Edgar Fonseca, editor
El Juzgado Penal de Hacienda postergó ayer lunes emitir resolución de medidas cautelares en el caso de la investigación que se sigue a la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel Rodríguez y otras siete personas por un presunto sobreprecio de ¢12.400 millones anuales en 10 contratos de cooperativas y una asociación médica para operar 138 Ebáis.
El dictado de medida cautelares se hará por escrito, se informó.
Esquivel Rodríguez salió sonriente de la audiencia junto a su abogado y acompañantes.
La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción pide seis meses de inhabilitación en el cargo contra ella y cuatro directivos.
También figuran investigados la gerente general interina CCSS, María Gutiérrez, y dos exdirectivos en el mayor caso de pesquisa judicial a la administración del presidente Rodrigo Chaves.
Mientras se anuncian las medidas cautelares, Esquivel y los directivos y la gerente acusados podrán regresar a sus cargos.
En total hay 16 investigados por el caso, según la Fiscalía.
“Lo que estamos tratando de hacer es salvar una institución insigne”, afirmó el fiscal Ronald Segura, tras concluir la audiencia, al referirse al papel de la CCSS en la vida del país.
Destacó que la fiscalía cuenta con un gran elenco probatorio.
“Este contrato tuvo una serie de actuaciones que nosotros cuestionamos, como la eliminación del primer cartel, reuniones con grupos interesados una vez que se había recibido el cartel para su aprobación, y una prueba que se acogió de la Contraloría General de la República, donde dice que ya hay adjudicación por parte de la Junta Directiva, y esto genera una responsabilidad para la Caja”, amplió.
Mayor golpe judicial al gobierno
Hace una semana, el lunes 23 de setiembre, fiscales y agentes OIJ ejecutaron 28 allanamientos, en 17 residencias y 11 oficinas que llevaron al arresto de ocho personas, entre ellas Esquivel quien se presentó ante el OIJ de Pérez Zeledón, quedó detenida y fue traída en vehículo policial a San José.
La licitación bajo investigación, ya vigente, otorgó los contratos, nueve de los cuales están en firme y uno apelado, por un monto de ¢471 mil millones durante 10 años.
El presidente vio un ataque al gobierno en la acción judicial y cuestionó la labor de la Fiscalía y del fiscal general, Carlo Díaz, quien se encontraba en Atenas, Grecia, en un congreso DEA, al momento de los allanamientos y arrestos.
Así lo resaltó Chaves rodeado de su gabinete, presidentes ejecutivos y diputados gobiernistas durante la conferencia de prensa semanal el miércoles 25 de setiembre.
“La Fiscalía matoneando”, atacó Chaves
“A ni no me queda la menor duda, que lo que hizo la Fiscalía fue un show amedrentando a doña Marta”, atacó Chaves.
“Es la Fiscalía matoneando, metiendo miedo y amenazando”, acusó.
“¿Qué sigue don Carlo?, ¿Allanar mi casa?, ¿Allanar mi casa don Carlo?, ¿Allanar a los ministros?”, cuestionó el mandatario que enfrenta el mayor escándalo de su gestión en el manejo de fondos públicos y el peor en dos décadas.
Rechazo categórico del Fiscal General
“Rechazamos categóricamente las manifestaciones temerarias que afirman que detuvimos para investigar”, respondió el Fiscal General.
“Defenderé la independencia del Ministerio Público de cualquier injerencia que pretenda debilitarnos y que las personas que integran esta institución actuarán con decisión, valentía y fortaleza, apegadas a la legalidad, con absoluto respeto de las decisiones de los jueces y en defensa de los derechos de toda la ciudadanía, sin distingo alguno y sin dejarnos amedrentar por nadie”, enfatizó Díaz.
Fiscalía y OIJ alegan que la licitación fue otorgada con un sobreprecio de 33% en contra de criterios técnicos institucionales en sesión extraordinaria el sábado 6 de julio.
“Se presume que los imputados anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y en su lugar instruyeron uno nuevo en el cual habrían ejercido control y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas”, acusó la Fiscalía.
¿El por qué de los 28 allanamientos y detenciones?
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) dirige 28 allanamientos como parte de una investigación por los supuestos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias, seguida contra la Junta Directiva (JD) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) del período de febrero del 2023 a julio del 2024.
Los trabajos operativos se ejecutan con la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial, y hasta el momento se encuentran detenidos seis altos funcionarios y exfuncionarios de la Junta, de apellidos Rojas, Gómez, Araya, Porras, Gutiérrez y Quirós.
De acuerdo con la FAPTA, se trata de un caso en el que la JD se arrogó del conocimiento de un concurso público para la administración de 138 EBAIS.
Se presume que los imputados anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y en su lugar instruyeron uno nuevo en el cual habrían ejercido control y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas.
Lo anterior a pesar de que se determinó que las ofertas presentadas por las cinco entidades eran excesivas, significando un incremento anual de más de 12,400 millones de colones respecto al costo actual de la prestación del servicio en ejecución en las mismas áreas de salud en igualdad de condiciones técnicas, es decir, que serían más costosos de lo que invertiría la CCSS si tuviera que asumir el servicio.
Las autoridades judiciales presumen que miembros de esa JD sostuvieron reuniones con los oferentes, lo cual pudo haber generado una ventaja indebida a estos.
También se indaga sobre el plazo de contratación del servicio adjudicado, puesto que la Ley de Contratación Pública dispone de un período ordinario que no puede superar los cuatro años, sin embargo, este se confirió por 10 años.
Las áreas de salud adjudicadas el pasado 6 de julio son Pavas, Desamparados 2, Santa Ana, Escazú, San Francisco-San Antonio, San Pablo, Barva, Tibás, La Carpio-León XIII, y San Sebastián-Paso Ancho.
Fuente: Prensa Ministerio Público
