Edgar Fonseca, editor /Foto OIJ
Cinco personas, entre ellas cuatro supuestas monjas, que operaban la fundación Manos Abiertas fueron detenidas este martes por OIJ y la Fiscalía que les atribuyen cargos por los presuntos delitos de trata de personas en sus modalidades de explotación laboral y servidumbre laboral, tortura, malversación, peculado y legitimación de capitales.
Los allanamientos fueron ejecutados en la casa de uno de los investigados y en las sedes de la organización en Alajuela y Cartago, confirmó un reporte oficial.
Las 4 supuestas monjas detenidas son de apellidos Rodríguez, (54 años, identificada como presidenta de la fundación), Hidalgo de 52, Villalobos, 44, y Quirós, 39 años, respectivamente.
También fue arrestado un hombre de apellido Granados de 52 años, empleado de la fundación, en cuya residencia las autoridades decomisaron una caja fuerte con ¢140 millones.
Según la Fiscalía, la fundación operaba como una organización sin fines de lucro que prestaba servicio a personas con necesidades especiales, físicas e intelectuales.
Las autoridades estiman que dicha fundación recibió del PANI unos ¢6.500 millones en los últimos cinco años, recursos que se presume fueron utilizados para viajes al exterior y para compra de propiedades.
Director OIJ: una situación bastante compleja, bastante complicada
Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial, calificó el caso como “una situación bastante compleja, bastante complicada”.
“Es una situación bastante compleja, bastante complicada, de muchos menores de edad en algunos con condición terminal y también adultos mayores que tienen estas fundaciones y en la actualidad ya hemos encontrado algunas que han tenido que ser remitidos al hospital debido a deficiencias en la atención médica”, aseveró.
Dijo que las personas que interpusieron la denuncia que en ocasiones se pusieran algún tipo de indumentaria cuando llegaban los supervisores de las instituciones estatales para hacer asemejar que fueran algún tipo de profesional como doctor, enfermera, etc. y por el voto de obediencia que tenían lo hacían.
Según la Fiscalía, las diligencias también incluyeron la atención especializada de personas menores de edad y con discapacidad, que estaban en las dos oficinas de la fundación. Esta intervención fue posible gracias a la Sección Clínica Forense del OIJ, en coordinación con los tres hospitales públicos, a efectos de proteger el derecho a la salud y evitar mayor revictimización.
Nueve entidades públicas participaron en los tres allanamientos en los que se busca evidencia para incorporar en una investigación contra las personas detenidas.
En las acciones intervino personal de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), la Fiscalía de Atención de Hechos de Violencia en Perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes (FANNA) y la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes, en conjunto con la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y en coordinación con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad (CONAPDIS) y tres hospitales: Nacional de Niños, Alajuela y Cartago.
A las personas detenidas se les tomará la declaración indagatoria.
Luego se valorará la necesidad particular de solicitar medidas cautelares para mantenerlos vinculados al proceso penal, añadió el informe.
Presunta corrupción y torturas
Según la Fiscalía, al parecer dicho grupo de personas se ha dedicado a cometer delitos de corrupción para sustraer y desviar dinero público, en efectivo, con el fin de realizar viajes personales y comprar terrenos.
Presuntamente, le dieron apariencia de legitimidad a esos fondos, a pesar de que conocían que su origen era producto de actividades ilícitas.
El informe de la Fiscalía destaca que otra importante línea de investigación tiene relación con supuestos actos de tortura en contra las personas menores de edad que los imputados tenían a su cargo en la fundación.
A raíz de ello al parecer les provocaron deterioro de la salud e integridad física de los menores, ya que eran atendidos por personal de enfermería y medicina que no contaba con los conocimientos necesarios, consignó el informe.
La Fiscalía también investiga la aparente explotación laboral en perjuicio de personas que eran reclutadas para trabajar en la organización, puesto que las hacían firmar contratos fraudulentos y no recibían salario, pago de horas extra o vacaciones.
El Ministerio Público y el OIJ buscan prueba documental, equipo electrónico e indicios relevantes para el proceso 23-00001-1869-PE.
La Fundación fue intervenida y quedó bajo la dirección del PANI y CONAPDIS.
A pesar que los sospechosos no trabajan para el sector público, les aplica la norma de sujetos equiparados a la función pública, debido a que, en sus desempeños, trabajan con fondos del Estado, mencionó el informe del ente fiscal.
