Jorge Corrales, economista

Para el que no quiere caldo, dos tazas. El dicho se aplica perfectamente a los ciudadanos consumidores de los servicios monopolizados del agua y de los combustibles. Las fuentes son La Nación, en sus artículos “Agua perdida por AyA permitiría abastecer a dos millones de personas” del día 28 de junio y “RECOPE busca que usuarios paguen robos de combustibles,” y crhoy.com del 4 de abril del 2019, con su comentario “En Costa Rica se pierden 51 de cada 100 litros de agua por las fugas.”

En el caso del desperdicio de agua, según crhoy.com, “el 51.94% del agua que se produce en Costa Rica no llega a los consumidores,” debido a “tomas ilegales, fugas, robos, alteración de medidores o el agua que utilizan los hidrantes” (que no se mide como “consumida,” así como la pérdida de agua por obras municipales o del MOPT en calles).

Pero, según informa el sitio elmundo.cr el 26 de marzo pasado, bajo el título, “Defensoría solicita rechazar alza del 24% en tarifas de agua,” el AyA pretende alzas de sus tarifas para los años 2019-2020, de un 7.7% a partir de enero del 2019 y un 15% en enero del 2020. Evidentemente, estos aumentos son muy superiores a la inflación estimada para ese período y, más bien, la petición parece reflejar la situación financiera del AyA y necesidad de financiar nuevos proyectos de inversión.

Uno se pregunta, ¿cómo es posible que una empresa que hoy desperdicia la mitad de su producción (desperdicio como sinónimo de que no cobra por ella), simplemente hace solicitudes de aumentos de las tarifas para poder cubrir ese derroche? Es obvio que esas alzas afectarán seriamente a los presupuestos ya muy golpeados de las familias, debido al montón de nuevos y mayores impuestos, y a una economía que no crece, precisamente, entre otras razones, por los aumentos de costos impuestos por el estado. Sorprende que, con tan baja productividad empresarial (tan alto desperdicio), en lugar de cobrar debidamente los servicios y dar el mantenimiento requerido, sólo siga el camino fácil de aumentarles las tarifas de agua a los consumidores cautivos.

Ese derroche, debido a la mala gestión del productor AyA, no debe cargarse a los ciudadanos, pues, de aprobarse, no habría un incentivo para que la empresa AyA arregle la situación. ¡Qué va a importar el desperdicio, si, después de todo, se lo cobramos a los ciudadanos usuarios!

Algo similar sucede en RECOPE. Según la información periodística, el monopolio está buscando que la ARESEP le autorice incluir dentro de los precios de los combustibles a los consumidores, los robos sufridos de estos, que en los últimos tres años se han estimado ascienden a ¢6.000 millones. En esos años se han descubierto 356 tomas ilegales). En apariencia, esa petición de RECOPE se debe a que el INS (entidad estatal), dejó de pagarles el seguro contra robos que tenía la primera, pues no se trataba de algo accidental (¡obvio!), sino ya sistemático.

La pregunta que surge es similar a la previa en torno al desperdicio de agua: ¿cómo es posible que una empresa a la que le roban una cantidad tan importante de su producción, simplemente pretenda aumentar los precios a los combustibles a los consumidores, incorporando el costo de esos robos? No hay incentivos para cuidar que no se los roben, si ese desperdicio lo cubren con aumentos a los consumidores cautivos por el monopolio.

Si AyA fuera privada, si RECOPE fuera privada (y si hubiera competencia) hay un indicador sencillo que daría señales claras (y dolorosas) para evitar esos desperdicios y robos: si los hay, se elevan las pérdidas o se reducen las utilidades, ante lo cual el buen administrador buscará minimizarlas, usando recursos propios para frenarlos y así evitar ese daño. Pero, como los estados de pérdidas o ganancias parecen ser simplemente un adorno en los entes estatales -no una guía de eficiencia- ¿qué importan los robos y desperdicios si simplemente esos costos los trasladarán (ojalá que ARESEP no lo permita) a los consumidores? No tenemos opción de adquirir esos productos en otras empresas que sí se rigen por la eficiencia económica. Somos cautivos del monopolio: ¡a pagar la tarifa que nos impongan con la aprobación de la ARESEP! Y que siga la irresponsabilidad y la fiesta…