Edgar Fonseca, editor/Foto YouTube Corte Suprema de Justicia

El golpe perpetrado  el 1º de mayo por una mayoría legislativa aliada al presidente Nayib Bukele de El Salvador, contra magistrados constitucionales y la Fiscalía, repercutió en la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica donde los magistrados, sin embargo, rechazaron, 14-6, pronunciarse por no ser de su competencia.

Aunque el presidente de la Corte, magistrado Fernando Cruz, se pronunció públicamente contra lo acontecido en El Salvador, una mayoría de magistrados rechazó externar un comunicado de preocupación ante lo sucedido en la nación cuzcatleca con hondas repercusiones internacionales al punto que EE.UU. acaba de suspender asistencia económica para la Corte, Fiscalía y Policía de ese país tras el “quiebre constitucional”, según lo calificó Ricardo Zúñiga enviado del presidente Biden.

La discusión sobre el eventual pronunciamiento de los magistrados ticos se dio en la sesión de Corte Plena del 17 de mayo a petición del magistrado Paul Rueda.

Tras un intercambio de una hora y 40 minutos, los magistrados rechazaron pronunciarse.

La decisión fue criticada este lunes 24 de mayo por el exmagistrado constitucional, Carlos Arguedas, en su columna semanal Tal cual en La Nación titulada: ¡Fuera los jueces!

“La propuesta desechada por la Corte Suprema de Justicia se apoya en una preocupación válida. Tanto más porque, como es el caso, la intempestiva destitución afectó a la totalidad de los miembros de la Sala de lo Constitucional, dado el orden de sus competencias, muy similares a las de nuestra propia jurisdicción constitucional”, argumentó.

“Materialmente, estaba encaminada a la defensa de la independencia judicial, aquí y en cualquier parte, como dato identitario del Estado de derecho. Expresar esta preocupación no está vedado a la Corte Suprema, y, por el contrario, como asunto general o particular le concierne directamente”, enfatizó Arguedas.

Cultura de silencio

En la sesión del 17 de mayo, el magistrado Cruz calificó como “muy dramático” y de “proceso exprés” lo sucedido en El Salvador que evidencia que se trató como una pérdida de confianza hacia la figura de los magistrados.

No solo destituyeron a los magistrados sino al Fiscal General para eventualmente librarse de una acusación penal por la actuación del Poder Legislativo, denunció Cruz.

Advirtió que cuando se producen rompimientos del orden constitucional y violaciones de los derechos humanos, lo primero que es barrido es el Poder Judicial.

Sin embargo, lamentó que el Poder judicial de Costa Rica es un poder silencioso.

“Refleja el ordenamiento, la cultura del sometimiento, del silencio, porque un juez tiene que ser silencioso. No puede hacer ninguna manifestación que exceda la libertad de opinión”, insistió.

“Yo no soy un juez silencioso”, le respondió el magistrado Luis Fernando Salazar de la Sala Constitucional.

“Yo no hago esto ni por cálculo ni por comodidad sino por convicción. Nunca he sido un juez silencioso”, sostuvo al defender su trayectoria de 32 años de judicatura.

Especial PuroPeriodismo: El golpe de Bukele a la Corte de El Salvador, diario La Prensa Gráfica, San Salvador

Proceso “exprés“

El magistrado Paul Rueda, quien propuso hacer el pronunciamiento, destacó que en El Salvador se dio un “proceso exprés” de destitución de los magistrados en 4 horas.

Afirmó que se trata de decisiones que vienen a socavar la institucionalidad del sistema democrático. No son propias de un solo país, añadió.

Aseguró que se dan en el contexto de la pandemia y en un entorno de desilusión pública con los sistemas políticos en Latinoamérica.

Lo ocurrido en El Salvador, sostuvo, no es aislado.

Calificó de “visión errada” considerar que lo que pasa más allá de nuestras fronteras no nos va a afectar eventualmente.

“Costa Rica vive un momento difícil”, advirtió.

Enfatizó sobre la crisis de confianza pública en las instituciones y la necesidad que ante hechos como los ocurridos en el El Salvador se diese un pronunciamiento de defensa de la independencia del Poder Judicial.

Según Rueda, en la defensa de un principio fundamental de nuestro régimen político, no debe prevalecer interpretaciones formalistas que redunden en la falta de visión ante las amenazas al sistema político.

“La Corte no debe ser ajena a esto”, aseveró.

El magistrado Alvaro Burgos condenó el duro golpe de Bukele a la Corte y a la independencia del Poder Judicial y aseveró que los magistrados no debían quedarse “castrados” ante ese suceso.

Las magistradas Iris Rocío Rojas y Julia Varela se pronunciaron en contra de adoptar cualquier resolución al respecto al alegar razones legales y constitucionales que impiden a la Corte pronunciarse en un caso como este.

Segú Varela, se estaba ante un vacío legal por parte de la Corte para pronunciarse.

La magistrada Nancy Hernández se abstuvo de votar al estar postulada por Costa Rica a un puesto de juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia que eventualmente conocería del tema tras ser denunciada la destitución de los magistrados salvadoreños.