Edgar Fonseca, editor

Una nueva supuesta filtración de “información sensible, extraída del expediente penal” del llamado caso UPAD, por el cual es investigado el presidente Carlos Alvarado, fue denunciada este lunes por los abogados del mandatario en dicha causa.

La primera filtración trascendió el miércoles 10 de febrero durante una cuestionada comparecencia legislativa a la que asistió el gobernante en el plenario.

En un polémico intercambio con el diputado Dragos Dolanescu, este reveló una clave de un celular del mandatario que, se suponía, estaba reservada al expediente de la causa penal.

Por tal hecho, la Fiscalía y el OIJ anunciaron que investigarán la filtración.

El diputado Dolanescu dijo, tras el anuncio de la Fiscalía, que se trató de una acción suya en “chota.

Nueva filtración

Este lunes los abogados del presidente Alvarado, Rodolfo Brenes y Róger Guevara denunciaron una segunda supuesta filtración de informes del expediente del caso UPAD.

Nuevamente hoy se filtra y se publica información sensible, extraída del expediente penal del caso conocido como UPAD, destaca un comunicado hecho llegar a PuroPeriodismo.com. 

Un medio de comunicación digital –agrega– publicó una nota en la que expresamente reconoce tener copia de un informe de la Sección de Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), preparado a solicitud de la Fiscalía General.

“Desde el inicio del proceso hemos estado anuentes a que se examine absolutamente toda la prueba relacionada con la investigación, pero dentro del elemental respeto a los derechos de defensa y a las garantías judiciales”, dijo el abogado Brenes.

“Reconociendo el interés público de este caso, en honor a la verdad y en señal de respeto a la ciudadanía, debemos aclarar que lo publicado no es cierto. Lo que hemos venido advirtiendo, incluso en una protesta formal que presentamos el pasado 8 de enero, es que el 26 de agosto del 2020, sin informar a la Sala Tercera, ni a las partes, ni a sus abogados, la Fiscalía General realizó la apertura de la evidencia que contenía los correos de todos los investigados, diligencia que permite verificar la correcta cadena de custodia de esta prueba”, sostuvo Brenes. 

Filtración, peligro gravísimo

Según el comunicado de los abogados Brenes y Guevara, es un hecho público y notorio que la información de los procesos penales se filtra con regularidad, y es una verdad incuestionable que en este caso particular se ha venido filtrando información del expediente.

Esto supone –advirtieron– un peligro gravísimo e inminente de que se haga de conocimiento público información sensible que maneja el señor Presidente de la República, que no tiene nada que ver con los hechos investigados, y que no tiene por qué estar en manos de la policía, de la fiscalía, o de cualquier otra persona. 

“Nunca hemos sostenido que los correos hayan sido analizados o modificados. Eso es algo que no nos consta y que no podemos comprobar. De manera que el informe del OIJ, según el cual los correos no han sido modificados, no desmiente lo dicho por esta defensa, sea que la apertura de la prueba se hizo sin informar a la Sala Tercera, sin control de ningún juez, y sin nuestra presencia. Lo que hemos dicho, y sostenemos, es tan cierto como que el sol sale cada día”, añadió el abogado Guevara.

“¿Por qué la Fiscalía realizó una apertura de evidencia sin informarlo a nadie de previo? ¿Por qué no convocó a las partes a dicha apertura de prueba? ¿Por qué alguna prueba sí se abre en presencia de un juez y de las partes y otra no? Y más importante aún: ¿Por qué realizó la apertura de esta prueba el 26 de agosto, si al día siguiente, teníamos programada una audiencia ante la Sala Tercera para discutir la legalidad de esa misma prueba?”, cuestionan dichos abogados.

“Lo que hemos afirmado –agregan– es un hecho absolutamente cierto, que consta en el expediente judicial en un documento firmado de puño y letra por la señora Emilia Navas, Fiscala General de la República”.