Edgar Fonseca, editor
La posible infiltración de gobiernos, municipalidades, alcaldías, policías, fiscalías, jueces, es un objetivo de las redes criminales del narcotráfico, advirtió el director del OIJ, Walter Espinoza, al hacer una evaluación de la desarticulación de una poderosa red narco-financiera basada en Corredores, zona sur, por la que hubo 12 detenidos, entre ellos un líder municipal de la zona.
Espinoza hizo tal aseveración en una amplia entrevista con este editor ayer jueves 22 de abril vía Zoom Facebook Live.
“El narcotráfico, el crimen organizado caminan y avanzan por el mismo sendero que la corrupción. La generación de fortunas, la posibilidad de comprar conciencias, el acercamiento a los estamentos del Estado, la posibilidad de controlar la manera en como se manejan los gobiernos”, alertó Espinoza cuando se le consultó sobre el arresto, en dicho caso, de dos agentes OIJ de Corredores, como sospechosos de colaboración con la red narco que –según las autoridades– lideraba un empresario de apellido González, capturado junto a su compañera sentimental en un condominio en San Joaquín de Flores.
“”La infiltración de las municipalidades, de las alcaldías, de las policías, de las fiscalías, de los jueces, de todo lo que nosotros nos podemos imaginar, es parte de la estructura y de la visión empresarial de estos grupos”, sentenció.
“”Porque de esas maneras logran obtener información, ejecutar acciones de control, tener posibilidad de conocimiento de datos que en tesis de principio no deberían manejar y de alguna manera tener tranquilidad en la ejecución de su actividad empresarial ilícita”, amplió el jerarca del OIJ, quien confirmó que esta red, forma parte de estructuras de “alto perfil” que operan en el país ligadas a carteles colombianos y mexicanos.
Espinoza se abstuvo de abordar el caso del diputado del PLN envuelto en una controversia tras confirmar que el 30 de marzo visitó el condominio donde fue arrestado el presunto líder de la red narco el seis de abril.
El jefe policial dijo que corresponderá a la Fiscalía decidir.
La Fiscalía confirmó hace una semana que investiga una denuncia contra el diputado Gustavo Viales, exsecretario general PLN y expresidente de la comisión legislativa de Seguridad y Narcotráfico, quien reconoció que visitó el condominio allanado para recoger un dispositivo USB con información hospitalaria y de vacunación de la zona sur que le dejó un munícipe de apellido Chavarría de Corredores, posteriormente implicado por el OIJ en el caso.
Viales negó haber entrado al sitio y dijo que una persona adulta, a quien no identificó, le entregó en la acera el dispositivo.
Tras trascender lo de su vista a dicho sitio, Viales renunció tanto a su cargo en el PLN como a la fracción y a la inmunidad para que se le investigue y pidió al Tribunal de Ética que le abra un proceso.
Una comisión legislativa investigará lo acontecido con dicho diputado y posibles conexiones narco en partidos y municipalidades.
DEA al tanto
Walter Espinoza confirmó que a esta organización la investigaban desde hace varios años en coordinación con la DEA por operaciones de narcotráfico internacional que llevaron a vulnerar bienes jurídicos en EE.UU.
“Esta organización criminal tiene varios años de operar en el país, incluso fue un grupo que estuvo siendo investigado por policías internacionales, con quienes en años anteriores hemos articulado actividades, me refiero en particular con DEA, toda vez que parte de esta estructura criminal, pues había participado e intervenido en acciones de carácter internacional, que de alguna manera vulneraron bienes jurídicos en los Estados Unidos, y eso generó información, generó datos y produjo interés que se tradujo en la cercanía con DEA”, ratificó Espinoza.
El golpe a dicha red narco, ejecutado el seis de abril, incluyó 25 allanamientos y 12 detenciones.
Siete de los sospechosos, incluido el presunto líder o “gerente” de la red, que es conocido como empresario de palma aceitera, están con prisión preventiva por seis meses.
Otros cinco sospechosos, entre ellos el presidente municipal de Corredores de apellido Chavarría, están con medidas cautelares.
Según las investigaciones, este grupo traficaba al menos una tonelada de cocaína cada dos meses, con droga que entraba por sitios de la zona sur como puerto Jiménez, Punta Burica, playa Zancudo.
La almacenaban en grandes bodegas, luego la trasladaban hacia el Pacífico Central para la distribución local e internacional.
Esta red no se dedicaba al menudeo, insistió Espinoza.
En octubre de 2020, las autoridades les decomisaron una tonelada de cocaína en Jacó a sospechosos de integrar esta red.
La transportaban en una vagoneta.
Operan como empresas
El director del OIJ ratificó que dicha red se comportaba como otras organizaciones criminales de perfil similar a las que han investigado.
“Esta manera de comportarse de este grupo de la zona sur es compatible con la articulación que realiza prácticamente todas estas organizaciones criminales, porque a final de cuentas y en esencia, estos grupos se comportan como una empresa, como un grupo que pretende obtener ganancias a partir de la venta de un producto”, aseguró.
“Y no paran mientes en ejecutar cualquier acción que les permita consolidar su visión comercial, consolidar su negocio y obtener ganancias y al igual que una empresa lícita, tratan de conquistar territorios, tratan de tener monopolio, tratan de obtener la mayor cantidad de ganancias y ejecutar además las mejores inversiones para que su negocio crezca, prospere y se mantenga, sobre la base de la desgracia ajena”, dijo.
“El golpe más fuerte que les podemos dar es por el orden económico”, confirmó Espinoza cuando se le consultó por qué su énfasis el día de los allanamientos en las implicaciones organizativas financieras de esta red.
Advirtió que la extendida acción de las mafias del narcotráfico enfrenta al país a una situación “difícil” que requiere respuestas decididas, firmes, agresivas, del Estado.
El narcotráfico genera violencia, inseguridad, armas, homicidios, puntualizó.
Costa Rica, enfatizó dicho jerarca, es muy sensible a las operaciones de redes nacionales e internacionales por estar en una región de flujo del 90% de la cocaína que se produce en Colombia, Perú y Bolivia, cuyo objetivo es alcanzar EE.UU. y Europa.
Costa Rica, añadió, es un lugar de alto tránsito en el que confluyen intereses económicos, estructura local, apoyo logístico, combustible, almacenamiento, custodia temporal, transporte, el mismo patrón que se observa en el resto de la región.
