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Otro periodista, paciente, golpeado por huelga en hospitales

Edgar Fonseca, editor/Foto Facebook

“La huelga golpea al pueblo, a los que mes a mes pagamos el seguro social, quienes aportamos para que la Caja tenga dinero para pagar salarios, financiar hospitales y hacer realidad el presupuesto de salud de un país”, dice el periodista Eliseo Quesada, editor de Deportes de La Nación quién recién vivió, como paciente, la experiencia de la huelga de empleados en el hospital Calderón Guardia.

“Completé dos semanas de internamiento en el Calderón Guardia, afectado por una seria enfermedad, durante la huelga”, narró Quesada en una columna divulgada el martes 9 de octubre en La Nación.

Se trata del segundo testimonio de periodistas que, como pacientes, han enfrentado distintas peripecias en sus tratamientos con motivo del movimiento laboral decretado hace un mes por dirigentes sindicales, particularmente, en el sector educación y salud.

Semanas atrás, la periodista y presentadora de televisión, Maricruz Leiva, víctima de una mala praxis con una cirugía estética, denunció penosos momentos sufridos durante su atención en el hospital San Juan de Dios, producto del conflicto.

La huelga me impactó

“No pude evitar –dice Quesada– verme impactado por el efecto de la huelga. Lo veo desde el punto de vista de un asegurado de la CCSS, sin conocer mucho de negocios o de reivindicaciones sindicales, ni de beneficios salariales para quienes laboran en la Caja. Tampoco tengo claro sus planes de retiro, sus anualidades y quién sabe qué otros beneficios por los cuales luchan”.

“Soy periodista hace 30 años, concentrado en deportes, no en los negocios. Me gusta más pensar en la gente que en el dinero”, menciona.

“Ahora –agrega– no puedo dejar de pensar en mí tía Carmen, quien hace más de un mes espera una cita en Medicina Nuclear del Hospital México para que le digan por qué sufre dolores tan fuertes en los huesos. No sé si es por la huelga, pero ahí sigue, en Atenas, pegada al teléfono, a la espera de una llamada. También viene a mi mente mi cuñada Lizbeth, quien necesita que la operen de un mioma uterino y aún no tienen claro cuál será su desenlace”.

Ni camisa, ni pantalones, ni ropa

“Traigo a la memoria las veces que nos dijeron a quienes estuvimos en Cirugía 1 de Hombres del Calderón que no había camisas, pantalones o ropa de cama porque la lavandería estaba en huelga”, recuerda Quesada.

“Quiero aclarar –afirma– que en el Calderón y en la clínica de Coronado nos trataron muy bien, en especial a mí”.

“Espero que mi hija Sara, una bendición para mí y quien estudia Medicina en la Universidad de Costa Rica, se inspire en ellos”, cita.

“Pero no dejo de pensar cómo la huelga golpea primero al pueblo, a los que mes a mes pagamos el seguro social, quienes aportamos para que la Caja tenga dinero para pagar salarios, financiar hospitales y hacer realidad el presupuesto de salud de un país. El pueblo es el que más necesita de la CCSS. Si usted es rico o de clase media alta, puede pagar una clínica privada o buscar un médico privado que atienda sus dolencias. No será tan bueno como un hospital de la CCSS, pero le atenderán sin demora. Y, claro, la medicina privada se verá beneficiada de alguna manera porque es parte del juego”, concluye.

 

 

Ilegal el paro que afecta a miles de estudiantes en todo el país/ Fuerte censura de juez por bloqueos de vías

Edgar Fonseca, editor

El paro de educadores que afecta desde hace 29 días a escuelas y colegios del país fue declarado ilegal este martes por el juez de Trabajo de Goicoechea, Francisco Quesada Quesada.

Tras trascender el fallo, el MEP llamó a los educadores a retornar a labores.

“Desde el MEP llamamos a todo el personal docente, administrativo, conserjes, cocineras y guardas a retomar sus labores de forma inmediata para reactivar el curso lectivo 2018”, instó el Ministerio de Educación.

Los dirigentes del Magisterio se resisten a aceptar el fin del movimiento pese a que el bloque sindical de salud, que les acompañaba, ya depuso la protesta.

Hasta este martes un 50% de escuelas y colegios permanecen cerrados por los dirigentes del paro que protestan contra la reforma fiscal recién aprobada en primer debate en la Asamblea Legislativa.

La sentencia, dictada a las 10:25 a.m., condenó a la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y al Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC), al pago de ¢1 millón por costas procesales.

Los censura por bloqueos

El juez Quesada censura fuertemente a los huelguistas del magisterio por los bloqueos de vías en las últimas semanas

“En lo tocante al actuar de los gremios sindicales, incluidos los contradictores del presente asunto, los cuales participaron –de forma colectiva– de las manifestaciones que llevaron a bloqueos totales de muchas vías de comunicación nacional, se debe indicar que es reprochable su actuar y que no puede ser considerado como un movimiento pacífico. Además, como se tocó en la parte inicial del presente fallo, aparte de la prueba que autos corre, ese actuar es un hecho notorio, de trascendencia colectiva, en el que el derecho al libre tránsito se vio totalmente transgredido”, denunció Quesada en su resolución.

“Y es que no es casualidad que se condene este tipo de acciones aún fuera de nuestra legislación, dado que si bien es cierto las manifestaciones son la expresión viva del movimiento de huelga, estas no deben sobrepasar los límites de racionalidad y proporcionalidad del actuar de cualquier gremio”, agregó dicho juez.

“No escapa a la presente calificación y el no cumplimiento del requisito de ser un movimiento pacífico, el hecho del impacto que el actuar sindical trajo a Costa Rica, vulnerando con ello las mismas bases constitucionales, las cuales son como se dijo, garantías para los costarricenses y lo cual con el movimiento se vieron altamente vulneradas, sin que por parte de las autoridades del Gobierno mismo se diera respuesta para evitar que se violaran los mandatos Constitucionales”, destacó el juez Quesada.

Barrida desde tribunales

Los paros de los sindicalistas generaron una fuerte reacción en los juzgados de Trabajo.

La mayoría de los movimientos fueron declarados ilegales, en la primera prueba de fuego de la recién estrenada Reforma Procesal Laboral.

Hasta este martes sumaban 16 paros bajo declaratoria de ilegalidad.

Las resoluciones de ilegalidad –según recuento de la Presidencia– se dieron en el Consejo Nacional de Producción, Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, Comisión Nacional de Emergencias, Banco Central, Junta de Protección Social, Junta de Administración Portuaria de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), Instituto Mixto de Acción Social (IMAS), Correos de Costa Rica, Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE), Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) e Instituto Nacional de Seguros (INS).

A italiano le detectaron 94 óvulos de cocaína en el estómago en el Santamaría

Edgar Fonseca, editor/Foto Seguridad

Un italiano de apellido Ferracci, de 51 años, fue detectado en el aeropuerto internacional Santamaría con 94 óvulos de cocaína en su estómago, confirmaron autoridades de Seguridad y de la Fiscalía. Las autoridades judiciales le impusieron tres meses de prisión preventiva, confirmó la Fiscalía.

Según la PCD, el extranjero pretendía salir del país con destino a Madrid y  Roma.

Al ser investigado se detectó que trasegaba óvulos vía intracorporal.

La pericia de los agentes provocó que fuera detectado cuando se encontraba en la terminal aérea.

Ferracci, quien carecía de antecedentes al momento de ser detenido, ahora es sospechoso del delito de tráfico internacional de drogas.

Tenía programada su salida del país para el 7 de octubre del año en curso, pero fue detectado por la PCD, y hasta hoy martes culminó con el proceso de expulsión de óvulos.

Este martes dicho sujeto terminó de expulsar los 94 óvulos que sumaron como total de droga decomisada los 544 gramos de cocaína. Además, los agentes de la PCD confiscaron 68.000 colones y 800 dólares que portaba el sujeto, consignó un informe de Seguridad Pública.

Tres meses de preventiva

La Fiscalía Adjunta de Alajuela logró que se impusiera tres meses de prisión preventiva  contra el sospechoso de tráfico internacional de droga. La medida cautelar fue acogida por el Juzgado Penal de la provincia, ayer, informó la mañana de este martes Sharon Hernández, portavoz de la Fiscalía.

Ferracci fue abordado por oficiales de la Policía de Control de Drogas (PCD), quienes por medio de un escáner lograron observar 94 óvulos de cocaína dentro del estómago del imputado, amplió la Fiscalía.

 

Telefonía y electricidad son esenciales, dice juez al declarar ilegal paro en ICE/ También ilegal en INS

Edgar Fonseca, editor

Tras 28 días de paros laborales decretados por organizaciones  sindicales tanto en el ICE como en el INS, en protesta contra el plan de reforma fiscal, los movimientos fueron declarados ilegales en ambas instituciones por jueces de Trabajo este lunes.

En el ICE, ¨por ser servicios públicos esenciales la electricidad y la telefonía se debe declarar la calificación de huelga solicitada como ilegal”, dijo el juez Yadir Jiménez Gutiérrez del Juzgado de Trabajo del Primer Circuito judicial de San José.

En el INS, la declaratoria de ilegalidad se basó en que el sindicato UPINS no cumplió con los requisitos de agotar la etapa de la conciliación y de acreditar un porcentaje mínimo de participación de los trabajadores, según resolvió el juez César Roberto Delgado del Juzgado Civil y de Trabajo del III Circuito Judicial de Alajuela.

Con esta sentencia, según Casa Presidencial, suman quince las declaratorias de ilegalidad del paro en instituciones públicas, mientras dos recibieron sentencia de legalidad.

El movimiento laboral quedó reducido en el fin de semana al Magisterio luego que los principales sindicatos de la CCSS llegaron a un arreglo y pusieron fin a la paralización de actividades en hospitales, clínicas y Ebais en todo el país.

El apoyo al movimiento en el sector salud se redujo en un 70% tras dicho acuerdo y solo sumaba el 2% de la planilla de la entidad.

Al viernes el apoyo al movimiento en la Caja era de 3.491 funcionarios, pero para este lunes se informó de 1.063, lo que implicó una reducción de un 69,5%.

El movimiento, que en su inicio el pasado 10 de septiembre alcanzó un 22% de los empleados de la institución, ayer se redujo a un 2,2%, destacó la versión oficial.

Las resoluciones de ilegalidad –según recuento de la Presidencia– se dieron en el Consejo Nacional de Producción, Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, Comisión Nacional de Emergencias, Banco Central, Junta de Protección Social, Junta de Administración Portuaria de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), Instituto Mixto de Acción Social (IMAS), Correos de Costa Rica, Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE), Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) e Instituto Nacional de Seguros (INS).

Un derecho con excepciones

En el caso del paro en el ICE, el juez Jiménez sostuvo que “la huelga es un derecho de todos, ejercitable en cualquier actividad, con la excepción del caso de una actividad que constituye “servicio público”.

“Existe prohibición expresa a la misma, por su naturaleza e impacto social que tienen, no siendo posible bajo ninguna perspectiva legal suspender, discontinuar o paralizar sin causar daño significativo, grave e inmediato”, consignó la sentencia que afecta al movimiento promovido por el Frente Interno de Trabajadores (FIT).

“De acuerdo con la Constitución Política, normativa laboral, jurisprudencia, tratados internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, por ser servicios públicos esenciales la electricidad y la telefonía se debe declarar la calificación de huelga solicitada como ilegal”, añadió la resolución.

La sentencia condenó a cada una de las ocho organizaciones sindicales al pago de costas, estableciendo un monto de ₡500.000 para cada una, informó Casa Presidencial.

  • Ver sentencia de ilegalidad de paro en el ICE: Sentencia ICE *

Mínimo apoyo al paro en hospitales y clínicas tras acuerdo

Edgar Fonseca, editor

Hospitales y clínicas de la CCSS  volvieron ayer a una relativa normalidad luego de 28 días de paro decretado por organizaciones sindicales en protesta contra el plan de reforma fiscal.

El apoyo al movimiento se redujo en 70% en el fin de semana tras un acuerdo de fin de paro alcanzado entre jerarcas de la Caja y dirigentes de los sindicatos del sector salud a medianoche del viernes. Ayer lunes solo un 2% de los empleados de la Caja permanecía en paro tras el acuerdo.

Con ese arreglo, los dirigentes laborales de la Caja rompieron el bloque sindical que decretó un paro general el 10 de setiembre pero que afectó particularmente la Caja y el Magisterio.

Mínimo apoyo al empezar semana

La Caja Costarricense de Seguros Social ratificó que el apoyo laboral al paro bajó en aproximadamente un 70% en el fin de semana.

Al viernes se registraba un apoyo de 3.491 funcionarios, pero para este lunes se informó 1.063, lo que implica una reducción de un 69,5%.

El movimiento, que en su inicio el pasado 10 de septiembre alcanzó un 22% de los empleados de la institución, ayer registraba un 2,2% de respaldo, destacó Casa Presidencial.

La Presidencia calificó el dato como  “relevante ya que la CCSS era una de las cinco instituciones en las que se concentró la protesta. Las otras son el Ministerio de Educación, el ICE, Japdeva y RECOPE.

El paro en la CCSS fuer declarado ilegal desde el pasado 1 de octubre por tratarse de un servicio esencial.

El viernes a medianoche, Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS,  y dirigentes sindicales de la Unión Nacional de Empleados de la Caja (UNDECA) y el Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE),  firmaron el acuerdo que depuso el paro al margen del resto de organizaciones sindicales.

Dicho acuerdo aceleró la tendencia al debilitamiento que mostraba el paro en la Caja; la participación bajó un 38% en las semanas del 10 al 21 de setiembre, y un 36% del 24 de septiembre al 5 de octubre, afirmó Casa Presidencial.