Jorge Corrales, economista
En alto grado sabemos del cierre del Banco Crédito Agrícola; los detalles de esa situación espero que se conocerán con el paso del tiempo, incluyendo, ojalá, la responsabilidad de las autoridades actuales del país que no han tomado las medidas de cierre adecuadas y que ha provocado pérdidas mucho mayores, que si se hubiera actuado a tiempo. No entraré a pedir cuentas, pues es sabido que probablemente nunca saldrán a la luz los responsables de todo eso. Más bien quiero ahondar acerca de ciertas medidas y situaciones recientes que parecen destinar al banco hacia una quiebra plena.
Me baso en el artículo de La Nación titulado “Interventor: Bancrédito se encamina a la quiebra técnica: Pérdidas de ₡30.000 millones se comieron 45% del patrimonio en un año.”
Entendamos lo que significa patrimonio: básicamente la diferencia entre lo que se tiene y lo que se debe: su valor neto; si pagara todo lo que debe, lo que le termina quedando.
El banco tenía al cierre del 2016 un patrimonio de ₡68.130 millones antes de entrar en la crisis ya conocida. Si se toman en cuenta las pérdidas del 2017 más las de enero recién pasado, su patrimonio quedaría en sólo ₡37.407 millones: esto es, en un año el banco ha perdido un 45% de su patrimonio.
Lo que al final de todo le queda a los ciudadanos, dueños de ese ente público, en ese lapso se ha reducido fuertemente.
Las razones de las pérdidas en este año, el medio las atribuye al “menoscabo de la cartera de crédito debido a operaciones que entraron en morosidad o pasaron a cobro judicial”… y “por el registro del gasto para crear la provisión de cesantía de los empleados de la institución.”
El gobierno intervino el banco a fines del año pasado, después que en mayo de ese año cerrara su operación financiera y “transformarlo en un banco de fomento. No obstante, dicho plan nunca prosperó.”
El interventor del banco, don Marco Hernández, de acuerdo con el medio, “resaltó que la situación financiera del banco dependerá de la gestión que se realice en la recuperación de los activos -cartera de crédito- así como del comportamiento del pago que tengan” que hacer quienes le deben al banco.
Lo sorprendente y hasta malévolo
Pero, y he aquí lo sorprendente y hasta malévolo, es que, en primer debate, los diputados aprobaron el pasado 8 de marzo, dar a los 694 empleados (477 ya despedidos y 217 que aún laboran en el banco) un monto adicional de ₡3.000 millones a todas las prestaciones laborales ya contempladas en su proceso de administración de la crisis.
O sea, se otorga un monto adicional a las estimaciones de ley que se debe pagar a los trabajadores en caso de liquidación o cierre de la firma, que equivalen, en promedio, a cuatro meses más de salarios, lo que significa un monto promedio de ₡4.322.766, adicionales a los pagos que por ley se dan por el cierre del banco.
¿Nos debe sorprender este nuevo olio indebido de recursos públicos que hacen algunos políticos y que será cubierto por toda la ciudadanía?
Realmente no, pues por otro lado, en un banco -el Nacional-, debido a que en este año las ganancias no fueron tan altas como el previo, al financiar proyectos que no fueron rentables, se reduciría lo que se les reparte a los empleados como bonificación del 15%. Eso ha hecho que los empleados -como si fueran dueños del ente- amenacen con ir a huelga por esa rebaja de su privilegio.
El serio daño de la decisión de obsequiar recursos públicos o privilegiar a unos pocos con fondos pagados por todos los ciudadanos, fue claramente expuesto por el interventor del banco, quien dijo que se preveía una utilidad para el mes de febrero de ₡697 millones y que “no esperaban mayores pérdidas”, pero, “el panorama dio un giro” debido a esa concesión graciosa de diputados, que es así como usan el dinero de todos los ciudadanos. En un comentario de La Nación del 9 de marzo, “Empleados de Bancrédito se van con ₡3.000 millones,” se lee la oportuna manifestación del interventor Hernández, que aprobar ese proyecto -como se dio afortunadamente sólo en una primera instancia- “implicaría una carga que elevaría sobremanera el pasivo laboral y para lo cual el Banco no tendría la liquidez para su pago oportuno.”
Sonrientes, 14 diputados de casi todos los partidos políticos hoy representados en la Asamblea Legislativa, han decidido quitarles esos recursos a las personas (posiblemente por medio de mayores impuestos), para dárselos a un grupo específico. Nada más rico que regalar plata ajena… Después de todo, dicen no explicarse (o no querer aceptar) por qué la gente está tan molesta con la acción de los políticos tradicionales.
La buena noticia es que, poco antes de publicar este comentario, el presidente de la República indicó que vetaría ese proyecto, lo cual mucho me alegra. El escéptico se preguntará por qué, si se sabía de la aprobación legislativa de ese proyecto antes de las elecciones, no que lo vetaría informó antes de que se realizaran. El realista dirá que eso no reduce el exceso de gasto público, pues nunca se realizó y, si se le considera un esfuerzo tardío por reducir el gasto, lamentablemente, si bien ejemplar, es poca cosa comparado con lo que se debería hacer en vez de aumentarnos los impuestos a los ciudadanos.
