Edgar Fonseca, editor/google Images
En menos de 24 horas, el régimen orteguista estableció las directrices para imponer un marco legal que controle y censure la actividad en el ciberespacio. Los principales perjudicados —según expertos— serían periodistas independientes y opositores; sin embargo, la dictadura ha aprovechado también para enfilar su batería legislativa contra los empleados “descontentos”, a los que considera una “ciberamenaza”, destaca el sitio Confidencial de Managua.
Vía decreto presidencial, Daniel Ortega aprobó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, con la que pretende “gestionar” y “minimizar” los “riesgos ante este nuevo tipo de amenazas, así como las reglas para adquirir y operar tecnología, tomando en cuenta el contexto nacional e internacional en materia de ciberseguridad”.
El documento no entra en la letra menuda de la estrategia, limitándose a señalar a grandes rasgos los cinco “ejes estratégicos”: fortalecimiento institucional; fortalecimiento del marco jurídico; educación, formación y capacitación; fortalecimiento tecnológico; y seguridad y resiliencia de los servicios e infraestructuras críticas a nivel nacional.
Sin embargo, a pesar de no profundizar en los planes y acciones concretas; el régimen ya define como una fuente de “ciberamenaza” a los “empleados descontentos”, así como a los “Gobiernos hostiles, grupos terroristas e intrusos maliciosos”.
“No hay confianza”
Para Guillermo Medrano, coordinador del área de derechos humanos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), la inclusión de los empleados “descontentos” demuestra que “no hay confianza” hacia los servidores públicos.“Ese empleado público que se queja o que en algún momento expresa que, a parte de su jornada, tiene que ir a reuniones con los CLS — Comités de Liderazgo Sandinista—, o tiene que ir a marchas, o caminatas los sábados, si ese empleado público dice algo puede ser catalogado como un empleado descontento y también para ellos viene la amenaza”, explicó.
Desde abril de 2018, CONFIDENCIAL y demás medios independientes de Nicaragua han publicado informaciones que recogen el descontento de empleados y funcionarios públicos, quienes han detallado, bajo condición de anonimato, los despidos de personal, los abusos de poder y las corruptelas de los principales líderes sandinistas.Una de las últimas filtraciones es que los empleados públicos son obligados a firmar “voluntariamente” una petición para que la Asamblea Nacional y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), impongan la cadena perpetua contra quienes cometan “crímenes de odio”. Sin ninguna explicación, a los trabajadores estatales solo se les indica que deben colocar sus nombres, apellidos, número de cédula y firma en una página.
“Amenaza de dos vías”
La estrategia de ciberseguridad fue aprobada un día después que los diputados oficialistas —la mayoría en la Asamblea Nacional— presentaran un anteproyecto de “Ley Especial de Ciberdelitos”, que impone multas y penas de prisión para los ciudadanos que, según el régimen, propaguen noticias falsas en las redes sociales y medios de comunicación.
La propuesta orteguista amenaza además con penas de cinco a ochos años de cárcel a todos los trabajadores del Estado que filtren cualquier tipo de información que esté bajo su custodia. El artículo 25 establece sanciones para quien “sin autorización o excediendo la que se le hubiere concedido, transfiera información pública clasificada como reservada, de conformidad con la ley de la materia y que mediante el uso de esa información vulnere un sistema o datos informáticos o se pusiere en peligro la seguridad soberana del Estado”.
Ver: Confidencial, Managua
