Edgar Fonseca, editor
Los abogados del presidente Carlos Alvarado, en el denominado caso UPAD, denunciaron este jueves que la Fiscalía General cometió un error en agosto del año anterior al realizar la apertura de la prueba que contenía los correos electrónicos del Presidente de la República y de todos los investigados, sin informar a la Sala III ni notificar a las partes.
“Eso se hizo el pasado 26 de agosto del 2020, sin informarle a la Sala Tercera, sin notificar a las partes, sin control ni presencia de ningún abogado y, curiosamente, un día antes de que se realizaría una audiencia ante la Sala Tercera para discutir la legalidad de esa misma prueba”, afirmaron los abogados Rodolfo Brenes y Róger Guevara en un comunicado hecho llegar a los medios a las 10:16 a.m.
“Es importante subrayar que la diligencia de apertura de prueba realizada el día de hoy, así como la que se desarrolló en enero, son muestra inequívoca de que la Fiscalía General cometió un error al realizar la apertura de la prueba que contenía los correos electrónicos del Presidente de la República y de todos los investigados”, aseveraron.
“Francamente, no comprendemos por qué motivo algunos elementos de prueba se abren en presencia de las partes y otros no”, dijeron dichos juristas.
La revelación la hicieron al iniciarse hoy la audiencia de apertura de todos los documentos secuestrados en 10 allanamientos ejecutados en febrero del año anterior como parte de las investigaciones de dicho caso.
PuroPeriodismo gestionó una reacción de la Fiscalía General ante la aseveración de los abogados Guevara y Brenes.
“La Fiscalía General ha señalado, en ocasiones anteriores, que no se ha impuesto del conocimiento de la evidencia sin control jurisdiccional, sin embargo, por existir en trámite una gestión de los abogados del señor Presidente ante la Sala Tercera, no es posible brindar más detalles”, respondió Tatiana Vargas, portavoz de la Fiscalía, en un correo electrónico enviado a la 1:13 p.m.
Un día después de denunciar otra supuesta filtración
Las manifestaciones las hicieron un día después que denunciaron una nueva filtración de información del expediente judicial al trascender el miércoles un supuesto pedido de levantamiento de secreto de las cuentas bancarias del presidente Alvarado en el caso de un cuestionado viaje familiar en agosto anterior al hotel Punta Islita en Nandayure, Guanacaste.
Guevara y Brenes también asesoran al gobernante en este otro caso.
Los abogados desmintieron que constara tal pedido de la Fiscalía en el expediente de este otro caso aunque sí confirmaron que hay una gestión para levantar secreto tributario relacionado con la empresa emisora de facturas del referido viaje.
El presidente Alvarado desafió a que le abran todas las cuentas porque no tiene nada que guardar, según dijo la tarde del miércoles tras un acto en el Auditorio Nacional.
Apertura de prueba documental
Ambos abogados confirmaron la diligencia de este jueves de apertura de la prueba documental que fue secuestrada en Casa Presidencial.
Todas las partes fueron convocadas y tendrán el derecho a participar en la misma, para controlar la cadena de custodia de la evidencia, añadieron.
Este es un acto procesal que se realiza en todos los casos en los que se ha secuestrado información, como en este, agregaron.
Tras denunciar el alegado error de la Fiscalía General en la anterior apertura de prueba, los abogados del presidente Alvarado expresaron: “no tenemos objeción alguna en que se investigue todo lo relacionado con la UPAD, pero que se haga en apego al debido proceso, respetando los derechos de las partes, y sin extralimitarse en cuanto a lo investigado”.
“Por ahora, esperamos que la investigación siga avanzando y nos mantenemos a la espera de que se nos convoque a una vista oral en la Sala Tercera, para discutir cuál debe ser el procedimiento de análisis de la documentación electrónica extraída de teléfonos, celulares y computadoras”, manifrsyaron.
El caso UPAD reventó en febrero del año anterior cuando trascendió el funcionamiento de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, creada bajo decreto.
Ante el escándalo por presuntos roces constitucionales y legales, el presidente Alvarado derogó el decreto que la creaba y disolvió dicha unidad.
La Fiscalía General allanó la sede de la Presidencia en Zapote, en un acto sin precedentes; secuestró documentos, computadoras y teléfonos celulares del gobernante.
