Edgar Fonseca, editor/Foto Video Facebook Casa Presidencial
El presidente Rodrigo Chaves negó ayer miércoles que haya un ataque de su parte al ejercicio de la libertad de expresión en el país en medio de su disputa con el Grupo Nación tras el abrupto cierre del centro de eventos Parque Viva propiedad de dicha empresa en La Guácima, Alajuela.
“Esto no se trata de la libertad de prensa”, enfatizó rodeado de jerarcas de Bomberos, Fuerza Pública, Comisión de Emergencias y Ministerio de Obras Públicas, convocados a la Presidencia para justificar las razones del cierre.
El mandatario sostuvo que se mantiene el cierre del centro hasta que la empresa presente un plan remedial de evacuación.
“La evidencia –afirmó– es absolutamente incontrovertible”.
“El Ministerio de Salud acogió lo que le dicen tres cuerpos beneméritos de la patria, un ministro que tiene un doctorado en ingeniería vial de una universidad muy prestigiosa en Canadá, el 911 también”, añadió.
“Es una suspensión temporal y les corresponde hacer un plan remedial”, insistió.
Trascendió que tres instituciones, entre ellas la CNE, emitieron sus informes sobre la operación de dicho sitio posterior a la orden de clausura dictada por el Ministerio de Salud.
“Una monarquía”
“En la administración de Rodrigo Chaves nunca se cerrará un medio o allanará una sala de redacción o se meterá a la cárcel a un solo periodista”, prometió.
“Yo daría hasta la última gota de sangre para proteger la libertad del pueblo”, dijo.
“Un grupo empresarial piensa que por sus apellidos y abolengo, tienen la libertad de hacer lo que le da su santa y regalada gana, así es y lo acabamos de demostrar, como lo han hecho por generaciones en el siglo XX”, amplió Chaves, cuyos ataques al Grupo Nación cobraron eco internacional cuando medios latinoamericanos repercutieron la fricción del gobernante con dicha firma de medios.
También la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció la hostilidad del gobernante con dicha empresa.
“Eso se acabó desde el 8 de mayo del 2022”, sentenció en su alocución posterior al Consejo de Gobierno.
“Los integrantes de ese grupo se creen una monarquía, pero lo eran porque los gobiernos anteriores, incluyendo a los expresidentes que hoy se rasgan la ropa por ellos, les permitieron ser monarquía”, añadió en alusión a los exmandatarios Miguel Angel Rodríguez y Laura Chinchilla quienes censuraron la medida gubernamental.
Un total de 28 presuntos delitos le atribuye la Fiscalía al empresario Juan Carlos Bolaños Rojas, el principal imputado en el denominado caso de “cemento chino”, se informó hoy oficialmente.
Bolaños figura dentro de los 9 acusados por el Ministerio Púbico por dicho caso, confirmó hoy la Fiscalía.
Dicho imputado cuestionó la acusación en un video en su cuenta Facebook, ya que, dijo, la formularon sin haberse completado investigaciones de denuncias que interpuso contra tres fiscales a cargo del caso por supuesto incumplimiento de deberes.
“No me doblegaré”, aseveró el empresario que descontó prisión preventiva desde el 3 de noviembre de 2017 hasta el 29 de abril de 2018.
Las autoridades judiciales le atribuyen tal cantidad de presuntos delitos, como resultado de la investigación del caso que estalló durante la administración Solís Herrera (2014-2014) por un polémico financiamiento de unos $30 millones otorgado por el Banco de Costa Rica para la importación de cemento de China.
La Fiscalía le atribuye: 8 delitos de receptación, legalización o encubrimiento de bienes 11 delitos de peculado, 3 delitos de uso de falso documento, 3 delitos de influencia sobre la hacienda pública, 3 delitos de captación indebida de manifestaciones verbales en su condición agravada.
Aparte de Bolaños Rojas figuran imputadas figuran otras ocho personas de apellidos Acuña Alvarado, Barrantes Campos, Corrales Barboza, Cortés Zúñiga, Mora Tumminelli, Ramírez Rodríguez, Rojas Segura y Víquez Lizano, ratificó el ente acusador.
Los supuestos delitos que les atribuyen son peculado, tráfico de influencias, falsedad ideológica, uso de documento falso, falsificación de documento público, captación indebida de manifestaciones verbales, influencia en contra de la hacienda pública y receptación, legalización o encubrimiento de bienes públicos.
La Unidad Especializada de la Fiscalía General confirmó que finalizó la acusación del expediente 16-000013-0033-TP, por dicho caso conocido mediáticamente como “Cemento Chino-BCR”.
El Ministerio Público ratificó que investigó los hechos que se dieron en torno a la solicitud, tramitación y desembolso de un crédito revolutivo en el BCR, para Bolaños Rojas y su grupo de interés económico, conformado también por Cortés Zúñiga y Rojas Segura.
El requerimiento conclusivo fue notificado el lunes 11 de julio a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Banco de Costa Rica (BCR).
Según la Fiscalía, ambas instancias se encuentran dentro del plazo de la ley para informar si presentarán una acusación particular (querella), y si recurrirán o no a una acción civil resarcitoria, con la que reclamarían un monto económico por los daños y perjuicios sufridos.
“Crédito revolutivo”
Según la investigación, el polémico crédito sería utilizado para la importación y posterior nacionalización de cemento fabricado en China. Sin embargo, de acuerdo con la hipótesis fiscal, en todas las etapas del crédito (negociación, aprobación, desembolsos y posterior renovación) habrían ocurrido irregularidades por parte de funcionarios públicos de la alta administración del banco que permitieron el otorgamiento y continuo desembolso de fondos públicos, en detrimento de los intereses de la entidad bancaria y en favor del grupo empresarial de Bolaños.
Además, de acuerdo con el requerimiento fiscal, el dinero entregado por el BCR para la compra de cemento habría sido utilizado para fines distintos.
Una vez que la PGR y el BCR regresen el expediente al Ministerio Público con sus gestiones, este último se encargará de analizar los planteamientos de ambas entidades y de remitirlo al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública con la acusación y solicitud de auto de apertura a juicio, añadió el comunicado.
Persona imputada
Delitos acusados
Bolaños Rojas
8 delitos de receptación, legalización o encubrimiento de bienes 11 delitos de peculado, 3 delitos de uso de falso documento, 3 delitos de influencia sobre la hacienda pública, 3 delitos de captación indebida de manifestaciones verbales en su condición agravada
Rojas Segura
8 delitos de receptación, legalización o encubrimiento de bienes 11 delitos de peculado 3 delitos de uso de falso documento
Cortés Zúñiga
2 delitos de receptación, legalización o encubrimiento de bienes 3 delitos de uso de falso documento
Víquez Lizano
11 delitos de peculado 3 delitos de tráfico de influencias 1 delito de falsedad ideológica agravada 1 delito de falsificación de documento público en modalidad agravada
Acuña Alvarado
2 delitos de peculado 2 delitos de tráfico de influencias 1 delito de falsedad ideológica agravada 1 delito de falsificación de documento público en modalidad agravada
Corrales Barboza
3 delitos de peculado 1 delito de tráfico de influencias 1 delito de falsedad ideológica agravada 1 delito de falsificación de documento público en modalidad agravada
Barrantes Campos
1 delito de peculado 1 delito de tráfico de influencias 1 delito de falsedad ideológica agravada 1 delito de falsificación de documento público en modalidad agravada
Ramírez Rodríguez
1 delito de peculado 1 delito de tráfico de influencias 1 delito de falsedad ideológica agravada 1 delito de falsificación de documento público en modalidad agravada
Mora Tumminelli
3 delitos de influencia sobre la hacienda pública 3 delitos de captación indebida de manifestaciones verbales en su condición agravada
Esta guerra, cuando la medís proporcionalmente con las fallas, los errores que pudieron haber cometido el balance es altamente positivo… Cuando tú tenés una operación con un 95 % de éxito sin duda es correcta. Siempre en una guerra habrá víctimas inocentes, habrá daños colaterales que hay que corregir, no se justifica, pero en el bien supremo que se está pretendiendo proteger que es la vida, la propiedad, el trabajo del pueblo honrado”. Así el vicepresidente Ulloa intentó justificar al gobierno de Bukele por las muertes y abusos en el régimen de excepción o estado de sitio.
Sin embargo, olvida que “el fin no justifica los medios” y que como funcionario su deber y el de sus colegas y colaboradores es salvaguardar la vida y la integridad de los salvadoreños, justos o pecadores como manda la Constitución, no intentar minimizar los daños de unos frente al beneficio de otros.
No se vale que un abogado defienda los atropellos y muertes como si se tratara de una guerra convencional y “daños menores”. Aunque fuese una sola vida, debe preocupar y salvaguardarse, pero ya van 55 muertos en las prisiones y miles de detenidos arbitrariamente en 100 días.
Si Ulloa deja abierta la posibilidad de “error” en el 5 por ciento de los 45,000 detenidos, asumimos que por lo menos 2,500 no deberían estar presos y se están violando sus derechos, lo cual coincide con las 2,673 denuncias recibidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos.
En una decisión exprés, Alajuelense anunció este martes la contratación del uruguayo Fabián Coito, de 55 años, como nuevo técnico, tras el abrupto cese del español Albert Rudé quien fracasó en su intento hace una semana ante Cartaginés.
Aún ardiendo las brasas de la tormentosa final ante los brumosos y la salida de Rudé, los erizos comunicaron hoy la llegada de Coito, quien dirigió en 2006 su último club y en 2021 naufragó con la Selección de Honduras en la eliminatoria hacia Catar.
Coito firmó por un año (dos torneos cortos), ratificó LDA en su comunicado.
Detallaron que como entrenador, Coito trabajó en todas las Selecciones Juveniles de Uruguay donde clasificó a varias Copas del Mundo; también fue interino de la Selección mayor charrúa en el año 2018.
Del 2018 al 2021, fue el director técnico de la Selección Nacional mayor de Honduras.
En 2015 ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto con la Selección Sub-20 uruguaya, también fue campeón sudamericano de selecciones sub-20 en el año 2017.
Por otra parte, fue subcampeón del mundo sub-17 con Uruguay en el Mundial de México 2011.
Nuestro nuevo entrenador también fue futbolista (defensa) y desarrolló su carrera profesional en Clubes de México, Chile, Perú, Honduras y Uruguay, resaltó el comunicado manudo.
2006 último equipo dirigido
2000 – 2005: Central Español (Uru)
2006 – Club: A. Peñarol (Uru)
2007 – 2009: Selección Uruguaya Sub-15
2010 – 2013: Selección Uruguaya Sub-17
2014 – 2019: Selección Uruguaya Sub-20
Setiembre 2018: D.T. Interino de la Selección Uruguaya
Presidente Rodrigo Chaves y Joselyn Chacón Ministra de Salud, Conferencia de Presa posterior al Consejo de Gobierno, Casa Presidencial, 22 junio 2022.Foto: Roberto Carlos Sánchez
Edgar Fonseca, editor
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció este martes el ataque del presidente Rodrigo Chaves al Grupo Nación y a la libertad de expresión en el país tras el abrupto cierre del centro de eventos Parque Viva por alegadas razones sanitarias.
SIP expresó preocupación por el discurso público del presidente Chaves, y las acciones administrativas en contra del diario La Nación y una de sus empresas, destacó un pronunciamiento oficial de dicho ente hemisférico de protección al ejercicio de la libertad de prensa.
Aludió al intempestivo cierre del Parque Viva, ordenado por el Ministerio de Salud, en medio de una disputa de Chaves con dicho grupo de medios.
La organización aseveró que se mantendrá vigilante sobre el caso e instó al Presidente suspender lo que aparenta ser un acto de amedrentamiento indirecto y una campaña de descrédito en contra del medio, citó el pronunciamiento.
La SIP citó la decisión del Ministerio de Salud suspendió el 8 de julio el permiso sanitario de funcionamiento de Parque Viva, un centro de eventos propiedad de Grupo La Nación, después de recibir denuncias anónimas y tras una evaluación en la que determinó dificultades de acceso para vehículos de los bomberos y la Cruz Roja.
La medida, destacaron, ocurrió dos días después que el presidente Chaves, quien asumió el cargo en mayo, presentara durante una conferencia de prensa datos sobre la compra de bonos emitidos por La Nación S. A. en el mercado bursátil entre 2013 y 2014, y pusiera en duda la situación económica de la empresa, según denunció el diario.
Represalia indirecta
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, hizo notar que “las acciones administrativas en contra de una de las empresas que da estabilidad económica al diario se tomaron dos días después de que el Presidente criticara al medio”.
Canahuati, CEO de Grupo Opsa, de Honduras, añadió: “Nos preocupa que podamos estar frente a una retaliación indirecta. Nuestra experiencia nos indica que muchas veces la libertad de prensa es atacada en forma indirecta para ‘disciplinar’ a un medio, ya sea a través de auditorías fiscales o discriminándoles con la publicidad oficial, entre otras formas de censura indirecta”.
Según SIP, durante la campaña electoral, Chaves prometió destruir a La Nación y Canal 7, entre otros medios, porque publicaron información sobre denuncias por acoso sexual en su contra cuando trabajó en el Banco Mundial hace más de 15 años, y sobre supuestas irregularidades en el financiamiento de su actividad política. Chaves los llamó “canallas” y “medios de difamación”.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, agregó que “las continuas referencias del Presidente al diario demuestran una intención de desacreditarlo ante la opinión pública”.
Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, dijo que “lamentablemente, esta es una práctica cada vez más común entre los gobernantes de la región, sin importar su inclinación ideológica”.
Canahuati y Jornet instaron a Chaves a deponer “la actitud de confrontación” contra La Nación y a “respetar el papel fundamental de la prensa en una democracia”. Recordaron, además, que Costa Rica es uno de los países que más ha respetado el principio de la Declaración de Chapultepec que establece que “ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público”, añadió SIP.
En los últimos dos años, Costa Rica se ha ubicado entre los países que más respetan la libertad de prensa en el continente, según el Índice Chapultepec.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos.
