Jorge Corrales, economista
San José- No hay duda que “en guerra avisada, mueren menos soldados”. Yo no quisiera que, ante los problemas evidentes que surgen en torno al financiamiento de las pensiones del Poder Judicial, sea yo uno de los soldados que termine pagando -por medio del presupuesto nacional- los beneficios de algunos.
Un nuevo estudio realizado para el Poder Judicial por el actuario don Raúl Hernández -“Informe de flujo de ingresos y egresos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial”- muestra, de acuerdo con lo indicado por La Nación en su edición del 14 de marzo, en un artículo titulado: “Corte utilizará reserva para pagar pensiones en el 2019: Aportes de empleados serán insuficientes para entender jubilaciones, revela estudio de actuario”, que “si el Fondo continúa con la tendencia actual de crecimiento del gasto, el aporte mensual de los trabajadores y pensionados será insuficiente para sostener los egresos.” En sencillo, la plata que entrará al Fondo de Pensiones del Poder Judicial, no alcanzará para pagar todas las pensiones a partir de agosto del 2019, obligando a usar las reservas -fondos ahorrados que generan intereses- para enfrentar beneficios futuros de sus pensionados.
De acuerdo con el medio, a partir de esa fecha, los ingresos del Fondo por aportes serían de ₡7.017 millones, pero las pensiones que habría que pagar ascenderían a ₡7.239; esto es, un déficit en el flujo financiero de ₡222 millones, que tendría que ser sufragado disminuyendo las reservas del Fondo.
Un factor que, sin duda, incide en este déficit es que, “desde el 2010, la Sala IV eliminó el tope a las pensiones. Esta situación genera beneficios altos para los jubilados con este sistema. De hecho, hay un grupo de menos de 700 personas que recibe la mitad del gasto anual; es decir, ₡27.000 millones.” Hago la incómoda pregunta: ¿cuántos que votaron a favor de eliminar ese tope en el 2010, son beneficiarios de estas pensiones que rinden tanto para algunos pocos? (Hoy en día hay 3.673 jubilados, por lo que cerca de un 19% son los beneficiados con esas “altas” pensiones).
Ciertamente ha habido algunos proyectos (tres: uno de la Corte Plena, otro de los trabajadores y otro de diputados) para poner algún grado de orden en el régimen de pensiones del Poder Judicial, pero, el principio esencial debería la búsqueda de una homogeneización con el actual sistema de pensiones de la Caja. Sin duda que eso implicaría una fuerte limitación a tan altas pensiones, para las que los beneficiarios no han aportado lo suficiente a lo largo de sus vidas laborales. Por supuesto, es inaceptable que se pretenda acudir a mayor financiamiento mediante presupuestos estatales -esto es, pagado por todos los contribuyentes- como solución al problema de las pensiones del Poder Judicial.
El caso es tan grave que incluso en un informe reciente elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica, en donde analizó las tres reformas presentadas a la Asamblea Legislativa para reformar la ley del fondo de pensiones de los empleados del Poder Judicial -concretamente los citados previamente y no así el planteado recientemente por la Superintendencia de Pensiones- se requeriría un alza del pago del 43% del salario de los trabajadores y tal monto es “inviable” para poder pagar todos los privilegios y obligaciones de la actualidad.
Este último tema aparece expuesto en un artículo de La Nación del 11 de mayo, titulado “UCR dice que ningún plan salva pensiones de la Corte”. Entonces, ¿qué? ¿Pagaremos todos los costarricenses esos privilegios de un único gremio? Francamente, la situación exhibe una enorme injusticia y, en mi opinión, una inmoralidad institucionalizada. Por ello, es el momento de que esos esquemas de pensiones se traten al igual que bajo el de pensiones de la Caja, incluso a sabiendas de que éste tiene problemas para su financiamiento a largo plazo -eso sí mucho menores- que requiere ya de reformas indispensables para poder salvarlo.