Edgar Fonseca, editor
El presidente Carlos Alvarado y la fracciones de Liberación Nacional y PAC presionan la renuncia del exministro y diputado oficialista, Welmer Ramos, luego que la Procuraduría de la Ética Pública anunció que interpuso una denuncia penal en contra del legislador por supuesto tráfico de influencias en el marco del denominado escándalo del “cementazo”.
Ramos descartó los pedidos para que deje la curul.
A Ramos la Procuraduría lo investigó en razón del informe final de la Comisión Investigadora de la Asamblea Legoslativa de los casos de SINOCEM y COOPELESCA sobre operaciones crediticias gestionadas y otorgadas por el Banco de Costa Rica, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal y otras entidades bancarias del Estado.
“Mi posición en ese particular es que don Welmer tiene que honrar ese compromiso asumido (de renunciar)” sostuvo Alvarado ante los medios.
“La Fracción del Partido Liberación Nacional considera que la renuncia a la inmunidad de parte del diputado Welmer Ramos es insuficiente”, citaron los verdiblancos en un comunicado oficial.
“Por consiguiente –consignaron– solicita la renuncia del legislador a su curul tras la denuncia penal en su contra por posible tráfico de influencias realizada hoy por la Procuraduría de la Ética Pública”.
El escándalo estalló al trascender en 2017 cuestionados créditos al empresario importador de cemento, Juan Carlos Bolaños, por unos $35 millones.
Bolaños está con libertad bajo medidas cautelares luego de permanecer detenido año y medio.
El gerente y seis ejecutivos del BCR fueron detenidos como parte de las investigaciones de supuestas anomalías en el trámite de los créditos para importar cemento chino.
El caso detonó en la cúpula de asesores más cercanos del expresidente Luis Guillermo Solís (2014-2018) y salpicó a otras instancias como el Poder Judicial.
La Procuraduría investigó en el caso de Ramos una presunta violación al deber de probidad.
El que nada debe, nada teme
“El que nada debe, nada teme”, reaccionó el diputado Ramos tras trascender la denuncia.
“Seguiré defendiendo mi inocencia”, enfatizó.
“Ante denuncia de la Procuraduría de la Ética, renunciaré a inmunidad y me pongo disposición del Poder Judicial para aclarar que reforma al reglamento de cemento obedeció a criterios técnicos”, aseveró.
Ramos se resiste a renunciar a su curul tal como lo había prometido siendo aspirante.
“La denuncia de la Procuraduría es solamente eso, una denuncia sin pruebas contundentes, no una condena”, insistió.
“Por eso renunciaré a mi inmunidad para demostrar mi inocencia”, reiteró.
Denuncia penal
La Procuraduría confirmó hoy que interpuso una denuncia penal contra el diputado Ramos en razón de la posibilidad de que haya incurrido en hechos configurativos del delito de tráfico de influencias, tipificado en el artículo 52 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
La Procuraduría de la Ética Pública informó que instruyó la investigación preliminar de los hechos atribuidos a Ramos González mediante expediente administrativo.
Con base en los resultados de las diligencias indagatorias se emitió el Informe N° AEP-INF-020-2019 de las 10:13 hrs del 20 de agosto del dos mil diecinueve, el cual fue notificado hoy a la Asamblea Legislativa, citó la versión oficial.
Asimismo instaron al Ministerio Público a considerar la información contenida en el citado informe, que deja constancia de actuaciones de anteriores funcionarios de Casa Presidencial así como del Banco de Costa Rica, relacionadas con el trámite de las reformas al Reglamento Técnico de Cementos Hidráulicos aprobadas con los Decretos Ejecutivos 38907-MEIC y 39414 MEIC-S de marzo y diciembre del 2015, respectivamente, la cual se considera que podría ser de utilidad en la investigación penal de los hechos que conoce el Ministerio Público.
