Edgar Fonseca, editor
La Fiscalía General confirmó este lunes que investiga por supuesto tráfico de influencias a las magistradas Doris Arias Madrigal y María Elena Gómez Cortés.
La investigación está relacionada con la decisión del Juzgado Contencioso Civil de Hacienda de dejar en suspenso una sanción de dos meses sin goce de salario dictada hace una semana por Corte Plena contra dichos magistradas y los magistrados Carlos Chinchilla, expresidente de la Corte y Jesús Ramírez.
Ante consultas de diversos medios de comunicación, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó esta mañana que la magistrada Gómez Cortés figura dentro de la investigación que se realiza desde el jueves anterior por el presunto delito de tráfico de influencias. En el expediente también está la magistrada Arias Madrigal, ratificó la Fiscalía.
Además, la Fiscalía General confirmó que el viernes ordenó que el proceso que llevaba la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción en contra del juez Alcevit Godinez Prado, por aparente prevaricato, fuera acumulado con el de las señoras magistradas.
De esta manera, la FGR tramita la causa 18-93-1218-PE, en contra de las tres personas. Como parte de las diligencias de investigación, la Fiscalía solicitará hoy a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia la apertura del teléfono celular decomisado al funcionario Godinez, el jueves anterior.
De momento esta es la información que puede suministrarse, debido a que el proceso penal es privado, según lo establece el artículo 295 del Código Procesal Penal, afirmó el comunicado del Ministerio Público.
La causa es investigada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), anunció el Ministerio Público la tarde del jueves.
Sanción suspendida es investigada
Los cuatro magistrados de dicha instancia de la Corte Suprema de Justicia fueron sancionados el lunes anterior en medio de la polémica por la desestimación de una causa por supuesto tráfico de influencias que favoreció a los exlegisladores Otto Guevara, Libertario, y Víctor Morales, independiente, vinculados al escándalo del cemento chino.
La investigación contra los cuatro magistrados la instruyó el magistrado Román Solís quien estimó como falta grave haber acogido la desestimación de la causa contra los exlegisladores.
“Se está ante un error grave e injustificado en la administración de la justicia por parte de los magistrados de la Sala Tercera… omitir profundizar en ese informe de llamadas como elemento probatorio de peso, al menos realizar un ejercicio intelectual base para descartar su importancia y no simplemente referenciarlo (con base en las consideraciones del Ministerio Publico), es lo que se cataloga en este acto como un error grave e injustificado por parte de los investigados”, advirtió el magistrado Solís en el informe que remitió a Corte Plena.
El miércoles 11 de julio, Corte Plena, dividida, rechazó suspender a los cuatro magistrados y en su lugar dictó una amonestación por escrito.
El lunes 16 de julio, en medio de la creciente censura pública, los magistrados revirtieron la decisión.
Las magistradas Arias y Gómez defendieron el miércoles la decisión, alegaron que la basaron en razones técnicas y no en intereses políticos.
Presunto prevaricato
La Fiscalía anunció este jueves que investiga presunto prevaricado en la resolución dictada a favor de la magistrada Arias.
La resolución la dictó el juez interino de lo Contencioso, Godínez Prado.
La Fiscalía Adjunta de Probidad confirmó –según la versión oficial– que a las 7:30 de la mañana del jueves abrió una causa penal por el presunto delito de prevaricato, para investigar la actuación y participación de las distintas personas funcionarias judiciales que tuvieron relación con el trámite judicial y la resolución de la medida cautelar solicitada por la magistrada Arias.
Dicha fiscalía ordenó a la policía judicial secuestrar elementos probatorios relevantes para la investigación, diligencia que está siendo ejecutada en los Tribunales de Justicia del Segundo Circuito Judicial de San José. La diligencia que se realizó fue secuestro de documentos y no allanamiento, sostuvo el ente acusador.
La investigación se realiza de momento contra persona ignorada, añadió la versión oficial.
Por seguridad en la preservación de la prueba, la Fiscalía ha dispuesto que no se puede detallar sobre la evidencia localizada ni en aspectos adicionales del proceso penal, agregó el informe.
