Jorge Corrales Quesada, economista

Muy a tiempo es el llamado que hace la Procuraduría General de la República, por medio de su procurador general, don Julio Jurado, acerca de un proyecto de ley en proceso de aprobación legislativa, que concedería un nuevo privilegio para unos 276 empleados de JAPDEVA. Ello como resultado del proceso de reforma a JAPDEVA, cuya seria situación financiera es bien conocida por todos los ciudadanos. Se ha estimado que financiar las prestaciones del 80% de los empleados requerirá de la “pequeña” suma de ¢16.236 millones y que hoy no se tienen; pero, ya sabemos de dónde saldrá…. de un presupuesto gubernamental que utilizaría los ya elevados impuestos a los ciudadanos contribuyentes.

Con dicho proyecto esos trabajadores recibirían cada mes antes de su jubilación, un monto mayor al que les correspondería como pensionados del sistema del IVM de la Caja. Esta pensión mayor se pagaría a empleados mayores de 55 años hasta que cumplan con la edad y cuotas correspondientes al IVM. Lo que parece ser relativamente inocente, crearía un privilegio, pues, al ingresar finalmente al IVM, la pensión se reduciría, lo que ocasionaría reclamos al estado para que lo cubra mediante el presupuesto de la República; esto es, con el aporte de todos los contribuyentes.

Eso lo informa La Nación en su artículo del 10 de julio, titulado “Procuraduría alerta de alza en pensiones de JAPDEVA.” Recuerde que, además, la propuesta del gobierno “establece bonos de hasta ocho salarios a los trabajadores que acepten el despido.” Esa adición a la pensión haría que los prejubilados de esa entidad reciban como pensión un total el 64% de los sueldos, mientras que en la Caja sería del 60% de los sueldos. En el primer caso, el monto se basaría en el promedio de los 12 salarios más altos de los últimos 5 años trabajados, mientras que en la Caja lo es el promedio de los últimos 240 salarios.

El plato está servido para que, al pasar al IVM de la Caja vengan luego las demandas por las rebajas que experimentarían. Esta situación no es nueva: se dio cuando se otorgaron esas prejubilaciones a los empleados del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), que terminó en la aprobación legislativa de nuevas leyes para resolver la diferencia, por supuesto que “cargándolas al Presupuesto Nacional, que en eso es lo que terminaría actualmente,” indicó el Lic. Jurado.

Estamos avisados y hay que parar de inmediato ese gol que se nos quiere meter o bien, como siempre, el golazo será en contra de los contribuyentes, quienes seguiremos pagando pluses y privilegios de todo tipo que existe el sector público.