Edgar Fonseca, editor
El Poder Judicial rechazó este lunes una nueva propuesta del gobierno de garantizarle presupuesto al aparato de justicia pero bajo condiciones de supervisión y aprobación de la Asamblea Legislativa y el ministerio de Hacienda.
El rechazo lo hizo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Orlando Aguirre, luego que la presidenta Laura Fernández ofreció la noche del domingo rebajar un recorte de ¢27.000 millones a ¢11.000 millones pero bajo las condiciones de fiscalización del Poder Ejecutivo y del Legislativo.
Para liberar esos recursos se requiere, según la nueva formulación presupuestaria, de trámites y aprobaciones que involucran a una comisión legislativa, al plenario legislativo y al Ministerio de Hacienda, destacó Aguirre.
Otra cosa es, fustigó, condicionar cuándo pueden utilizarse, cómo pueden reorganizarse o qué plazas pueden utilizarse, esto en forma independiente, como lo señala la Constitución Política. Y no con intervención administrativa de otro poder de la República. Esto no se trata de privilegios ni de defender gastos innecesarios
Hablamos de recursos para investigaciones del OIJ, tecnología, atención y protección de víctimas, funcionamiento de los tribunales y otros servicios indispensables para administrar justicia y combatir la delincuencia. Cuando defendemos el presupuesto del Poder Judicial, defendemos la capacidad de brindar justicia, puntualizó.
Defender la capacidad presupuestaria del Poder Judicial es defender los servicios de justicia, la seguridad y los derechos de toda la ciudadanía, sostuvo en un video difundido por la Corte este lunes.
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