Edgar Fonseca, editor
Tres magistrados de la Sala III Casación Penal y una de la Sala I postularon sus nombres al máximo cargo judicial en momentos de tensión sin precedentes con el Poder Ejecutivo por los severos recortes presupuestarios y las amenazas a la independencia del Poder judicial.
Postularon sus nombres la magistrada Patricia Solano, presidenta de la Sala III, Patricia Vargas y Gerardo Rubén Alfaro. También presentó su candidatura Damaris Vargas, de la Sala I.
El plazo para persentar candidaturas venció este lunes 12 de octubre a las 4: 30 p.m.
La Corte empieza rondas de votaciones el 26 de octubre para definir e relevo del magistrado Orlando Aguirre que cesa funciones.
¿Quienes son?
Magistrada Patricia Solano Castro/Sala III
Magistrada Presidenta de la Sala de Casación Penal. Licenciada en Derecho y Notaria por la Universidad de Costa Rica. Con estudios de postgrado por la Universidad Nacional en la especialidad de Administración de Justicia en Derecho Penal, enfoque socio jurídico. Jueza de carrera con una experiencia de más de treinta años al servicio de la judicatura, los últimos años en el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José.
Magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas/Sala III
Abogado, Máster en Derechos Humanos y Egresado de Doctorado en Derecho. Docente universitario en universidades públicas y privadas en nuestro país. Rector de Justicia Restaurativa, Coordinador de la Comisión de Resolución Alterna de Conflictos y Presidente de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ) del Poder Judicial de Costa Rica.
El Magistrado Alfaro Vargas, integra la Sala de Casación Penal desde el 2019. Es el Rector de Justicia Restaurativa desde el 2019, lo cual le ha permitido liderar el proceso de implementación de la Ley de Justicia Restaurativa No. 9582, en las materias penal, penal juvenil, Tratamiento de Drogas bajo Supervisión Judicial Restaurativa y el Programa de Justicia Restaurativa para el Bienestar Integral del Personal Judicial, en materia disciplinaria. Actualmente co-coordina la Mesa Nacional de Justicia Juvenil Restaurativa. Además, guió la construcción del Plan de Acción de la Política Pública de Justicia Juvenil Restaurativa 2022-2026, la implementación de proyectos sobre Mecanismos Interinstitucionales para la promoción de la inserción social de la persona joven en etapa de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles y promovió la formación en Justicia Restaurativa y Justicia Terapéutica.
Dra. Patricia Vargas González/Sala III
Magistrada propietaria de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Licenciada en Derecho, Notaria y Máster en Ciencias Penales por la Universidad de Costa Rica. Doctora en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España. A lo largo de su carrera judicial ha laborado como defensora pública, letrada de la Sala de Casación Penal, jueza de juicio y jueza de apelación de sentencia penal. Docente de la Facultad de Derecho y de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, así como también de la Maestría en Administración de Justicia, Enfoque Socio Jurídico, de la Universidad Nacional. Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica. Autora de varias publicaciones especializadas en Derecho penal, procesal penal, constitucional y penitenciario. Miembro del Grupo de Estudios sobre Corrupción, reconocido por la Universidad de Salamanca.
Magistrada Damaris Vargas Vásquez/Sala I
Jurista costarricense con más de treinta años de trayectoria en el Poder Judicial de Costa Rica. Actualmente se desempeña como Magistrada de la Sala Primera y Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, con amplia experiencia en el conocimiento, dirección y resolución de asuntos en materias contencioso-administrativa, civil, agraria, ambiental, registral, notarial, arbitral y de exequátur.
A lo largo de su carrera ha combinado la función jurisdiccional con el liderazgo institucional, la formulación de políticas judiciales, la docencia universitaria y la participación activa en procesos de reforma legal. Su trayectoria refleja una sólida vocación de servicio público, una visión estratégica de la administración de justicia y un compromiso sostenido con el acceso a la justicia, los derechos humanos, la modernización institucional y la protección del ambiente.
Cuenta, además, con proyección regional e internacional en temas de justicia medioambiental, gobernanza judicial y atención de poblaciones en condición de vulnerabilidad, así como con experiencia en producción académica y asesoría legislativa especializada.
Fuente: Poder Judicial CR
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