“Aumentazos” de ¢500 mil y más en Poder Judicial en la mira

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Sep 27, 2017

Edgar Fonseca, editor

Dos pluses o “aumentazos” por más de ¢500 mil aprobados a 46 funcionarios de la clase gerencia del Poder Judicial, entre ellos magistrados, entre 2008 y 2010, serán revisados por la Sala Constitucional en medio de crecientes criticas publicas a la institución por privilegios, entre ellos el cuestionado régimen de pensiones bajo analistas legislativo.

Para hoy esta convocada una marcha sindical frente a la Corte “contra el Fiscal y la corrupción”, que no cuenta con el aval de la institución.

La Sala Constitucional, por unanimidad, mediante resolución 2017-15272 de las 9:30 hrs. del 25 de septiembre de 2017 dispuso admitir para estudio y resolución la acción No. 17-6076-0007-CO, presentada contra los acuerdos de Corte Plena que aprobaron el aumento de la clase gerencial del Poder Judicial, informo el ente judicial.

La Sala estuvo integrada por el Magistrado Presidente, Ernesto Jinesta Lobo y los Magistrados Fernando Cruz Castro, Fernando Castillo Víquez, Paul Rueda Leal, Nancy Hernández López, Luis Fdo. Salazar Alvarado y José Paulino Hernández Gutiérrez.

Los aumentazos

Los acuerdos de aumentos a su clase gerencial fueron adoptados en sesiones ese agosto 2008 y noviembre 2010. La acción de inconstitucionalidad en contra de ambas decisiones la presentaron dos disputados del Frente Amplio.

En la sesión N°26 del 11 de agosto del 2008 los magistrados aprobaron un plus salarial para 46 puestos gerenciales del Poder Judicial

La decisión beneficio a magistrados y otros funcionarios de la llamada clase gerencial con un plus salarial mensual desde los ¢8 mil hasta los ¢455 mil colones, con una alza en algunos casos de hasta un 57,6%.

El segundo aumento lo decretaron los magistrados en la sesión N° 32 del 8 de noviembre del 2010. Al plus creado en el 2008 adicionaron aumentos de entre un 12.18% hasta un 65.67%.

Protesta hoy

La decisión de la Sala Constitucional de revisar los polémicos aumentos, se dio horas antes de que una marcha sindical se desarrollara en el perímetro judicial de la capital esta manana.

La marcha se da en un ambiente publico caldeado por el escándalo de la alegada relación del magistrado Celso Gamboa con el empresario importador de cemento Juan Carlos Bolanos.

Bolanos figura en el epicentro de una investigación legislativa por polémicos prestamos de hasta $30 millones del BCR a la empresa Sinocem vinculada a el. El caso ha sido llamado “el cementazo”, el peor escándalo político y de transparencia que afecta a este gobierno. (Ver mas adelante, BCR no corre peligro, dice gobierno)

Gremios y Corte chocan

El magistrado Gamboa niega ninguna relación anómala con el controversia empresario aunque dijo ser conocido suyo.

La marcha de hoy se da, también, en medio de crecientes criticas en las ultimas horas a la gestión del Fiscal General, Jorge Chavarria, a quien algunos líderes y sectores fustigan por el manejo de sensibles casos de presunta corrupción en la función publica.

Chavarria califica las criticas como un “escandalillo” y los magistrados desistieron de perder su renuncia el pasado lunes.

Sindicatos del grupo Bussco convocan a la marcha contra el “Fiscal y la corrupción” a las 10 a.m. de este miércoles.

Los empleados judiciales no lograron el aval de la institución para participar en la marcha que es convocada insistentemente desde el Frente Gremial del Poder Judicial con mensajes e imágenes de figuras como Simon Bolivar y Jose de San Martin.

“Luchamos contra la corrupción, enemiga de una virtud esencial del equilibrio democrático de un país: la justicia”, dice el frente gremial.

“Usted tiene una cita para defender la justicia costarricense este miércoles a las 10:00 a.m. Traiga su camiseta roja, su lazo, bandera y bubucela”, anade.

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BCR no corre peligro, dice gobierno

En medio del escándalo del “cementazo”, el gobierno se vio obligado en las ultimas horas a aclarar que el Banco de Costa Rica no corre peligro y demás el presidente Solís pidió la renuncia a todos sus directores.

“Ante informaciones y comentarios que han circulado en redes sociales y en diferentes medios de comunicación sobre la situación financiera del Banco de Costa Rica (BCR), la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y el Banco Central de Costa Rica (BCCR) desean informar y aclarar al público en general que el Banco de Costa Rica es una institución bancaria estatal sólida y solvente. Por lo tanto, a la fecha no existe motivo alguno para poner en duda su estabilidad como institución financiera@, sostiene un comunicado destacado en el sitio web de la Presidencia de la Republica.

“La información financiera reciente del Banco de Costa Rica se encuentra disponible en la página web http://www.sugef.fi.cr y en la del banco estatal indicado”, agregaron.

Magistrado niega cita con empresario en Fiscalia

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Edgar Fonseca

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Sep 27, 2017

Edgar Fonseca, editor

El magistrado Celso Gamboa niega una supuesta diligencia con el empresario Juan Carlos Bolaños en la Fiscalía de Probidad.

Niega “amiguismo” con el Fiscal General, Jorge Chacarría, y denuncia que un medio digital quiere “su cabeza”, según consigna en su blog personal.

No se vale

“La libertad de prensa y la libertad de expresión son la base de nuestra democracia — dice– por lo
que como ciudadano costarricense y funcionario público siempre he aplaudido la labor de la prensa para señalar los puntos que deben ser investigados por ser de altísimo interés público”.

No importa si el medio de comunicación tiene intereses o presiones del grupo económico del que forma parte ya que entre todos los medios de comunicación y ciudadanos debemos llegar a un balance en búsqueda de la verdad. Con mi blog busco ayudar a ese balance, sostiene.

Lo que no se vale — dice– es el revanchismo, creación de cortinas de humo o el ataque injustificado con el fin de destruir la reputación y carrera de una persona.

El mismo medio –afirma– que mediante un titular malicioso me vincula con acciones que favorecen al crimen organizado, es el mismo que presenta dos noticias igual de tendenciosas:

☓- Fiscal General y magistrado Celso Gamboa se contradicen con el “cementazo”.

☓- “Amiguismo” entre fiscal general y magistrado es inconveniente, señalan expertos”.

Sobre la primera nota, aclaro: es falso que haya acompañado al empresario Juan Carlos Bolaños a una audiencia al Ministerio Público.

Sobre la segunda, es tan absurda que quiere hacer ver mal situaciones que son normales en el ser humano, que es tener lazos de amistad”.

Sobre el falso acompañamiento.

“Ya como magistrado me dirigía a Tribunales y en las gradas JCB me reconoció: “Don Celso, qué bueno que lo veo, necesito un papel de la fiscalía y no entiendo dónde queda esa oficina de Probidad”.

“El señor necesitaba una constancia, entonces como era de camino avanzamos juntos como un minuto y una vez le indiqué cuál era la oficina respectiva, nos despedimos”.

En el momento que actos de amabilidad son señalados como corruptos, hay algo sospechoso en el dedo acusador.

“A raíz de las maliciosas insinuaciones, mis asesores legales contactaron a los del señor Bolaños, quienes facilitaron el documento que el FISCAL ADJUNTO I Róger Solís Corea otorgó ese día, el cual reza:

CONSTANCIA: A quien interese, hago constar que al ser las catorce horas y veinte minutos del dieciocho de abril de 2017, consultado nuestro Sistema Electrónico de Gestión, el señor Juan Carlos Bolaños Rojas, céd. 01-1037-0745, no cuenta con ninguna causa abierta en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción”.

Ese documento — dice Gamboa– será aportado a sede judicial con el fin de desacreditar el infundado rumor en cuanto a que lo acompañé a una audiencia.

Dado lo anterior, agrega, es jurídicamente imposible que le hiciera compañía en una indagatoria, entre muchas obvias razones, por una razón más sencilla: en ese momento
no era imputado (ni siquiera personaje público en polémica).

“Ni siquiera el señor realizaba un trámite donde pudiese ocupar que se acelerara un proceso, que es algo propio del tráfico de influencias, delito el cual insinúan que cometí”, advierte.

Sobre el “amiguismo” con el Fiscal General.

“Al Fiscal General se le ataca — afirma el magistrado Gamboa– porque trabajé con él, porque gozamos de buena amistad, lo cual es legal y esperable entre quienes fueron compañeros de trabajo cercanos. Además el Código Procesal Penal prevé los procedimientos para que un funcionario pueda apartarse de una investigación cuando goza de una amistad íntima con una persona investigada”.

“Si el conocerse, con otra persona, fueran razones suficientes para que un fiscal o un juez deban apartarse de conocer un caso, añade, la justicia en este país tan pequeño sería imposible (en algún momento jueces, abogados particulares, defensores públicos o fiscales han sido profesor/alumno, compañeros de clase, compartido en eventos académicos, coincidieron en alguna actividad del Colegio de Abogados, etc., el círculo de los que se dedican exclusivamente a materia penal es relativamente pequeño)”.

“Conozco a cada uno de los fiscales de este país, con la mayoría tengo buenas relaciones, mas no tengo amistad íntima con la mayoría de ellos y su profesionalismo es tan grande que nunca les ha impedido conocer a una persona para hacer bien su trabajo”, expresa.

“La labor profesional que hacemos en el Poder Judicial puede y debe ser debatida desde el ámbito técnico jurídico, pero nunca desde la perspectiva política, porque esto generaría inseguridad jurídica e indefensión a los ciudadanos,” menciona Gamboa.

“Tengo la conciencia tranquila, aunque emocionalmente sí estoy afectado, pero me tengo que seguir defendiendo”, concluye en su blog.

El colapso de Puerto Rico

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Edgar Fonseca

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Sep 27, 2017

Puerto Rico está a días -y tal vez horas- de encarar una crisis social mayor, porque la cadena de suministro de combustible ha colapsado, lo que impide desde la reapertura de los supermercados y restaurantes hasta que los contratistas reclutados por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para despejar y reparar las carreteras puedan hacer sus labores. denuncia este miércoles el diario El Nuevo Día de San Juan.

El caos es de tal magnitud –agrega– que la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez se trasladó hasta las instalaciones de Puma Energy en Cataño para identificar qué impedía la salida del combustible. Rodríguez forma parte de un equipo de oficiales federales que se unieron para reforzar la seguridad del país durante la emergencia.

Además, luego de que las empresas navieras reanudaran sus operaciones, la carga marítima que ha llegado a Puerto Rico no ha podido despacharse porque no hay camiones suficientes para sacar la mercancía de los muelles, lo que, a su vez, retrasa la respuesta de emergencia de todo el gobierno y de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), dice El Nuevo Día.

Ayer, las principales organizaciones del sector privado, entre ellas, la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) y la Asociación de Restaurantes, alertaron al gobierno acerca de la posibilidad de que se dañen millones de libras de alimentos refrigerados. Por la falta de electricidad, los distribuidores de alimentos y establecimientos de comida necesitan combustible para que los generadores de energía funcionen.

Ver diario El Nuevo Dia, San Juan Puerto Rico

Directores BCR desafían a Solís/Ahora amenaza con destituirlos

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Edgar Fonseca

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Sep 27, 2017

Banco BCR. Costa Rica foto presidendia.go — 23-05-11 Fotografas de la fachada del Banco de Costa Rica. Ave 2 San Jos Centro Foto: Luis Navarro

Edgar Fonseca, editor

Tras semanas de convulsión política y bajo el mayor escándalo de transparencia bajo su gobierno, el presidente Luis Guillermo Solís anunció ayer que pidió la renuncia de la junta directiva del Banco de Costa Rica por el denominado escándalo del “cementazo” a raíz de cuestionados préstamos por hasta $30 millones a un empresario importador de cemento chino.

Algunos directivos desafiaron la decisión presidencial por lo que Solís anunció que pedirá su destitución el 3 de octubre.

“La solicitud de renuncia a los directivos del BCR buscaba evitar postergaciones a la necesaria restauración de la gobernanza corporativa de esa entidad, según lo indicado por la SUGEF. Todavía confío en que, con sentido patriótico, algunos de los directores así lo hagan. Mientras tanto, y ante la pública decisión de algunos de no renunciar, anuncio que el martes 3 de octubre solicitaré al Consejo de Gobierno iniciar el proceso administrativo para su destitución”, dijo el gobernante.

Pedido de renuncia

“He solicitado esta tarde la renuncia en pleno de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica, con el fin de nombrar un nuevo equipo directivo para asegurar el funcionamiento normal, eficaz y eficiente de ese banco”, dijo el mandatario la noche del martes.

Su anuncio se da tras semanas de presiones publicas para que adoptara una acción contundente sobre la directiva del banco en medio del escándalo por la cuestionada concesión de créditos al empresario Juan Carlos Bolaños.

Bolaños reconoció ante una comisión investigadora legislativa que, en sus gestiones para lograr reformas administrativas al negocio del cemento en el país, tuvo siete encuentros en Casa Presidencial.

El mandatario confirmó tales encuentros, incluido uno con el propio gobernante, según lo dijo este en un comparecencia ante los diputados de la comisión investigadora..

El caso con repercusiones legislativas y judiciales está convertido en la mayor prueba de fuego de transparencia de esta administración.

“El fallo (o algo peor) en el BCR ha sido sistémico: directiva, comité de crédito, gerente y Poder Ejecutivo. Todos deben rendir cuentas”, reacciono el analista y consultor independiente Eduardo Ulibarri.

Renuncia no destitución

“Ayer 25 de setiembre recibí el informe del Superintendente, Javier Cascante”, dijo el presidente Solís.

“Si bien es cierto, este informe aporta razones suficientes para proceder a una destitución de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica; esto obligaría a un procedimiento legal que pueda tardar muchos meses y afectar seriamente el normal funcionamiento del Banco y seguir dañando la institucionalidad”, agregó el mandatario.

El Banco de Costa Rica –dijo– es una institución sólida, solvente y confiable y merece toda nuestra atención y cuidado para que en el futuro siga creciendo y fortaleciéndose.

A toda la ciudadanía nos preocupa la información que ha trascendido acerca de las condiciones en las cuales el banco administró créditos para varios negocios que han sido cuestionados, admitió.

“De manera reiterada he dicho que actuaríamos con contundencia y que seríamos firmes para proteger al banco y garantizar a las y los costarricenses la solidez de esta institución y que debíamos esperar la información oficial de la SUGEF para tomar decisiones”, sostuvo el gobernante.

No corre peligro

El anuncio del presidente se dio horas después que la Presidencia de la Republica se viera obligada a aclarar que el banco es sólido y no corre peligro en su operación financiera.

“Ante informaciones y comentarios que han circulado en redes sociales y en diferentes medios de comunicación sobre la situación financiera del Banco de Costa Rica (BCR), la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y el Banco Central de Costa Rica (BCCR) desean informar y aclarar al público en general que el Banco de Costa Rica es una institución bancaria estatal sólida y solvente. Por lo tanto, a la fecha no existe motivo alguno para poner en duda su estabilidad como institución financiera”, sostiene un comunicado destacado en el sitio web de la Presidencia de la República.

“La información financiera reciente del Banco de Costa Rica se encuentra disponible en la página web http://www.sugef.fi.cr y en la del banco estatal indicado”, agregó.

Los privilegios se pueden revisar

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Edgar Fonseca

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Sep 26, 2017

Jorge Corrales, Quesada, economista

Una vez que los privilegios se crean, es muy difícil quitarlos, excepto si se le sustituye por un privilegio aún mayor. En el caso de los esfuerzos de los diputados por introducir alguna disminución, alguna mesura, cualquiera aunque poca, a los privilegios del Poder Judicial, era de esperarse que fuera rechazado fácilmente por los mismos beneficiados del privilegio actual y que harían todo lo posible por conservarlo.

Por ello, no es de extrañar la noticia de La Nación del 18 de agosto, que lleva como titular “Criterio de Corte deja en coma reforma a pensiones judiciales: Pronunciamiento impide aprobar proyecto mediante vía rápida.”

Dice el medio que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia dieron un criterio negativo al proyecto que se discutía en la Asamblea que “cerraría el gigantesco déficit de dinero que tienen las pensiones judiciales”, indicando, además, que “la Corte también advirtió a los diputados de que el plan afecta el funcionamiento del Poder Judicial.” Si alguien pensó que los magistrados iban a decir que la medida de moderar sus pensiones no iba a afectar el funcionamiento de ellos, esto es, del Poder Judicial, merece el premio mayor a la credulidad.

El portillo era claro: el artículo 167 de la Constitución dice: “Para la discusión y aprobación de proyectos de ley que se refieran a la organización o funcionamiento del Poder Judicial, deberá la Asamblea Legislativa consultar a la Corte Suprema de Justicia; para apartarse del criterio de ésta, se requerirá el voto de dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea”; esto es, 38 votos, mientras que el procedimiento abreviado propuesto se podría lograr con simple mayoría (29 votos).

Esto es, se hace cuesta arriba el camino para la reforma propuesta. Era de esperar, pues cualquier cosa que se refiera a ese Poder, algo que afecte en un centavo su funcionamiento u organización, va a requerir tal cantidad de votos, en la interpretación de marras que se hace. Es una coraza ante cualquier propuesta de moderación del gasto en el Poder Judicial, por más correcto moralmente como es, en mi opinión y creo que también la de muchos ciudadanos, que nosotros no paguemos las pensiones de unos pocos que personalmente no han cotizado lo suficiente para recibir tales montos.

El altruismo en los políticos no existe y este caso los magistrados están actuando sólo para proteger su privilegio, pues lo permite ese artículo. Algunos pocos se frotarán las manos pues obstaculizaron el proyecto que rebajaría sus privilegios, pues, para nada piensan en la sudada de manos de quienes trabajan y pagan impuestos, para ganar dinero que luego se les quita para pagar pensiones a los beneficiados con el poder.

Afortunadamente, una vez escrito lo anterior, la Procuraduría General de la República, en una respuesta a una consulta hecha por la Comisión legislativa que analiza esas pensiones, indica que “la Asamblea Legislativa tiene no solo la posibilidad, sino el deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad de los diversos regímenes especiales de pensiones, mediante la aprobación de las leyes que se requieran para el logro de ese objetivo.” La Procuraduría acepta el argumento -lógico en mi opinión- de que la reforma propuesta a las pensiones del Poder Judicial, no afecta el funcionamiento de ese Poder, pudiendo, por tanto, proceder la Asamblea Legislativa, si así lo desea, a seguir con el proceso previo consultado. Esta referencia al pronunciamiento de la Procuraduría puede leerse en, en la edición del diario digital crhoy.com del 3 de octubre, en https://www.crhoy.com/…/procuraduria-diputados-si-pueden-r…/

Hay esperanzas de que en serio venga un saneamiento de los abusos con las llamadas pensiones de privilegio, en especial porque es el primer caso importante que al respecto trata el Poder Legislativo, y debemos creer que un accionar rápido de éste en tal sentido, abre las puertas para que se actúe con similar correcta intención en otros sistemas hoy abusivos similares.