Jorge Corrales Quesada, economista
Salió a la luz pública la información que el diésel vendido por RECOPE ocasiona daños de alto costo a los vehículos que se ven obligados a comprarlo.
Lo informó La Nación en su edición del 5 de marzo, bajo el titular “Choferes culpan al diésel por daños de alto costo en carros: RECOPE distribuye desde noviembre carburante que afecta bombas de inyección.”
Una vez más, podemos estar frente a un caso en que la burocracia toma medidas posiblemente con buenas intenciones, pero que generan consecuencias no previstas o no consideradas, que dan lugar a costos indeseables.
¿Menos aromático?
Resulta que, según RECOPE, decidió adquirir y distribuir a partir de noviembre del año pasado, un tipo de diésel que contenía menos azufre y sustancias conocidas como “aromáticos,” que se supone causarían menor daño a la salud y al ambiente.
La información no señala que este “nuevo” diésel fuera más o menos costoso que el previamente importado, así como si la posible variación en el precio ya fue trasladada a los consumidores. Ese menor daño ambiental y a la salud, asumiendo costos similares, era un objetivo loable, pero resultó que su uso dañó motores de numerosos vehículos.
En una conferencia de prensa de RECOPE del 23 de febrero pasado, señaló que “habían recibido no más de 30 quejas de usuarios. Sin embargo, informes oficiales señalan que para el 26 de febrero los reclamos eran 45,” indica el medio. Asimismo, se indica que, en criterio de mecánicos y dueños de los vehículos envueltos en el asunto, los costos de hacer los arreglos de los motores dañados exceden de ₡500.000.
RECOPE “admitió que el carburante daña los empaques de la bomba de inyección, pieza que regula el ingreso del hidrocarburo a la cámara de combustión del motor”.
Hasta aquí lo único que puede parecer sorprendente es que una institución estatal -el monopolio de RECOPE- acepte que lo que vendió causa el daño, aunque, de pronto, empiezan movimientos al costado tratando de eludir la responsabilidad que le corresponde.
Así, la presidenta ejecutiva de RECOPE, según el medio, “afirma que el nuevo combustible solo evidencia faltas de mantenimiento preventivo para sustituir piezas desgastadas”.
Esto es, deberían los consumidores haber sabido que el nuevo diésel estaba provocando ese daño y, por ende, cuando los “ignorantes” se hubieran dado cuenta de la causa y efecto sobre su motor, acudir a que se reparara preventivamente el daño.
Si se dieron cuenta del daño -deberían haberlo sabido, convertidos en expertos conocedores de los motores y de las características del nuevo diésel que les vendía el monopolio- y no acudieron a arreglarlo, ha de haber sido porque pretendían obtener beneficio de la pobrecita víctima RECOPE, al pedir después el resarcimiento de los costos.
Me parece que RECOPE considera que hay mala fe de los denunciantes, al no haber acudido antes a arreglar sus vehículos y ahora pretender cobrarle -¿algo indebido?- a RECOPE.
Para no causar alarma…
Lo peor es lo que sigue: se le preguntó a la presidenta ejecutiva de RECOPE, que “¿Por qué RECOPE no divulgó la situación si desde enero sabía de los problemas?” y la respuesta fue: “Para no causar alarma.”
¿Cuál alarma? ¿No hay una seria responsabilidad de las autoridades de RECOPE al ocultar el hecho ya sabido de que un producto que vende monopolísticamente causa daño a la propiedad de automovilistas que usan ese producto? ¿En qué queda la transparencia en el sector público? ¿Por qué intentan ocultarle al consumidor la calidad y efectos del producto vendido?
¿Por qué RECOPE trata de no reconocer y con ello evitar el pago por los daños causados? Someter estas acciones del monopolio a la ignorancia y silencio ante los consumidores, puede no solo ser inaceptable, sino que, desde ya, los órganos jurídicos de control correspondientes deberían actuar ante la pretendida ley mordaza.
Que se sepa, desde ahora que cualquier gasto derivado de este desaguisado de la aristocracia administrativa de RECOPE no se le debe cargar de manera alguna a los ciudadanos por medio de aumentos en los precios de los combustibles. Esos daños deben asumirlo, responsablemente, quienes directamente lo provocaron.
