Edgar Fonseca, editor/Foto You Tube, Casa Presidencial

Los fuertes términos utilizados por el presidente Rodrigo Chaves y la ministra de Salud, Joselyn Chacón, para referirse a periodistas en la conferencia de prensa extraordinaria del 9 de enero, repercutieron en un recurso de amparo elevado ante la Sala IV por uno de los reporteros que se considera afectado.

En dicha conferencia Chaves calificó de “sicarios políticos” a los periodistas y medios que han divulgado la controversia de la alegada red de troles supuestamente pagados para defender la imagen gubernamental.

El recurso lo planteó el periodista Jason Ureña del sitio CR Hoy, aludido por Chaves y la ministra Chacón en dicha conferencia.

El presidente y la ministra tienen tres días para responder a dicho recurso.

El mandatario convocó ese día a la conferencia de prensa, la primera del año, para negar relación del gobierno con la alegada red de troles.

Chaves atacó a los periodistas y medios que repercutieron las denuncias del productor Alberto Vargas Zúñiga, creador del trol Piero Calandrelli.

“Son sicarios políticos los periodistas de ciertos medios que se han dedicado a atacar a la ministra sin razón”, expresó Chaves, quien luego leyó en su celular la definición de sicario y dijo que “gracias a Dios” son pocos los periodistas que caben en ese término y “pocos los contratantes”, destacó la agencia DW de Alemania que le dio repercusión internacional a las manifestaciones del gobernante.

El productor Vargas aseguró que la ministra Chacón supuestamente le pagó para desarrollar una campaña de ataques a periodistas, medios y diputados opositores.

Chacón reconoció que hizo los pagos pero no para atacar a periodistas o diputados sino para efectos de salud.

El presidente Chaves admitió como un error dichos pagos, por unos ¢430.000, pero censuró a los periodistas y medios que abordaron el tema.

“Le tengo malas noticias a esos tres medios. Ustedes pensaban, porque lo hicieron por muchos años La Nación, Canal 7 y CRHoy, que quitaban y ponían presidentes. Eso se acabó en 2022 y ahora trataron de quitar y poner ministros y ni a eso llegan”, afirmó Chaves en la conferencia de prensa, consigna DW.

Recuso contra lenguaje ofensivo

El recurso, presentado el 17 de enero, advierte que el mandatario usó calificativos y adjetivos que son claramente ofensivos, “presentándolos como una banda de delincuentes, sicarios políticos, deslegitimando el trabajo investigativo de la prensa nacional y el suyo en particular”.

Según el recurso, el mensaje del presidente sobrepasa por mucho los límites del debate democrático y que constituye un ataque furibundo a la libertad de expresión, por cuanto genera un efecto amedrentador, atemorizador, que provoca autocensura, amén de que implica un desconocimiento de las obligaciones de respeto y garantía de los derechos fundamentales (art. 1 y 29 Conv. ADH), que recaen sobre todo funcionario estatal.

“Si ha leído la palabra maldito, si desde el término que yo la uso y si usted busca, significa una persona perversa, que distorsiona la realidad y eso es don Jason Ureña para mí”, dijo la ministra Chacón durante la conferencia.

El presidente intervino y afirmó: “Maldito, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, perverso, de mala intención y dañadas costumbres’. Sí señor, eso es lo que estaba diciendo la señora ministra de su colega, que es un perverso, tiene mala intención y dañadas costumbres eh, no me sorprende”.

“Esa es, la joven a la que atacaron sin piedad dos sicarios políticos de CRHoy, sin piedad”, enfatizó Chaves.

Una estrategia de intimidación, ofensas y deslegitimación del trabajo periodístico

El recurso denuncia una estrategia de intimidación, ofensas y deslegitimación del trabajo periodístico por parte del presidente y la ministra.

“En otros términos –cita– es la normalización de la violencia verbal contra un periodista, algo muy grave en democracia, máxime proviniendo del primer mandatario y de una de sus ministras, quienes están sujetos a la obligación de respeto y de garantía de los derechos fundamentales”.

“De previo a exponer el fundamento legal del presente recurso de amparo, es necesario indicar que el panorama actual y los hechos amparados ameritan una intervención enérgica de la Sala Constitucional en resguardo de los valores democráticos que sostienen nuestro régimen jurídico-político”, destaca el recurso.

Agrega que es una cuestión que trasciende afiliaciones partidistas o partidarias, ideas o ideologías políticas, agendas personales, grupales o gremiales, pues toca aspectos esenciales que hacen de nuestro país una democracia plena, sólida, estable, reconocida y admirada como tal a nivel regional y mundial.

Conducta reincidente del presidente

El recuso denuncia una conducta reincidente del presidente en su relación con la prensa.

“Este amparo –añade– somete a conocimiento del alto Tribunal Constitucional una conducta reincidente por parte del señor Presidente de la República, que obedece a una estrategia clara y voluntaria, emprendida desde su campaña política, consistente en atacar a algunos medios de prensa, llegando incluso a prometer la destrucción de dos de ellos”.

“Si el Presidente de la República y la Ministra de Salud violentan sus obligaciones de respetar y garantizar la libertad de expresión, mediante ataques violentos a periodistas y a medios de comunicación, con insultos, descalificación del trabajo de investigación periodística, justificación de la violencia contra los medios, lo que están haciendo en el fondo no es ejercer su propia libertad de expresión, sino lesionar la de los demás, afectando el régimen de libertad, deslegitimando el trabajo de ‘permanente guardián’ que debe hacer la prensa en una democracia, con lo que se afecta la libertad de expresión (en su doble dimensión) y se termina resquebrajando la democracia misma”, ratifica el recurso.

“Por eso –enfatiza– este recurso de amparo es fundamental, pues no se trata simplemente de tutelar mis derechos, sino de garantizar que en nuestra democracia un Presidente de la República y su Ministra no puedan debilitar el trabajo esencial que realizamos los periodistas y medios de comunicación, escudándose en su libertad de expresión, para emprender lo que ya es claramente una estrategia de intimidación, ofensas y deslegitimación del trabajo periodístico de algunos profesionales y medios de prensa, menoscabando el régimen de la libertad y la misma democracia”.