Edgar Fonseca, editor
La Corte Suprema de Justicia dio marcha atrás y sancionó este lunes con dos meses de suspensión sin goce de salario a cuatro magistrados, entre ellos al hasta hoy presidente, vinculados a una polémica desestimación de una causa contra dos exdiputados ligados al escándalo del cemento chino, confirmaron fuentes fidedignas del Poder Judicial.
Horas antes de esta decisión, el magistrado presidente Carlos Chinchilla, uno de los sancionados, anunció sorpresivamente que se jubilaba a partir de este lunes.
La suspensión de un presidente de la Corte no tiene precedentes, destacó una fuente autorizada.
Sacudidos por el escándalo y la repulsa pública por la leve sanción de amonestación escrita que habían determinado el miércoles anterior, 19 magistrados de Corte Plena revirtieron la decisión y acordaron la suspensión que afecta a los magistrados Chinchilla, Jesús Ramírez, Doris Arias y María Elena Gómez Cortés de la Sala III Penal.
La polémica está relacionada con la desestimación acogida por la Sala III Penal, en el caso de los exdiputado Otto Guevara, Libertario, y Víctor Morales Zapata, independiente, por supuesto tráfico de influencias en relación con el empresario Juan Carlos Bolaños, protagonista clave del escándalo del cemento chino.
La semana anterior, Corte Plena, en decisión dividida, recomendó amonestar por falta grave, y no suspender por falta gravísima, a los magistrados Chinchilla, Ramírez, Arias y Gómez de la Sala III Penal.
El magistrado Román Solís investigó el proceder de sus colegas magistrados en dicho caso. “Se está ante un error grave e injustificado en la administración de la justicia por parte de los magistrados de la Sala Tercera… omitir profundizar en ese informe de llamadas como elemento probatorio de peso, al menos realizar un ejercicio intelectual base para descartar su importancia y no simplemente referenciarlo (con base en las consideraciones del Ministerio Publico), es lo que se cataloga en este acto como un error grave e injustificado por parte de los investigados”, advirtió Solís en el informe que remitió a Corte Plena.
Este lunes y tras trascender la gestión de jubilación de Chinchilla, y en medio de la creciente censura pública, los magistrados revirtieron la decisión.
Una revisión presentada por un magistrado permitió replantear la sanción, dijeron esta tarde fuentes fidedignas de Corte Plena.
La votación del miércoles no había llegado a un voto definitivo. La amonestación eran diez y la suspensión eran doce. No había un acuerdo definitivo, se requerían doce para la amonestación y quince, mínimo, para la suspensión. Por ser un acuerdo administrativo, que no estaba firme, se podía revisar; ha pasado en otros casos, ratificaron las fuentes fiables consultadas por PuroPeriodismo.com.
Sorpresiva gestión de jubilación
El magistrado Chinchilla, de 55 años, se jubiló sorpresivamente a partir de este lunes en medio del escándalo, confirmaron fuentes oficiales del Poder Judicial.
La jubilación rige a partir de este lunes, ratificó Sandra Castro, portavoz de la Corte Suprema de Justicia.
Por años de servicio, Chinchilla tiene derecho a la jubilación, amplió Castro.
La magistrada Carmenmaría Escoto asume la presidencia interina de la Corte.
La jubilación de Chinchilla se conoce, casi dos meses después que se acogió a su pensión el magistrado Ernesto Jinesta, entonces presidente de la Sala Constitucional, de 52 años, un férreo defensor del cuestionado sistema de pensiones judiciales.
En 2016, Jinesta Lobo generó controversia pública tras trascender una fuerte crítica suya a quienes adversaban dicho régimen.
“Voy a mantener una actitud activa y combativa, tanto en esta Corte como respaldando a todo el funcionariado judicial, en todas las marchas, reuniones y movimientos de huelga que haya”, advirtió el magistrado Jinesta, en sesión de Corte Plena el 20 de junio de 2016, según informó La Nación el 28 de octubre de 2016.
“Tengan la plena seguridad que si paramos las materias de Tránsito, Pensiones Alimentarias, Penal y Constitucional -no digo que las otras materias no sean importantes- incluso hasta cobros judiciales, ellos y ellas verán la relevancia y el significado que tiene la función jurisdiccional, porque se darán cuenta que el país se paraliza total y absolutamente”, advirtió Jinesta en aquel momento.
Año convulso para la Corte
El magistrado Chinchilla deja la Corte tras un año y dos meses de gestión en medio de un convulso ambiente por críticas de la opinión al cuestionado sistema de pensiones del Poder Judicial.
Chinchilla sustituyó a Zarela Villanueva quien se jubiló con una pensión de ¢9,8 millones, ¢6.9 millones con deducciones, el 11 de mayo de 2017.
Con dicho monto –según informó La Nación en ese momento– “la exmagistrada de 64 años se sumó a la lista de 50 exfuncionarios del Poder Judicial que devengan una pensión superior a los ¢5 millones”.
Según dicho diario, el Poder Judicial tiene 3.013 jubilados activos, de los cuales: 52% reciben un montó inferior a ¢1 millón, 19% (más de ¢1 millón), 13% (¢2 millones), 12% (¢3 millones), 2% (¢4 millones) y 2% (¢5 millones o más). Y hay 731 pensionados activos, los cuales corresponden a pensiones heredadas por el jubilado judicial después de su fallecimiento.
A mitad de julio del año anterior estalló una huelga en el Poder Judicial, movimiento con el que el frente sindical judicial presionó contra cualquier reforma a su cuestionado régimen de pensiones.
En la Asamblea Legislativa se tramitó una profunda reforma a dicho régimen que lo equipare con el resto de regímenes de pensiones públicos.
“Estamos pasando tiempos difíciles para el Poder Judicial”, admitió Chinchilla el 22 de mayo del año anterior tras ser electo presidente de la Corte.
“No estamos opuestos a que se modifique el régimen de pensiones, no. Creemos que es necesario modificarlo”, reconoció Chinchilla ante los medios luego de ser electo presidente de la Corte, en votación secreta.
“No estamos opuestos a que se revise. No estamos opuestos a que se hagan cambios”, insistió Chinchilla Sandí con más de 30 años en el sector judicial, presidente hasta ahora de la Sala de Casación Penal.
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Diez magistrados tienen derecho
-¿Cuántos magistrados de la Sala IV tienen aprobada su jubilación?
-3 Magistrados tienen el derecho aprobado para la jubilación.
-¿Desde cuándo iniciaron dichos magistrados las gestiones de jubilación y cuándo les fueron aprobadas?
-Fernando Castillo Víquez 18/11/2014, Fernando Cruz Castro 01/06/2005 y Nancy Hernández López 01/07/2017.
Pero no revelan montos
-¿Cuáles son los montos de esas pensiones aprobadas a dichos magistrados de la Sala IV?
-No hay monto, debido a que ellos solicitaron la fijación de derecho. Esto nos representa si cuenta con los requisitos para la jubilación. Cuando soliciten la jubilación se les elabora los cálculos y montos respectivos.
-¿Se pueden conocer los nombres de dichos magistrados?
–Fernando Castillo Víquez, Fernando Cruz Castro y Nancy Hernández López.
Del resto de salas
-Del resto de Salas de la Corte Suprema de Justicia, ¿cuántos otros magistrados tienen aprobada su jubilación?
-Sala Primera: Luis Guillermo Rivas Loaiciga 01/07/2005, Román Solís Zelaya 01/11/2008, Carmenmaria Escoto Fernández 01/09/2012.
-Sala Segunda: Orlando Aguirre Gómez 02/10/1990 y Julia Varela Araya 01/09/2007.
-Sala Tercera: Jesús Ramírez Quirós (Fijación de Derecho 01/12/2012) Doris Arias Madrigal (Fijación de Derecho 15/10/2016)
