombre.
En uno de los intentos de notificación física, se recibió como respuesta que la persona ya no residía en ese sitio.
Por otra parte, en la primera llamada telefónica que fue respondida, contestó un hombre que se identificó como su esposo, quien indicó que Cisneros estaba fuera del país, por lo que aportó el número al que se le podía contactar, al cual se llamó el día posterior a la fecha señalada por su esposo para su regreso al país, no obstante, una persona contestó indicando que no estaba.
En ambos casos, además, se informó a las personas el número de teléfono al que la exdiputada podía ponerse en contacto con la fiscalía.
La causa en la que se tramita dicha investigación se deriva del expediente principal, 22-000116-1218-PE, en el que se presentó una acusación contra el expresidente Chaves y el exvicepresidente Brunner. En vista de que cinco de las personas imputadas dejaron de tener fuero de improcedibilidad (inmunidad), se abrió el mencionado expediente paralelo, denominado como testimonio de piezas.
En este caso, las demás personas imputadas son de apellidos André, Alpízar, Agüero y Nájera, respecto de las cuales ya se logró su citación e indagatoria. Por lo que, al ser Cisneros la única faltante, se realizó el trámite de alerta migratoria.
Esta es una gestión normal y proporcionada, a la que se recurre en algunos casos, cuando no se logra ubicar o notificar a las personas.
Esta tarde, posterior a concretarse la citación, se envió un correo electrónico a la Dirección General de Migración y Extranjería con la comunicación correspondiente para dejar sin efecto la alerta migratoria.
A Cisneros se le intentó notificar en estas oportunidades:
- 06 de agosto del 2026: en su casa de habitación.
- 17 de agosto del 2026: en su casa de habitación.
- 20 de agosto del 2026: tres llamadas telefónicas a igual cantidad de números registrados a su nombre, además de una cuarta llamada en la que respondió quien aseguró ser su esposo.
- 25 de agosto del 2026: llamada telefónica al número indicado por su esposo.
Adjunto nota de respuesta de la Fiscalía ante gestión de PuroPeriodismo: La Fiscalía General confirmó que emitió una alerta migratoria para la señora Cisneros, en virtud de que requiere citarla para su declaración indagatoria. Lo anterior debido a que no ha podido ser citada ni en su casa ni por medio de su teléfono. Por este caso, ya fueron indagadas otras tres personas que ya no ostentan fuero o inmunidad. Se aclara que el documento emitido no indica ni requiere que cada entrada y salida del país de la señora Cisneros deba ser informada a la fiscalia. Asimismo, se aclara que el caso no es atendido por el Fiscal General, puesto que en el expediente no figuran personas con inmunidad.
El expresidente Rodrigo Chaves, ministro de la Presidencia y de Hacienda , figura imputado en dicha causa pero no se le sigue proceso debido al principio de improcedibilidad penal (inmunidad) en razón de los cargos que ostenta.
El exvicepresidente Stephan Brunner, hoy diputado gobiernista, es otro de los acusados en dicha causa pero lo cubre el fuero de la inmunidad parlamentaria.
También figura imputado el ex ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André Tinoco, nombrado en la presente administración embajador en Washington D.C., cubierto por la inmunidad de su cargo diplomático.
Fiscalía eleva a Corte Plena acusación contra Chaves, vicepresidente Brunner, canciller Tinoco y diputada Cisneros por presunto financiamiento irregular de campaña/Otros tres diputados acusados
Jun 24, 2025
Edgar Fonseca, editor
La Fiscalía General elevó ayer ante Corte Plena la apertura de causa contra el presidente Rodrigo Chaves, el vicepresidente Stephan Brunner, el canciller Andrés Tinoco y la diputada Pilar Cisneros por el supuesto financiamiento irregular de la campaña electora 2022. Hay otros tres diputados acusados de apellidos: Alpízar Loaiza, Nájera Abarca y Agüero Sanabria.
Se trata de la causa: 22-000116-1218-PE.
Según la Fiscalía, se habrían utilizado dos estructuras paralelas para financiar la campaña electoral del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), en el período electoral 2022-2026. Las estructuras identificadas fueron un fideicomiso privado y las cuentas bancarias personales de una mujer de apellido Agüero, quien enfrenta un proceso penal independiente en el expediente 22-000210-0276-PE, bajo investigación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
Ambas vías de financiamiento operaron al margen del control del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Tesorería del partido político, tal como exige el Código Electoral. Lo anterior, contraviniendo los principios de legalidad, transparencia y publicidad que rigen el financiamiento político en Costa Rica, afectando la integridad del proceso electoral, destacó la Fiscalía.
Se trata de la segunda acusación elevada por la Fiscalía General ante Corte Plena contra Chaves.
La primera fue por el presunto delito de concusión en una investigación por el uso de $405 mil, fondos del BCIE, en una campaña de comunicación de la Casa Presidencial.
Las acusaciones se dan en medio de un fuerte enfrentamiento entre el presidente Chaves y el Fiscal General, Carlo Díaz.
El mandatario encabezó una marcha pública en contra del fiscal el 18 de marzo.
Adjunto comunicado de la Fiscalía General
FISCALÍA GENERAL PRESENTÓ ACUSACIÓN POR PRESUNTO FINANCIAMIENTO ILÍCITO EN CAMPAÑA DEL PPSD
- Órgano solicitó levantamiento de inmunidad y apertura a juicio para siete funcionarios miembros de los Supremos Poderes.
23 de junio del 2025. La Fiscalía General de la República presentó esta mañana, ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, una acusación con solicitud de levantamiento de fuero y apertura a juicio contra siete funcionarios miembros de los Supremos Poderes, por su presunta participación en delitos relacionados con financiamiento político ilícito.
Los imputados son el presidente de la República, Chaves Robles; el primer vicepresidente, Brunner Neibig; el canciller, André Tinoco; y los diputados Cisneros Gallo, Alpízar Loaiza, Nájera Abarca y Agüero Sanabria.
La acusación forma parte del expediente 22-000116-1218-PE y fue tramitada directamente por el fiscal general de la República, Carlo Díaz, conforme lo establece la normativa vigente en casos que involucran a miembros de los Supremos Poderes con inmunidad constitucional.
De acuerdo con la investigación, iniciada en 2022, se habrían utilizado dos estructuras paralelas para financiar la campaña electoral del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), en el período electoral 2022-2026. Las estructuras identificadas fueron un fideicomiso privado y las cuentas bancarias personales de una mujer de apellido Agüero, quien enfrenta un proceso penal independiente en el expediente 22-000210-0276-PE, bajo investigación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
Ambas vías de financiamiento operaron al margen del control del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Tesorería del partido político, tal como exige el Código Electoral. Lo anterior, contraviniendo los principios de legalidad, transparencia y publicidad que rigen el financiamiento político en Costa Rica, afectando la integridad del proceso electoral.
El Código Electoral establece que toda contribución a partidos políticos, candidaturas o precandidaturas debe ser realizada por personas físicas nacionales, plenamente identificadas, y canalizadas únicamente a través de los mecanismos oficiales del partido político.
Según lo investigado, existen suficientes elementos de convicción para sostener, en el grado de probabilidad requerido en esta etapa procesal, que los imputados son autores de los delitos contemplados en los artículos 273, 274 inciso e), 275 inciso a) y b) del Código Electoral.
Ahora, corresponde a la Corte Suprema de Justicia conocer la acusación y, de considerarlo procedente, solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero constitucional de los funcionarios imputados, como lo establece el procedimiento especial para el juzgamiento de miembros de los Supremos Poderes.
