Edgar Fonseca, editor
Menos de 24 horas después que Corte Plena suspendió por tres meses de sus funciones al magistrado Celso Gamboa, envuelto en el escándalo del “cementazo”, fue allanado su despacho en el sétimo piso del edificio central del Poder Judicial en una acción dirigida por la fiscal general interina, Emilia Navas Aparicio.
El allanamiento, sin precedentes recientes en la Corte Suprema de Justicia, autorizado por la Sala de Casación Penal culminó a las 9 p.m.
A esa hora la Fiscal Navas ratificó a la prensa que la diligencia implicó el allanamiento, registro y secuestro de evidencias en el despacho de Gamboa.
A la fiscal Navas la acompañaron otros tres fiscales y agentes anticorrupción del OIJ.
“Es una fiscal plantada y a su lado tiene otros fiscales y fiscalas plantados”, advirtió una alta fuente judicial anoche.
La fiscal Navas, pronta a cumplir 30 años de carrera judicial, fungió en 210 como fiscal adjunta de la Fiscalía de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios, detalló el Ministerio Público.
En noviembre del 2010 y hasta marzo del 2012, fue fiscala adjunta del II Circuito Judicial de San José, y de abril del 2012 a junio del 2013 regresó a la Fiscalía de Heredia, como fiscala adjunta.
Desde julio del 2013 hasta el 13 de octubre del 2017, se desempeñó como fiscala adjunta de la Unidad de Fraudes de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, en San José.
Operativo sorpresivo
No se recuerdan antecedentes de un allanamiento al despacho de un magistrado, añadió una fuente fidedigna de Corte Plena.
El mensaje que se le manda al país es que se hace lo que se debe hacer en casos como estos, agregó dicha fuente.
El sorpresivo operativo, ejecutado a partir de las 5:47 p.m., en la oficina del magistrado Gamboa se dio horas después de que la Fiscalía General confirmó que abrió una causa contra dicho funcionario por cuatro supuestos delitos.
La Fiscalía lo investiga por los supuestos delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, incumplimiento de deberes y cohecho, confirmó este jueves el Ministerio Público.
“Ante reiteradas consultas de los medios de comunicación, la Oficina de Prensa del Ministerio Público confirma que la Fiscalía General de la República tiene abierta una causa penal contra el magistrado Gamboa, bajo el expediente 17-15-0033-PE. Los hechos investigados tienen fundamento en la denuncia presentada el 12 de octubre por la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística”, ratificó la Fiscalía.
Una fuente de Corte Plena dijo que la decisión de suspender a Gamboa “fue complicada y difícil”, lo que se concretó tras una maratónica e inusual sesión privada de casi nueve horas la tarde-noche del miércoles.
4 presuntos delitos
De momento–añadió el ente acusador — se indagan los posibles delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, incumplimiento de deberes y cohecho, sin perjuicio de que, conforme avance el caso, se puedan recalificar los delitos.
La causa penal se encuentra en la etapa preparatoria, la cual consiste en la recolección y análisis de pruebas. De conformidad con el artículo 295 del Código Procesal Penal, sobre la privacidad de las actuaciones en esta fase del proceso, no es posible ampliar información sobre el caso, advirtió la Fiscalía en un informe divulgado a las 10:16 a.m.
La Fiscalía General garantiza a la ciudadanía la transparencia, valentía y objetividad con la cual se está investigando este y todos los expedientes penales, consigna el informe oficial.
Complicada y difícil decisión de suspenderlo
Una fuente fidedigna del Poder Judicial ratifico que fue “complicada y difícil” la sesión extraordinaria hasta lograr la suspensión. A las 10:56 p.m. del miércoles se confirmó oficialmente.
Según la fuente consultada, se espera que la decisión sirva para rectificar y corregir el rumbo a lo interno del Poder Judicial, sacudido por este escándalo y por las fuertes críticas a su cuestionado régimen de pensiones.
Tras la drástica decisión tanto con el magistrado Gamboa como con el Fiscal Chavarría , un veterano judicial, se espera que retornen aires de credibilidad a la Fiscalía y a la misma función judicial, ahondó la fuente.
Gamboa, nombrado magistrado el 10 de febrero de 2016, experto en inteligencia y seguridad, exministro de Seguridad y ex fiscal general adjunto, planteó recusaciones contra 15 de los magistrados integrantes de Corte nPlena.
Esto prolongó la incertidumbre sobre la decisión final, adoptada sobre la base de un pedido del propio presidente de la Corte, magistrado Carlos Chinchilla, y de dos organizaciones gremiales.
Gamboa fue suspendido menos de una semana después que la Corte Plena suspendió, también, por tres meses de sus funciones al Fiscal General, Jorge Chavarría, por cuestionadas decisiones relacionadas con el escándalo del “cementazo” que se desató desde la cúpula de la administración Solís y se propagó al sector judicial y empresarial.
Una comisión legislativa investiga gestiones del empresario Bolaños que le facilitaron créditos en el BCR por $30 millones a la empresa Sinocem, vinculada a él.
Una causa por presunto tráfico de influencias contra los diputados Víctor Morales Zapata, uno de los principales operadores políticos del presidente Solís y del diputado Otto Guevara, candidato del Libertario, fue desestimada por la Fiscalía. El presidente de la Corte, magistrado Chinchilla, cree que la Fiscalía indujo a error a la Sala de Casación al omitir un informe del OIJ de 792 contactos telefónicos entre el empresario y los dos diputados.
La suspensión del magistrado, dispuesta de Corte Plena, fue calificada como una medida cautelar gestionada por el magistrado presidente Carlos Chinchilla por dos organizaciones gremiales del Poder Judicial.
A Gamboa le aplicaron los artículos 182 y 222 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre medidas disciplinarias adoptadas en sesión secreta.
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Fiscala de combate contra la corrupción
La Fiscala Emilia Navas Aparicio, pronta a cumplir 53 años, quien dirigió ayer el sorpresivo allanamiento del despacho del magistrado Celso Gamboa conoce las vicisitudes de combatir delitos de corrupción.
En sus casi 30 años de trayectoria judicial, pasó de ser alcalde de Alfaro Ruiz y juez mixto de Puriscal en 1988 hasta 2010 como fiscal adjunta de la Fiscalía de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios, detalló ayer el Ministerio Público.
Paso a paso:
-Entre octubre de 1988 y marzo de 1994, ocupó cargos como alcaldesa de Alfaro Ruiz, Jueza Mixta de Puriscal, Jueza Laboral de Alajuela, Agente Fiscal de San José, Alajuela y San Ramón.
-Entre abril de 1994 y octubre de 1996, se desempeñó como agente fiscal de San Joaquín de Flores, y entre esa última fecha y noviembre del 2003, fue coordinadora de ese despacho.
-Entre enero del 2001 y diciembre del 2002 ocupó el cargo de fiscala coordinadora de homicidios en Heredia; y de diciembre del 2003 a julio del 2004 se convirtió en la fiscala adjunta de la Fiscalía de Heredia.
-De agosto del 2004 y hasta abril del 2010 fungió como fiscala adjunta de Heredia; entre mayo y julio del 2010 como fiscal adjunta de Alajuela; y de agosto a octubre de ese mismo año como fiscal adjunta de la Fiscalía de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios.
-De noviembre del 2010 y hasta marzo del 2012, fue fiscala adjunta del II Circuito Judicial de San José, y de abril del 2012 a junio del 2013 regresó a la Fiscalía de Heredia, como fiscala adjunta.
-Desde julio del 2013 hasta el 13 de octubre del 2017, se desempeñó como fiscala adjunta de la Unidad de Fraudes de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, en San José.
-El 13 de octubre fue nombrada por la Corte Plena como fiscal subrogante durante un año, y como Fiscala General a.i. por un período de tres meses.
Navas Aparicio nació el 16 de diciembre de 1964, en San José, Costa Rica. Es licenciada en Derecho y notaria pública, por la Universidad de Costa Rica (1988), y tiene una maestría en Administración de Justicia por la Universidad Nacional (2013).
Ha sido docente de la Universidad Nacional, en Heredia, del curso de Aprovechamiento de Facilitadores Judiciales, auspiciado por la Comisión Nacional de Mejoramiento de la Administración de Justicia y la Organización de Estados Americanos.
En abril 2014, fue representante de la Fiscalía General en el Taller sobre Ciberdelincuencia, en la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores de México, consignó un informe del Ministerio Público.
Capacitada en investigación de lavado de activos
A lo largo de su trayectoria ha recibido capacitación entre otras áreas en al investigación de lavado de activos del crimen organizado.
– Jefaturas líderes y programa de competencias gerenciales para el Ministerio Público. Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública y Universidad de Costa Rica. Noviembre 2013.
– Investigación financiera y Auditoría Forense. Delitos Económicos. Centro para la Administración de Justicia, Florida Internacional University y Unidad de Capacitación del Ministerio Público. Octubre y noviembre 2013.
– Lucha contra la Delincuencia Económica, el blanqueo de capitales y la corrupción desde el ámbito tributario y financiero. Centro de Formación de Cooperación Española. Montevideo, Uruguay. Setiembre 2013.
– El delito de Lavado de Activos. Centro para la Administración de Justicia y Florida Internacional University. Agosto 2013.
– Programa de alto nivel de Gerencia para los y las fiscalas del Ministerio Público. Universidad Fundepost Alma Mater. Mención de Honor. Enero 2008.
– Abordaje de los delitos de Narcotráfico y de Legitimación de Capitales provenientes de la narcoactividad. Escuela Judicial. Setiembre 2001.
- Fuente: Ministerio Público
