Destapan intromisión de Ortega con magistrados

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Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua “consultan, siguen orientaciones e informan” al presidente Daniel Ortega sobre  una disputa legal por 1.100 manzanas de terrenos en El Viejo, Chinandega, que enfrenta a dos empresas, una de ellas ligada a un jerarca del gobierno, denunció el diario La Prensa de Managua.

Bajo el título: “Así negocia Daniel Ortega la justicia en Nicaragua”, el diario detalla un informe de una transcripción elaborada por magistrados sobre el litigio en que supuestamente Ortega interviene y decide.

“El presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega, se habría implicado en la pugna legal que enfrenta a la empresa Camarones del Pacífico (Campa) con la familia Navarro Soza, por la posesión de 1,101 manzanas de la finca Santa Rita de Hato Nuevo, ubicada en Chinandega, lo cual violenta la independencia de poderes establecida por el artículo 129 de la Constitución Política de Nicaragua”, advierte el diario.

La Prensa informa que uno de los magistrados, Rafael Solís,  manifestó “que después de haber hablado sobre el caso Campa con la doctora Estrellita Karen Bonilla, llamó al comandante para no tomar una decisión precipitada (…) que la última decisión la había tomado el presidente que supuestamente estaba reunido con los Baltodano”, señala la primera parte de la transcripción.

El magistrado Solís agregó: “El comandante lo que quería es que mandáramos la recomendación, donde nosotros ya tomáramos la decisión, lo que cabe si se toma la decisión, es una negociación, que es lo más práctico y se les paga o se declara de utilidad pública, aunque sería más alborotado en estos momentos, o después del seis (de noviembre de 2016, día de las elecciones), pero hay que tomar una decisión”.

Cita de magistrados

La Prensa reveló que  tuvo acceso a una trascripción de una reunión realizada el 21 de octubre del 2016 de la Comisión Especial de Registros conformada por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, Alba Luz Ramos y Francisco Rosales Argüello, que conforman la Dirección Nacional de Registros. También participaron dos funcionarios del Registro Público de Chinandega: Maritza Halleslevens y Eduardo Ortega Roa; participó también Estrellita del Carmen Troz Martínez, por el Registro Público de Managua; y Clara Nimia Cruz Castillo, por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter).

En la transcripción del encuentro –dice el diario– el magistrado Solís revela a los demás participantes del encuentro las conversaciones que Ortega habría sostenido con miembros de la familia Baltodano Cantarero, para discutir sobre el litigio.

El resultado de este encuentro se condensó en un informe enviado el 25 de octubre del 2016 al presidente Ortega, por los magistrados Ramos, Solís y Rosales”, agrega el diario.

La empresa Campa es propiedad de Emilio Baltodano Cantarero, hermano del general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, ministro de Inversiones y secretario de la Corporación de Zonas Francas, según dicho medio.

La Prensa informa que buscó la versión de los magistrados del Poder Judicial, sin embargo, el vocero de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Larios, respondió a la consulta: “Los magistrados me expresaron que prefieren no hablar de este tema por ahora”.

Ayer la Corte emitió un comunicado ene que calificó de “apócrifo” el documento en que basa su informe La Prensa, medio al que acusó de versiones difamatorias.

“La Corte Suprema de Justicia por este medio aclara y desmiente una publicación del diario La Prensa de este lunes 17 de abril, en la cual se vierte una serie de informaciones tergiversadas sobre un conflicto de propiedad que involucra a una empresa inversionista, teniendo como fuente una supuesta e imprecisa ‘transcripción’ de una reunión de la Comisión Especial de Registros (CER) de este poder del Estado”, señala el comunicado de la Corte, cita el diario.

 

Ver diario La Prensa, Managua, informe especial: Así negocia Daniel Ortega la justicia en Nicaragua

Ver diario La Prensa, Managua: CSJ dice que documento sobre intromisión de Ortega es “apócrifo”