Edgar Fonseca, editor
“Al 13 de marzo se llevan 45 homicidios en este mes, de continuar la tendencia actual, marzo podría terminar en unos 100 homicidios. La proyección parcial de homicidios para el 2025 ronda los 925 a 975 homicidios sino se da ningún cambio”, advirtió el director del OIJ, Lic. Randall Zúñiga, en un post X la mañana de ayer viernes 14 de marzo.
Su mensaje prevé que este año habrá nuevo récord en las cifras de la violencia del crimen organizado, sin que se vislumbre a corto o mediano plazo un freno importante en tan grave tendencia.
Su mensaje también confirma esa percepción que campea en la opinión pública: ni Seguridad Pública ni el OIJ logran contener, lamentablemente, y pese a los esfuerzos diarios, desde uno u otro flanco, la ola de sicariatos.
Los “capos” de minicarteles se empoderan de comunidades, sea en Batán o Alajuelita y se vuelven intocables, inalcanzables, pese a los costosos operativos de “reacción” ante los acontecimientos.
Algo no responde, conforme debe ser, en las tareas de inteligencia, investigación y persecución de estos individuos y sus redes.
Actúan sorpresivamente, siembran el terror y escapan impunemente. Son centenares, al menos mil los que andan sueltos, según datos oficiales.
Se extiende, así, una sensación de inseguridad de la que puede ser testigo o víctima cualquier ciudadano, en cualquier momento y cualquier recodo del territorio.
La enconada oposición desde la Presidencia de la República a coordinar con estamentos policiales-judiciales o fiscales evidencia un desdén absoluto hacia las inquietudes ciudadanas.
Por mezquindad o por mero cálculo a las puertas de la campaña electoral, la Presidencia juega con fuego al torpedear iniciativas legales que buscan actualizar y emparejar la batalla entre las esferas institucionales y el desafío del crimen organizado y de las mafias del narco local e internacional.
Desde Casa Presidencial campea la intención de “tierra arrasada”, sin importarles que el país se vaya al abismo.
Pese a la emergencia, es ilusorio aspirar a que entren en razón, dado el odio, el insulto o la chabacanería que propagan.
Andan muy ocupados en atacar y deslegitimar instituciones y jerarcas.
Pero se necesita de un alto en el camino, de unos y otros.
El país no debe recibir resignado las alarmantes proyecciones del director del OIJ.
Deben avanzarse y consolidarse las reformas legales sustantivas que tramita el Congreso pese al boicot presidencial.
Y, a la vez, pareciera necesaria una revisión crítica de las estrategias seguidas por los órganos de seguridad hasta ahora en esta “guerra” contra el narcoterrorismo.
Las amenazantes cifras demandan respuestas urgentes y coherentes.
