Edgar Fonseca, editor
El Fiscal General de la Republica, Jorge Chavarría, en medio de un polvorín de cuestionamientos a su labor en casos controversiales por corrupción publica, conserva, de momento, el respaldo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
“Al Fiscal General no se le va a pedir su renuncia”, ratificaron este lunes los magistrados de Corte Plena.
Confirmaron, además, que buscan formular un código ético que aplique a los magistrados, en medio del escándalo del magistrado Celso Gamboa, por una alegada relación con el empresario importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños.
Dicho empresario tuvo siete encuentros en Casa Presidencial, entre ellas una con el presidente Luis Guillermo Solís.
Sus citas intentaban modificaciones ejecutivas al negocio del cemento en el país que el presidente Solís atacó como duopolio.
Una comisión legislativa investiga el caso, llamado “el cementazo”, como parte de la polémica concesión de prestamos por $30 millones del BCR al a la empresa Sinocem vinculada al empresario.
El Banco Central salió ayer a defender la solidez del Banco de Costa Rica.
El caso es el mayor escándalo político y de transparencia de este gobierno.
Hace una semana trascendió la coincidencia en un viaje a Panamá del empresario y el magistrado en octubre 2016.
Gamboa rechaza cualquier acto anómalo de su parte.
Ni siquiera se reunieron con él, reconocen los magistrados
En el informe del Poder Judicial, los magistrados detallan el seguimiento a la polémica alrededor del Fiscal Chavarría, quien considera un “escandalillo” los cuestionamientos en su contra.
Ademas, ratifican que andan tras la formulación del código ético aplicable a los magistrados de Corte Plena, en medio del escándalo del magistrado Gamboa.
Un código ético para magistrados
“En relación con la reunión sostenida en días anteriores por un grupo de magistradas y magistrados, la Corte Suprema de Justicia desea aclarar lo siguiente:
Es común –dicen– que magistradas y magistrados se reúnan informalmente para tratar asuntos de interés institucional.
La reunión del pasado jueves 21 de setiembre, fue convocada por el Presidente ante una solicitud que le realizó el pleno de la Sala Primera, para discutir sobre la elaboración de reglas éticas, aplicables a la Corte Plena.
Se convocó a los Presidentes de todas las Salas de la Corte, y a otros magistrados que han realizado trabajos académicos en esta materia, con el fin de que las mismas pudieran ser discutidas en la reunión programada para el lunes 25 de setiembre.
A la reunión asistieron el magistrado Carlos Chinchilla Sandí, Presidente de la Corte; la magistrada Carmenmaría Escoto Fernández, Vicepresidenta de la Corte; el magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Presidente de la Sala Primera; el magistrado Orlando Aguirre Gómez, Presidente de la Sala Segunda; la magistrada Doris Arias Madrigal, Presidenta de la Sala Tercera; el magistrado Fernando Cruz Castro, Presidente a.i. de la Sala Constitucional; y las magistradas y los magistrados Jesús Ramírez Quirós, Nancy Hernández López, Paul Rueda Leal, Rocío Rojas Morales, Román Solís Zelaya y William Molinari Vílchez.
Cita fallida, no llegó el magistrado Cruz
En el transcurso de la reunión, dice la Corte, surgió el tema del Fiscal General de la República y la necesidad de obtener las respuestas que reclama insistentemente la ciudadanía.
Al señor Fiscal General se le convocó a una reunión con el Consejo Consultivo el viernes a las dos de la tarde, pero posteriormente fue desconvocado en razón de que no iba a participar el señor Presidente a. i. de la Sala Constitucional (Dr. Fernando Cruz Castro, indican.
La Corte Suprema de Justicia recordó que conforme lo informó a la Corte Plena el señor Presidente en la sesión del 18 de setiembre en curso, él dispuso solicitar al Tribunal de la Inspección Judicial que iniciara un procedimiento de investigación contra el Fiscal General sobre las denuncias presentadas.
“En reunión de hoy se llegó a la conclusión de que al Fiscal General no se le va a pedir su renuncia”, concluyó el informe oficial.
