Jorge Corrales Quesada, economista
San José-No olvidemos aquel lema popular: “No quiero, no quiero, pero, echámela en el sombrero”, que se solía expresar acerca de aquellos políticos de turno, quienes siempre negaban una precandidatura para algo o bien para obtener un privilegio o un puesto público, pero quienes, en el fondo, la ansiaban o la buscaban.
Si alguien me diera la oportunidad de asentar un lema, tal como se escribió en el frontón del templo de Delfos, lo haría en la entrada de la Asamblea Legislativa: “No legislarás en tu propio beneficio.” Tal deseo coyuntural lo estimuló la decisión reciente de los diputados de aumentar el número de miembros de la Junta Directiva del Banco Popular, suavizando los requisitos para un puesto tan delicado, al rechazar una propuesta de la diputada doña Rosibel Ramos, para que los diputados actuales y los del próximo período, no pudieran ser nombrados como miembros de la Junta Directiva, el Directorio de la Asamblea de Trabajadores o en los puestos gerenciales del Banco.
La información aparece en La Nación del 31 de enero, bajo el título: Diputados se abren puerta a cúpula del Banco Popular: Legisladores apuran plan de ley para subir de 7 a 9 el número de directivos. La razón: esos directivos recibirían hasta ₡2.4 millones al mes y ya sabemos de los jugosos salarios de los gerentes de dicho banco. Por supuesto, nos dirán que su ambición bancaria surge por su disposición a seguir sacrificándose por la patria y por las luchas de los trabajadores, entre otras historias políticas similares que suelen ser lanzadas, como cortinas de humo, para esconder la conducta usual de los políticos de maximizar su poder.
Así, el “excelso” diputado Jorge Rodríguez alegó que rechazaron aquella propuesta citada de la diputada Ramos, porque sería “quitarles el derecho. ¿Qué culpa tiene uno de ser diputado? ¿cuál es el pecado? ¿y la experiencia que se ha adquirido? No podemos desechar los conocimientos de una persona…” Increíble verdad, como si no hubiera muchos otros quienes sí están efectivamente capacitados para esos puestos, calificaciones que no las otorga un paso efímero por una vocinglera diputación. Ciertamente, la culpa de que tengamos diputados ejemplares como ese, radica en los ciudadanos que votaron de cierta manera: ahora se merecen lo que tienen.
Otra diputada, la señora Suray Carrillo, del Frente Amplio, quien llegó al Congreso de rebote, cuando el diputado al que sustituyó fue coaccionado por sus compañeros de partido al acusársele de agresión sexual, alegó que la propuesta de la señora Ramos “violenta la Carta Magna y que estaría dispuesta a ejercer un cargo en el Banco Popular”, por supuesto, después de dejar de ser diputada, dado que siempre está dispuesta a “sacrificarse por el pueblo”.
Asimismo, el cerebro detrás de la reforma legislativa a la Ley del Banco Popular, el diputado Víctor Morales, dijo: “Por mí que ni se preocupen. No tengo interés de formar parte del Popular. Tal y como lo conversé con los proponentes del plan, ninguno quiere beneficiarse con él.” Recuerden: “No quiero, no quiero, pero, echámela en el sombrero.”
Recuerde el lector que el Banco Popular obliga a un aporte de todos los trabajadores del país y que son muchos los fondos que administra, por lo cual, es deseable que, para velar por su buen manejo, se lleve a cabo no sólo por gente honesta, sino también calificada, que tenga experiencia real en asuntos de banca.
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), el cual se encarga de supervisar los órganos del sistema financiero del país, ya había indicado la importancia de que el Banco Popular contara con directivos capacitados para dicha labor, sugerencia y directriz que se esperaría fuera corregida al discutirse el proyecto en el plenario. Eso sí, no pondría en duda que, aún con esa reforma deseable, contaremos en la Junta Directiva y en los órganos principales de dirección del Banco Popular, gracias a la “sabiduría” y la “experiencia” en temas bancarios que los diputados actuales impartirán en el manejo de los recursos de todos los costarricenses, quienes, por ley, están obligados a cotizar para dicho banco.
