Edgar Fonseca, editor
En el mayor caso de pesquisa judicial al gobierno del presidente Rodrigo Chaves, el Juzgado Penal de Hacienda decide este lunes la petición de la Fiscalía de inhabilitar seis meses a la presidenta ejecutiva CCSS, Marta Esquivel Rodríguez, bajo investigación por un presunto sobreprecio de ¢12.400 millones anuales en 10 contratos con cinco cooperativas y una asociación médica para operar 138 Ebáis.
El tribunal reanudará hoy a las 8:30 a.m. la audiencia privada de medidas cautelares en que decidirá la suerte de Esquivel, pieza clave de Chaves en el sector salud, como jerarca de la CCSS.
La Fiscalía pide que se le inhabilite por seis meses en el cargo, al igual que a cuatro directivos y dos exdirectivos.
Las cinco medidas que pide la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por el plazo de 6 meses son: impedimento de salida del país, depósito de pasaportes, firmar una vez al mes en la Fiscalía, prohibición de conocer cualquier asunto relacionado con la licitación bajo investigación, y prohibición de comunicarse, acercarse, influir, amenazar, intimidar o perturbar a 11 testigos del proceso.
Adicionalmente, en contra de Esquivel, Camareno, Gutiérrez, Araya, Rojas y Gómez se pidió la suspensión del cargo, por el mismo período.
Esquivel Rodríguez completó su declaración ante dicho juzgado el viernes a las 4 p.m.
Hoy presentará argumentos su abogado Edgardo García.
El viernes también declaró el exdirectivo Roberto Quirós Coronado.
En total hay 16 investigados por el caso, según la Fiscalía.
Mayor golpe judicial al gobierno
Hace una semana, el lunes 23 de setiembre, fiscales y agentes OIJ ejecutaron 28 allanamientos, en 17 residencias y 11 oficinas que llevaron al arresto de ocho personas, entre ellas Esquivel quien se presentó ante el OIJ de Pérez Zeledón, quedó detenida y fue traída en vehículo policial a San José.
La licitación bajo investigación, ya vigente, otorgó los contratos, nueve de los cuales están en firme y uno apelado, por un monto de ¢471 mil millones durante 10 años.
El presidente vio un ataque al gobierno en la acción judicial y cuestionó la labor de la Fiscalía y del fiscal general, Carlo Díaz, quien se encontraba en Atenas, Grecia, en un congreso DEA, al momento de los allanamientos y arrestos.
Así lo resaltó Chaves rodeado de su gabinete, presidentes ejecutivos y diputados gobiernistas durante la conferencia de prensa semanal el miércoles 25 de setiembre.
“La Fiscalía matoneando”, atacó Chaves
“A ni no me queda la menor duda, que lo que hizo la Fiscalía fue un show amedrentando a doña Marta”, atacó Chaves.
“Es la Fiscalía matoneando, metiendo miedo y amenazando”, acusó.
“¿Qué sigue don Carlo?, ¿Allanar mi casa?, ¿Allanar mi casa don Carlo?, ¿Allanar a los ministros?”, cuestionó el mandatario que enfrenta el mayor escándalo de su gestión en el manejo de fondos públicos y el peor en dos décadas.
Rechazo categórico del Fiscal General
“Rechazamos categóricamente las manifestaciones temerarias que afirman que detuvimos para investigar”, respondió el Fiscal General.
“Defenderé la independencia del Ministerio Público de cualquier injerencia que pretenda debilitarnos y que las personas que integran esta institución actuarán con decisión, valentía y fortaleza, apegadas a la legalidad, con absoluto respeto de las decisiones de los jueces y en defensa de los derechos de toda la ciudadanía, sin distingo alguno y sin dejarnos amedrentar por nadie”, enfatizó Díaz.
Fiscalía y OIJ alegan que la licitación fue otorgada con un sobreprecio de 33% en contra de criterios técnicos institucionales en sesión extraordinaria el sábado 6 de julio.
“Se presume que los imputados anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y en su lugar instruyeron uno nuevo en el cual habrían ejercido control y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas”, acusó la Fiscalía.
¿El por qué de los 28 allanamientos y detenciones?
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) dirige 28 allanamientos como parte de una investigación por los supuestos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias, seguida contra la Junta Directiva (JD) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) del período de febrero del 2023 a julio del 2024.
Los trabajos operativos se ejecutan con la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial, y hasta el momento se encuentran detenidos seis altos funcionarios y exfuncionarios de la Junta, de apellidos Rojas, Gómez, Araya, Porras, Gutiérrez y Quirós.
De acuerdo con la FAPTA, se trata de un caso en el que la JD se arrogó del conocimiento de un concurso público para la administración de 138 EBAIS.
Se presume que los imputados anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y en su lugar instruyeron uno nuevo en el cual habrían ejercido control y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas.
Lo anterior a pesar de que se determinó que las ofertas presentadas por las cinco entidades eran excesivas, significando un incremento anual de más de 12,400 millones de colones respecto al costo actual de la prestación del servicio en ejecución en las mismas áreas de salud en igualdad de condiciones técnicas, es decir, que serían más costosos de lo que invertiría la CCSS si tuviera que asumir el servicio.
Las autoridades judiciales presumen que miembros de esa JD sostuvieron reuniones con los oferentes, lo cual pudo haber generado una ventaja indebida a estos.
También se indaga sobre el plazo de contratación del servicio adjudicado, puesto que la Ley de Contratación Pública dispone de un período ordinario que no puede superar los cuatro años, sin embargo, este se confirió por 10 años.
Las áreas de salud adjudicadas el pasado 6 de julio son Pavas, Desamparados 2, Santa Ana, Escazú, San Francisco-San Antonio, San Pablo, Barva, Tibás, La Carpio-León XIII, y San Sebastián-Paso Ancho.
Fuente: Prensa Ministerio Público
La investigación
El OIJ informó el lunes 23 que la investigación del caso habría dado inicio a principios del 2023, cuando al parecer miembros de la Junta Directiva de la CCSS anularon un cartel de licitación y a su vez realizaron un nuevo procedimiento en el que supuestamente estas personas habrían ejercido controles y aportes con la finalidad de modificar las condiciones de este acuerdo bajo los intereses de varias cooperativas de salud, que se encargarían de la administración de los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais) del país.
La versión del Organismo de Investigación añade que la licitación se dio pese a un estudio financiero elaborado por el Área de Contabilidad de Costos de la CCSS, donde se indicaba que los precios de las ofertas presentadas eran excesivos, pues significaban un aumento aproximado del 33%, por lo que le saldría más costoso a la institución brindar el servicio y esto no se apega al Principio de Menor Costo, que faculta la contratación de terceros para brindar el servicio de salud.
Pese a las recomendaciones por parte de la Junta de Adquisiciones de la CCSS de declarar infructuosa dicha contratación, los imputados a sabiendas del perjuicio económico que sufriría la institución, aparentemente procedieron a aprobar dichos contratos y dejaron de lado los criterios técnicos, confirmó OIJ.
Por esta razón desarrollaron con la Fiscalía hace una semana varias diligencias en San José, Alajuela, Cartago, Heredia y Puntarenas, donde pretendieron decomisar evidencia de relevancia para dicha investigación.
