Edgar Fonseca, editor/Foto Zoom PuroPeriodismo

Detectar la posible filtración de fondos del crimen organizado en campañas políticas en redes, es uno de los objetivos del proyecto 23885 del Tribunal Supremo de Elecciones con voto afirmativo en comisión.

El TSE rechaza que el plan intente limitar la libertad de expresión como sostiene el gobierno.

El abogado Gustavo Román Jacobo, director de Estrategia y Gestión Política del TSE, descartó que esa sea la intención del proyecto, como criticó el presidente Rodrigo Chaves, quien adelantó que lo vetaría.

El derecho a la libertad de expresión es inviolable, ratificó en una entrevista que concedió a este editor vía Zoom Facebook Live el jueves 20 de marzo.

La iniciativa pretende que los ciudadanos conozcan el origen de las fuentes de financiamiento de campañas electorales desde plataformas digitales que hoy, por carencia de legislación, permanece en el anonimato, remarcó.

“Contenidos propagandí­sticos pagados no se van a poder hacer a cara encubierta, no se van a poder hacer desde el anonimato, no se van a poder hacer desde perfiles que oculten la identidad de la persona que los está haciendo”, puntualizó.

“Toda la propaganda que hay en Google, en Meta y en otras plataformas, como estas empresas no nos dan esa información, la cubren con un velo de opacidad, entonces no sabemos de dónde viene ese dinero y eso es peligrosí­simo para una democracia”, advirtió. 

El proyecto, dijo, busca evitar que en esas campañas se infiltren dineros de fuentes del crimen organizado cuyos agentes luego cobrarían a los partidos, funcionarios o gobiernos por los aportes.

Obligaría a partidos, personas físicas y jurídicas a identificarse si son fuentes de financiamiento de esas campañas.

Impediría recurrir al uso de perfiles falsos o anónimos para pagar publicidad en redes en tiempo electoral.

El proyecto cuenta con un dictamen afirmativo de comisión suscrito en agosto 2024 por diputados PLN, NR, FA, PLP y PPSD.

La ley permitiría al TSE requerir información de motores globales como Meta (matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram) sobre las campañas pautadas.

Contenidos propagandí­sticos pagados no se van a poder hacer a cara encubierta

–¿Qué elementos clave contiene esta legislación propuesta que está en la corriente legislativa? 

-Una primera declaración que recoge algo ya desarrollado jurisprudencialmente por el Tribunal Supremo de Elecciones es señalar que las normas relativas a la propaganda, sobre todo en lo que tiene que ver con los tiempos en los que se puede hacer propaganda, las vedas en las que no se puede hacer, difundir propaganda que son como se conoce la famosa tregua tres dí­as antes y el propio dí­a de la elección y la tregua navideña que es del 16 de diciembre al 1 de enero previo a la elección, esas reglas aplican también para las plataformas digitales y las limitaciones en cuanto a difusión de encuestas. Es decir solamente se pueden difundir resultados de opinión realizados por empresas, institutos o centros de investigación que se hayan inscrito ante el Tribunal Supremo de Elecciones y aún los resultados de los estudios hechos por instancias no pueden difundirse durante el periodo de veda. Que esas reglas que aplican para la radio, para la televisión y para la prensa escrita, aplican también para las plataformas digitales. Esto no es nuevo. El Tribunal Supremo de Elecciones tiene muchos años de estarlo diciendo pero ahora se llevarí­a a nivel positivo de la ley. 

Una segunda disposición que también tiene precedente jurisprudencial de la acción del tribunal, como juez electoral de los últimos procesos electorales, tiene que ver con la potestad del organismo electoral costarricense para ordenarle a las empresas de plataformas la bajada cautelar de contenidos, cuando estos incurran en dos supuestos, uno es que violen la tregua o la veda y el otro es que infrinjan la prohibición del artí­culo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que prohí­be el discurso de odio, la apologí­a de la violencia, los llamados a la guerra. Ese tipo de propaganda no está amparada por la libertad de expresión. El propio artí­culo de la Convención que regula la libertad de expresión, establece que esa propaganda no es ejercicio de libertad de expresión, y en ese tanto está perfectamente legitimado el Tribunal Supremo de Elecciones, en tanto la Constitución Polí­tica le atribuye la dirección y organización del proceso electoral para ordenar la bajada de esos contenidos. Esto ya se ha hecho en procesos electorales anteriores, pero nuevamente la disposición se lleva a rango de ley en este proyecto del tribunal. 

Luego hay dos disposiciones que sí­ son novedosas y que son muy importantes. La primera dispone que esté prohibido comprar propaganda, hacer propaganda y aquí­ permí­tame subrayar, eso significa pagar por la difusión, difusión pagada, no es un posteo en Facebook, no es un tuit, no es un video que yo me hice en mi canal de YouTube y lo subí­, no es una opinión crí­tica, no es un TikTok que yo hago y que comparto simplemente con las personas que me siguen, no. Estamos hablando de propaganda, de contenidos pagados. Yo le pago a la plataforma para que le dé una difusión masiva a un contenido. Ese tipo de contenidos propagandí­sticos pagados no se van a poder hacer a cara encubierta, no se van a poder hacer desde el anonimato, no se van a poder hacer desde perfiles que oculten la identidad de la persona que los está haciendo, por una razón muy sencilla, porque todas las personas tenemos derecho a aportar a los partidos polí­ticos, a mí­ me gusta tal partido, a este le gusta tal otro, a fulanito le gusta el otro y todos tenemos derecho, no solamente a argumentar y a defender porque nos parece mejor uno u otro sino también a dar plata para impulsar esa causa. Eso es un derecho democrático. Pero también es un derecho democrático que los demás sepan de dónde viene la plata que está impulsando la candidatura a un partido polí­tico. Eso es básico en cualquier democracia que se respete. Las personas tenemos derecho a saber quién paga la fiesta y manda en el baile. ,¿quién está invirtiendo dinero en las campañas electorales?, y la única forma de poder saber eso es que no siga como hoy ocurre, porque hoy ocurre eso, no siga entrando cantidades de dinero opaco a las plataformas digitales para defender causas políticas que no sabemos de donde viene ese dinero.

Toda la propaganda que hay en Google, en Meta y en otras plataformas, la cubren con un velo de opacidad

–Es un punto sino medular, uno de los más polémicos de la propuesta en la corriente discusión legislativa que es obligar a personas fí­sicas, jurí­dicas, partidos polí­ticos a identificarte y a identificar las fuentes de financiamiento para pagar estas pautas publicitarias ¿Por qué tan especí­ficos en ese ámbito? 

-Creo que los costarricenses tendrí­an que preguntarse qué buenas intenciones puede tener una persona o una organización que quiera influir en la opinión pública, influir en la forma de pensar de las personas pero hacerlo desde las sombras, hacerlo tirando la piedra y escondiendo la mano, sin que todos sepamos quién es esa persona ,¿de dónde viene ese dinero?, Usted recordará lo importante que era en un anuncio de televisión por ejemplo o en una página en un periódico la etiqueta campo polí­tico pagado. Eso es una advertencia. Yo estoy viendo ese anuncio que me persuade, que una persona que aspira un cargo es la mejor persona del mundo o que el rival es la peor persona del mundo. Yo estoy viendo, yo sabré si me lo creo o no o qué tanta credibilidad le doy a ese contenido, pero necesito saber, para no estar en estado de indefensión y de vulnerabilidad, que eso es una propaganda que hay alguien que está pagando con esa finalidad. Si hay algo que nos ha costado en América Latina es transparentar el financiamiento partidario, porque ha sido un mecanismo no solamente para condicionar la agenda pública de los gobiernos, es decir, los gobiernos después terminan aprobando polí­ticas públicas que devuelven favores a sus financistas de campaña, sino además para evitar la penetración del crimen organizado, incluso del narcotráfico en la polí­tica y hemos tenido avances importantes en ese esfuerzo. El Código Electoral vigente del año 2009 fue un avance enorme en esa materia porque creó el Departamento de Financiamiento de Partidos Polí­ticos en cabeza del señor Ronald Chacón y eso ha permitido que muchas personas hayan tenido que enfrentar procesos e incluso sanciones penales por irregularidades en el financiamiento partidario. Eso nunca antes del código de 2009, aquí­ en Costa Rica nunca nadie, no digo que haya ido a la cárcel, nunca nadie siquiera enfrentó un juicio por financiamiento irregular, porque no existí­a una ley que le diera armas al Tribunal Supremo de Elecciones para combatirlo. Desde el año 2009 ya la tenemos y los frutos se han dado, pero la inversión publicitaria que se hace en plataformas digitales escapa de ese control. Se lo digo porque nosotros recibimos informes de los partidos polí­ticos de cuánto están gastando en la propaganda, recibimos informes de nuestro sistema de monitoreo de esa propaganda y recibimos los informes de los medios de comunicación de cuales son sus tarifas y cuáles son las personas que están pagando por la propaganda. Eso nos permite cruzar esas tres fuentes de información, junto a otras, información tributaria, información de la seguridad social, otras fuentes de información para saber si realmente esa persona que dice que está aportando dinero a un partido para pagar un anuncio o para pagar una publicidad realmente tiene el dinero para hacerlo y lo está haciendo ella y no es lo que popularmente se conoce un testaferro, una interpósita mano, un tercero que está está fusionando como una mampara para esconder a otro que es el que realmente está metiendo el dinero. Eso funciona muy bien con la prensa escrita, con la radio y con la televisión, porque son medios nacionales, están inscritos en el paí­s y respetan en términos generales la legislación costarricense, pero ocurre que toda la propaganda que hay en Google, en Meta y en otras plataformas, como estas empresas no nos dan esa información, la cubren con un velo de opacidad, entonces no sabemos de dónde viene ese dinero y eso es peligrosí­simo para una democracia.