Arturo Barboza B./Comunicación Política

En el arranque de la campaña electoral para el 1 de febrero de 2026, el presidente y algunos de sus más fieles voceros insisten en la promesa de alcanzar 40 diputaciones en la Asamblea Legislativa. La cifra que suena motivadora para sus cercanos seguidores, se apoya más en un discurso populista, que, en un escenario estadística y políticamente posible para el sistema electoral costarricense.

En Costa Rica, tener 40 de los 57 diputados significa tener una mayoría absoluta.

Esto permitiría al partido dominante entre muchas otras cosas, influir de forma decisiva en el control de la Asamblea Legislativa y en el trámite de presentación y aprobación de leyes que podrían cambiar el rumbo y los destinos del país, mediante nombramientos clave: magistrados de la Corte Suprema de Justicia, jerarcas de la Contraloría General de la República, de la Defensoría de los Habitantes e incluso del Tribunal Supremo de Elecciones.

En países como Nicaragua, Venezuela, Cuba, Corea del Norte o, más recientemente, El Salvador, este nivel de control ha implicado la desaparición de los pesos y contrapesos democráticos, debilitando las instituciones y restringiendo derechos y libertades.

Costa Rica no debe ni puede seguir ese camino.

El cálculo detrás de la ilusión 

Para 2026, el padrón electoral rondará los 3.550.000 ciudadanos.

Si el abstencionismo se mantiene en un 40%, votarán alrededor de 2.130.000 personas. Para llegar a 40 curules, el oficialismo necesitaría un dominio casi total y tendría que arrasar en prácticamente todas las provincias, un escenario irreal tanto técnica como políticamente.

Por ejemplo, en Heredia, Limón y Guanacaste tendría que ganar más del 95% de todos los votos y quedarse con las 5 diputaciones de cada provincia. En Cartago y Puntarenas: más del 90% para ganar 5 de las 6 diputaciones posibles, en Alajuela: cerca del 50% para obtener 5 o 6, la mitad de las 12 curules y en San José lograr lo impensable con al menos el 55% de los votos válidos, para obtener 10 diputaciones.

En un sistema político plural y democrático como el nuestro, que fue diseñado para garantizar proporcionalidad y representatividad, estos niveles de apoyo son prácticamente inalcanzables. Lo que significa, que el poder legislativo no puede concentrarse con facilidad en un solo partido, porque los votos se distribuyen territorialmente.

Falacia o mentira, falacia y mentira

Esta visión totalitaria no solo es una falacia porque se presenta como factible algo que, por diseño institucional y realidad política, no lo es. 

Sino que además es una mentira porque se intenta convencer a la ciudadanía de que solo con mayoría absoluta se puede gobernar, cuando el apoyo real del partido del oficialismo apenas ronda el 25% del electorado. Con esos números, lo más probable es que obtenga entre 18 y 19 curules, muy lejos de la mayoría absoluta.

Defender y mejorar lo que funciona

Costa Rica ha sido históricamente ejemplo mundial de procesos electorales pacíficos, transparentes y democráticos en la defensa de su sistema político de pesos y contrapesos, hasta ser reconocida como la democracia más estable y longeva del continente americano y en el concierto de las naciones.  

Es cierto que muchas de nuestras instituciones necesitan cambios estructurales profundos para modernizarse, ser más eficientes y centrarse en el servicio a las personas. Pero eso no justifica concentrar el poder en un solo partido ni poner en riesgo la independencia de poderes, ni la estabilidad democrática.

La democracia costarricense es demasiado valiosa para que caiga en el juego de prometer mayorías absolutas imposiblese irreales que, en el fondo, buscan justificar un poder absoluto y peligroso que nuestro sistema —por diseño— no quiere ni debe permitir.