Edgar Fonseca, editor

El magistrado Paul Rueda Leal, de 53 años, integrante de la Sala Constitucional, fue reelecto este lunes por la Asamblea Legislativa bajo fuerte presión pública y tras una prolongada sesión que culminó a las 11:18 p.m.

De los legisladores presentes, 28 votaron a favor de la reelección y 23 en contra. El voto fue secreto.

Su reelección fulminó un intento de algunos diputados y de dirigentes sindicales del sector judicial que le cobraban a Rueda decisivas intervenciones contra privilegios gremiales y su respaldo a la reforma fiscal.

La votación de reelección del magistrado Rueda puso a prueba la transparencia del Poder Legislativo en medio de llamados de líderes de fracción y de expertos a que se respetara la independencia del Poder Judicial.

Sin embargo, no pasó una iniciativa para reformar el reglamento legislativo y declarar públicas este tipo de votaciones.

Horas antes de darse la votación, la fracción del PLN acordó votar en pleno votar por la reelección del magistrado.

Dichos votos más los de la fracción del PAC abortaron el intento por impedir la reelección de Rueda, impulsado la semana anterior por cinco diputados, entre ellos uno liberacionista y dos organizaciones sindicales del Poder Judicial.

La Comisión de Nombramientos, en votación secreta de 10 minutos, recomendó hace una semana no reelegir a a Rueda pero de i mediato se originó una fuerte presión pública por parte, entre otros, de expertos constitucionalistas contra lo que se consideró “un intento de golpe al sistema democrático”.

Presión de Presidente

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz –quien enfrentó un boicot legislativo a su propia reelección en 2013– envió, de previo a la votación, una nota a los diputados presionando porque se garantizara la independencia al sistema judicial.

“La independencia de la judicatura y de sus órganos afines, es una construcción de todos los poderes, es una convergencia en la que tiene mucho que decir el Parlamento, que es el que elige a los jueces supremos y define los recursos económicos que permiten tener una Administración de Justicia acorde con las aspiraciones constitucionales”, afirmó Cruz.

“Esta autocontención y evaluación cuidadosa en el ejercicio del poder, es lo que está en juego en la decisión sobre la reelección de un juez”, advirtió Cruz, quien había guardado silencio en torno a la polémica con el magistrado Rueda.

“Qué importante son las formas, las reglas informales, la visión que tienen los parlamentarios sobre el poder judicial que desean. Jueces electos por el parlamento que definen límites al poder legislativo, jueces electos por el parlamento, que pueden juzgar a miembros del poder legislativo. Tanto poder concedido por otro poder, tanta prudencia exigida en la ponderación y reflexión de esas decisiones. En cada elección y reelección de un juez supremo, el parlamento construye la independencia de los jueces. Tema delicado que trasciende la polémica planteada en los últimos días”, añadió.

“Mi reflexión –dijo Cruz– es una instancia respetuosa al Parlamento, punto de referencia central de nuestra democracia, para que en su accionar, en sus decisiones, no vean la circunstancia, sino la construcción de un Estado de Derecho con un poder judicial realmente independiente”.

“La judicatura requiere, en su esencia, la independencia, en gran medida, desde el parlamento”, insistió el magistrado Cruz.

Constenla pidió voto público

Guillermo Constenla, presidente del PLN, también se sumó, de previo, a las voces públicas que demandaron que la votación sea pública y no secreta.

Rueda enfrentó la hostilidad de cinco diputados de la Comisión de Nombramientos que, en votación secreta de 10 minutos, decidieron el lunes anterior no recomendar su reelección.

A dichos diputados se unieron dos organizaciones sindicales del Poder Judicial que le reclamaron a Rueda decisivas intervenciones en reformas al sistema de privilegios del aparato judicial y su apoyo a la reforma fiscal aprobada en octubre anterior.

Expertos constitucionalistas como Rubén Hernández, Carlos Arguedas y Fabián Volio demandaron que se respetara la independencia y el proceso de reelección de magistrados, que no se le sancione por sus sentencias.

Solo en caso que 38 diputados estuviesen en contra de la reelección está no procedería.

En medio del clamor público, tanto Liberación como el PAC anunciaron voto público y respaldo a la reelección del magistrado.

Silvia Hernández, jefe de fracción PLN, anunció el viernes que pediría en la sesión de este lunes respaldo a la reelección de Rueda y que la votación sea pública.

Víctor Morales, jefe de fracción del gobiernista PAC, insistió en que el voto sea público y nominal, que cada diputado diga cómo voto.

La votación se daría tarde esta tarde en el plenario.

Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa emitió un informe que recomendó voto secreto.

Pero el presidente de la Asamblea, Carlos Ricardo Benavides, quien inicialmente apoyaba esa forma de votación, se inclinó porque la votación se haga pública.

Informes tanto del Poder Judicial como de la propia Asamblea no hallan ningún cuestionamiento en sus funciones al magistrado Rueda.

El magistrado Rueda Leal es Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Johann Wolfgang Goethe de Francfort del Meno, Alemania.

Además, fue coordinador de la Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Estatal a Distancia por más de diez años.

También ocupó los cargos de Subdirector de la Escuela Judicial (2000-2002) y Letrado de la Sala Constitucional (2003-2011).

Fue miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados (2002-2003) y de la Comisión Nacional de Rescate de Valores (2004-2005).

• Está en juego independencia del Poder Judicial dice presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro

Edgar Fonseca, editor

La votación de reelección del magistrado Paul Rueda, miembro de la Sala Constitucional, prevista para esta tarde pondrá a prueba la transparencia del Poder Legislativo en medio de llamados de líderes de fracción y de expertos a que se respete la independencia del Poder Judicial.

• La fracción del PLN acordó esta tarde en pleno votar por la reelección del magistrado

Horas antes de darse a votación, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz –quien enfrentó un boicot legislativo a su propia reelección en 2013– envió una nota a los diputados presionando porque se garantice la independencia al sistema judicial.

“La independencia de la judicatura y de sus órganos afines, es una construcción de todos los poderes, es una convergencia en la que tiene mucho que decir el Parlamento, que es el que elige a los jueces supremos y define los recursos económicos que permiten tener una Administración de Justicia acorde con las aspiraciones constitucionales”, afirmó Cruz.

“Esta autocontención y evaluación cuidadosa en el ejercicio del poder, es lo que está en juego en la decisión sobre la reelección de un juez”, advirtió Cruz, quien había guardado silencio en torno a la polémica con el magistrado Rueda.

“Qué importante son las formas, las reglas informales, la visión que tienen los parlamentarios sobre el poder judicial que desean. Jueces electos por el parlamento que definen límites al poder legislativo, jueces electos por el parlamento, que pueden juzgar a miembros del poder legislativo. Tanto poder concedido por otro poder, tanta prudencia exigida en la ponderación y reflexión de esas decisiones. En cada elección y reelección de un juez supremo, el parlamento construye la independencia de los jueces. Tema delicado que trasciende la polémica planteada en los últimos días”, añadió.

“Mi reflexión –dijo Cruz– es una instancia respetuosa al Parlamento, punto de referencia central de nuestra democracia, para que en su accionar, en sus decisiones, no vean la circunstancia, sino la construcción de un Estado de Derecho con un poder judicial realmente independiente”.

“La judicatura requiere, en su esencia, la independencia, en gran medida, desde el parlamento”, insistió el magistrado Cruz.

Que se haga pública, pide Constenla

Guillermo Constenla, presidente del PLN, se sumó a las voces públicas que demandan que la votación sea pública y no secreta.

Rueda enfrenta la hostilidad de cinco diputados de la Comisión de Nombramientos que, en votación secreta de 10 minutos, decidieron el lunes anterior no recomendar su reelección.

A dichos diputados se unieron dos organizaciones sindicales del Poder Judicial que le reclaman a Rueda decisivas intervenciones en reformas al sistema de privilegios del aparato judicial y su apoyo a la reforma fiscal aprobada en octubre anterior.

Expertos constitucionalistas como Rubén Hernández, Carlos Arguedas y Fabián Volio demandaron que se respete la independencia y el proceso de reelección de magistrados, que no se le sancione por sus sentencias.

Solo en caso que 38 diputados estén en contra de la reelección está no procedería.

En medio del clamor público, tanto Liberación como el PAC anunciaron voto público y respaldo a la reelección del magistrado.

Silvia Hernández, jefe de fracción PLN, anunció que pedirá en la sesión de este lunes respaldo a la reelección de Rueda y que la votación sea pública.

Víctor Morales, jefe de fracción del gobiernista PAC, insistió en que el voto sea público y nominal, que cada diputado diga cómo voto.

La votación se daría tarde esta tarde en el plenario.

Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa emitió un informe que recomendó voto secreto.

Pero el presidente de la Asamblea, Carlos Ricardo Benavides, quien inicialmente apoyaba esa forma de votación, se inclinó porque la votación se haga pública.

Informes tanto del Poder Judicial como de la propia Asamblea no hallan ningún cuestionamiento en sus funciones al magistrado Rueda.

El magistrado Rueda Leal es Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Johann Wolfgang Goethe de Francfort del Meno, Alemania.

Además, fue coordinador de la Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Estatal a Distancia por más de diez años.

También ocupó los cargos de Subdirector de la Escuela Judicial (2000-2002) y Letrado de la Sala Constitucional (2003-2011).

Fue miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados (2002-2003) y de la Comisión Nacional de Rescate de Valores (2004-2005).