Edgar Fonseca, editor
El exsacerdote Mauricio Víquez Lizano, capturado la madrugada del domingo en Nuevo León, México, enfrenta tres nuevas acusaciones por supuestos abusos contra menores, reveló la Fiscala General, Emilia Navas.
“Desde inicios de este mes contamos con tres nuevas denuncias que se agregarán a la petición de extradición”, sostuvo Navas.
En su contra hay cuatro denuncias penales por supuestos abusos contra menores, ratificó la Fiscala.
Víquez se hacía llamar Antonio por su segundo nombre y sus movimientos en dicho país quedaron al descubierto gracias al rastreo de una red social que usaba, confirmó ayer Walter Espinoza, director del OIJ.
Víquez, contra quien existía orden de captura internacional de Interpol, arribó a México el nueve de enero.
El seguimiento de Víquez se dio en coordinación con la Unidad de Delitos Electrónicos de la Policía Federal de México.
Según Espinoza, tras ser detectado, el exsacerdote dejó de salir de una casa donde se refugiaba en aquella ciudad. Él la llamaba “guarida”.
“Tras su ubicación se pudo determinar que había dejado de salir de casa”, reveló Espinoza.
Víquez comenzó a solicitar servicios de manera exprés y hace unos cuatro días dejó de usar redes, detalló el máximo jefe del OIJ.
Prescripción sin efecto
La Fiscala Navas, dijo que tras la detención de Víquez queda congelado el riesgo de prescripción en las causas en su contra.
“La prescripción en este momento no tiene efecto”, afirmó Navas.
“No hay un plazo, tenemos 60 días naturales pero el imputado tiene derecho a defenderse”, añadió.
“No hay posibilidad que sea juzgado en México porque el tratado de extradición establece que la persona debe venir al país para ser investigada, pero vamos a ver qué tipo de oposiciones hace”, agregó la jerarca del Ministerio Público.
Red social lo delató
Una cuenta social usada por el sacerdote, vinculado a una denuncia por supuestos abusos sexuales contra menor, y quien fue suspendido por la iglesia local a perpetuidad del ejercicio del sacerdocio, fue rastreada por las autoridades de ambas naciones.
“Esa cuenta estaba relacionada con otra en la red y ambas eran similares en cuanto a contenido, manifestaciones y publicaciones”, dijo Espinoza.
“Se verificó la dirección IP con la que se habían abierto las cuentas y estaban en México y eran de telefonía móvil”, destacó el jerarca del OIJ.
“Por medio del trabajo de inteligencia logramos ligar las cuentas. Eran similares en cuanto a contenido, publicaciones, manifestaciones y gustos y logramos verificar que las IPS con las que se habían abierto las cuentas estaban en México y eran de telefonía móvil”, añadió Espinoza.
“Se logró ingresar a un blog en el que participaba con estas dos cuentas y logramos determinar, por medio de esa participación, que Víquez Lizano pretendía realizar un nuevo proyecto de asesoría y facilitación en la construcción de tesis, una actividad muy similar al que él realizaba en nuestro país”, amplió Espinoza.
Fue así como las autoridades nacionales detectaron que Víquez se identificaba como Antonio, que es su segundo nombre, con título de doctorado, lo cual es cierto y de 54 años, su edad.
La muerte de un tío
Un detalle clave que transmitió fue sobre la muerte de un tío el 18 de abril. Eso lo corroboraron los investigadores locales.
“El 18 de abril señaló que había fallecido un tío suyo. Me refiero a la persona que estaba usando las cuentas en México y nosotros hicimos un estudio en el Registro Civil y verificamos que efectivamente eso había ocurrido, es decir, que sí había fallecido un familiar cercano de Mauricio Víquez Lizano”, confirmó Espinoza.
Así se intensificó el rastreo de dicho sacerdote quien, finalmente, fue arrestado a la 1 a.m. de ayer en San Nicolás de la Garza, Nuevo León, estado fronterizo de México con EE.UU.
“En estos momentos en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México se realiza la audiencia de Mauricio Víquez”, confirmó esta mañana a las 10:01 el periodista Alex Dominguez de Milenio Televisión quien le da seguimiento al caso.
No sabíamos donde estaba
La Curia Metropolitana ratificó que no estaban enterados del paradero de Víquez.
“La Curia Metropolitana-como lo ha indicado previamente-no ha tenido contacto con el imputado ni conocimiento de su paradero”, citó un comunicado en reacción a la captura del sacerdote.
Enfatizó que deberá responder “ante la instancia correspondiente, por los hechos que se le imputan”.
El Tribunal Provincial Eclesiástico expulsó a Víquez a perpetuidad, con el aval del Vaticano, del ejercicio del sacerdocio, según anunciaron el 25 de febrero.
A Víquez lo investigaron por dos denuncias canónicas de los supuestos abusos contra dos menores, hoy adultos, en las jurisdicciones de Patarrá y Tres Ríos. Originalmente solo una de las denuncias llegó a la instancia penal donde se dictó la orden de captura en su contra.
Sin embargo este lunes, la Fiscalía confirmó que este mes recibieron tres denuncias más contra Víquez.
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Ahora son cuatro denuncias
Son cuatro las denuncias penales contra el exsacerdote Mauricio Víquez, confirmó este lunes la Fiscal General, Emilia Navas.
“Desde ayer, cuando recibimos información extraoficial de la detención, estamos trabajando en la formalización y ampliación de la extradición, pues en febrero anterior se pidió la orden de captura internacional por una denuncia, interpuesta en octubre del 2018, sin embargo, desde inicios de este mes contamos con tres nuevas denuncias que se agregarán a la petición de extradición” , informó la Fiscala General, quien recordó que, con México, el país mantiene un Tratado de Extradición firmado en el 2011 y en vigencia desde el 2013.
Se desconoce el plazo que tomará el trámite de la extradición del imputado, sin embargo, mientras se realiza el procedimiento, se suspende la prescripción de la primera denuncia penal, interpuesta en otubre del año pasado.
Tres nuevas denuncias
Según la Fiscala, a inicios de agosto, la Fiscalía Adjunta de Género recibió tres denuncias más en este caso, las cuales se encuentran en investigación. En estos procesos aplicará la reciente reforma a la ley conocida como “Derecho Al Tiempo”, la cual amplía el plazo de prescripción, de 10 a 25 años, de los delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad. El tiempo aplica a partir de que la persona víctima cumpla la mayoría de edad.
Las cuatro denuncias investigadas corresponden a hechos ocurridos entre 1993 y 1996, y se tramitan bajo un mismo expediente, añadió la Fiscalía.
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Relato de víctimas
Esta semana dos de sus víctimas, Michael Rodríguez, de 38 años, y Anthony Venegas, de 33, contaron en MILENIO Televisión de México que fueron abusados sexualmente al menos tres años de su adolescencia por el sacerdote y pidieron ayuda para encontrarlo en México, citó el medio mexicano en su versión web.
Víquez –destacó Milenio– huyó de Costa Rica al enterarse de la denuncia penal en su contra, la única que podría causar que sea enviado a prisión, sin embargo, la víctima cumplirá 28 años en septiembre y con ello prescribirá el delito, pues cuando la víctima presentó la denuncia la ley costarricense vigente determinaba que los delitos de abuso contra menores prescribían diez años después de que cumplan la mayoría de edad.
Agentes de migración confirmaron a Milenio que el sacerdote se trasladó a Jalisco y según la Interpol no ha salido del país. Ahora se sabe que se trasladó a Nuevo León, donde fue detenido, amplió el diario en su sitio web.
A través de documentos del Instituto Nacional de Migración, citó dicho medio, se determinó que desde el 9 de enero llegó en avión a la Ciudad de México.
Alerta roja
Según la versión atribuida a la Fiscalía mexicana, contra Víquez existía Notificación Roja de Interpol emitida desde el 20 de febrero de 2019.
La detención fue realizada este domingo en la ciudad de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, estado fronterizo con EE.UU.
Contra Víquez, el Tribunal Provincial Eclesiástico anunció el 25 de febrero, con el aval del Vaticano, sanción perpetua de expulsión del estado clerical tras investigaciones seguidas en su caso por dos denuncias canónicas de presuntos abusos sexuales, de las cuales solo una llegó a la jurisdicción penal.
Diferentes medios locales divulgaron el arresto de Víquez y la confirmación inicial por parte de su abogado Rodolfo Alvarado.
En México
Según la Fiscalía mexicana, la detención provisional de Víquez se dio con fines de extradición internacional.
El extraditable, sostiene la versión atribuida a la Fiscalía, es requerido para ser procesado por el Juzgado Penal del III Circuito Judicial de San José.
Víquez fue trasladado y puesto a disposición del Juzgado de Distrito Especializado del Sistema penal Acusatorio, en el centro de Justicia Penal Federal de Ciudad de México, Reclusorio Sur para definir su situación jurídica conforme al procedimiento de extradición internacional.
A Víquez se le atribuyen supuestos abusos contra un menor mientras fue cura en Tres Ríos y Patarrá, Desamparados.
En dicho caso, el presunto afectado elevó una denuncia ante la Nunciatura contra el arzobispo José Rafael Quirós por supuesto encubrimiento, lo cual el jerarca eclesial niegan enfáticamente.
Víquez salió del país el 7 de enero y llegó a México sin que hasta ahora se supiese de su paradero.
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Le impusieron sanción eclesial de por vida
Sanción de por vida, que le impide ejercer el sacerdocio, fue dispuesta y anunciada el 25 de febrero por el Tribunal Provincial Eclesiástico de Costa Rica contra el sacerdote Víquez acusado de supuestos abusos sexuales a un menor cuando fungía como párroco en Tres Ríos.
El anuncio lo hizo ante la prensa Jason Granados, portavoz de la Curia Metropolitana de San José.
La medida fue avalada por las autoridades del Vaticano.
“Impóngase al reverendo padre… sacerdote de la arquidiócesis de San José, pena perpetua y expiatoria de expulsión del estado clerical”, consignó la resolución eclesial.
A Víquez el tribunal eclesial lo investigó por dos denuncias canónicas de supuestos abusos contra dos menores que sirvieron como sus monaguillos en Tres Ríos y Patarrá.
Solo una de las denuncias, interpuesta por una persona de apellido Rodríguez, fue a la jurisdicción penal.
Otra denuncia de una persona de apellido Venegas se limitó al ámbito de la iglesia.
El 9 de febrero el Juzgado Penal de Desamparados dictó orden de captura internacional en su contra.
El portavoz de la Curia dijo en febrero desconocer dónde estaría Víquez.
“No se sabe nada de él todavía.”, respondió el vocero Granados.
“La posición que ha tenido la Iglesia es que dé la cara, que se entregue”, insistió sobre el sacerdote acusado.
Con transparencia
“Se comprueba que ambos fueron víctimas. Se ha actuado con total transparencia, serenidad y sinceridad. La iglesia se solidariza con ambas víctimas”, expresó.
“Las denuncias canónicas –dijo– se conocieron el año pasado. Desde el 2003 lo que había era una queja, no una denuncia”.
“La denuncia –agregó– nunca se había interpuesto hasta el año pasado”.
“Queda demostrado que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario”, puntualizó Granados .
“En el derecho canónico –agregó– pasa lo mismo, siempre las víctimas se han atendido y se han escuchado. Damos por concluido este proceso”, enfatizó.
Iglesia rechaza presunto encubrimiento
El caso llevó al máximo jerarca de la iglesia Católica tica, Monseñor José Rafael Quirós, a rechazar, el 14 de febrero, cualquier encubrimiento de dicho sacerdote.
Monseñor Quirós rechazó en febrero el presunto encubrimiento alegado en el caso.
“La acusación de supuesto encubrimiento contra Monseñor Quirós Quirós no tiene fundamento”, citó un comunicado del Pbro. Lic. Rafael Angel Sandí López, Canciller de la Curia Metropolitana.
“El actuar del actual Arzobispo de San José en todo momento ha sido el debido en este tema”, añadió el comunicado.
Defendió las actuaciones de monseñor Quirós, tanto cuando transmitió la información recibida en 2003 al entonces arzobispo monseñor Hugo Barrantes, como cuando en 2018 inició el proceso canónico.
Viquez fue separado de sus funciones sacerdotales en el tanto se mantiene abierta la investigación penal y canónica en su contra.
La suspensión, según el comunicado, se dio el 27 de julio del 2018 cuando se emitió un decreto en tal sentido.
También informaron que la iglesia rechazó una petición de $200 mil hecha por cada uno de los afectados en el caso.
El rechazo se les hizo saber, según el canciller Sandí, en una nota escrita a dos personas de apellidos Rodríguez y Venegas el 27 de julio anterior.
Y les fue ratificada en una reunión sostenida con ambos el tres de agosto del año pasado.
Las denuncias
Según el pronunciamiento de la Curia, la denuncia del afectado Rodríguez la recibieron el 15 de mayo de 2018.
El denunciante afirmó haber sido víctima de los supuestos abusos “en un marco prolongado de tiempo, desde que tenía alrededor de 13 años y colaboraba como monaguillo en la parroquia de su residencia, hecho que continuó en la parroquia donde fue trasladado el sacerdote, en Patarrá, donde el señor Rodríguez continuó visitando”, agrega la versión eclesiástica.
Recibida la declaración del ofendido, añade, fue “trasladada la denuncia al Arzobispo de San José, Monseñor José Rafael Quirós Quirós, quien de inmediato pide proseguir la indagatoria”.
“Al poco tiempo –menciona el comunicado eclesial– se propició un encuentro del Arzobispo con esta primera víctima en razón de manifestarle solidaridad y cercanía de la Iglesia, así como informarle sobre el inicio del proceso de investigación contra el sacerdote involucrado”.
Una segunda denuncia fue interpuesta en el caso por una persona de apellido Venegas, oriundo de Patarrá, el 16 de junio de 2018.
El comunicado alude a un encuentro que en 2003 tuvo el entonces Vicario General, José Rafael Quirós, con el segundo denunciante quien llegó con dos personas adultas para exponer cierta conducta inapropiada del sacerdote Víquez.
El encuentro del joven se dio a instancia de los adultos. Quirós recibió al joven Venegas con el fin de saludarlo ya que durante la conversación permaneció afuera.
El entonces Vicario Quirós informó al Arzobispo titular, Monseñor Hugo Barrantes.
Tras dicha queja, detalla el comunicado de la Iglesia, el sacerdote Vìquez fue removido del oficio de párroco “y se decidió no iniciar ninguna acción que lesionara la buena fama de los menores afectados como en la conversación fue solicitado”.
En junio de 2018, el arzobispo Quirós recibió tanto a Venegas como a Rodríguez. “En ese encuentro los afectados hablaron no solo de su realidad como víctimas sino también de sus pretensiones económicas”, las que fueron rechazadas luego.
