Al consultarle a Chacón, sobre el significado del condicionado anuncio del gobierno respondió: “Lo que eso significa es que el aeropuerto solo podrá ser desarrollado a través de la figura de la concesión de obra pública (o una alianza público-privada similar) porque el Estado costarricense no cuenta con los recursos ni es oportuno que se endeude con ese propósito, habiendo otras alternativas”.
Según estima el gobierno, el nuevo aeropuerto iniciaría operaciones, el mejor escenario, en 2027 con un tráfico de 7.8 millones de pasajeros, y generaría 80 mil empleos (directos, indirectos e inducidos) y aportaría al PIB $1.500 millones anuales, según la Presidencia.
El área del nuevo aeropuerto abarcaría las localidades de Mastate, Ceiba y Coyolar de Orotina.
El viraje del PAC es positivo
Para el exministro Chacón es positivo que el gobierno del PAC acepte que el camino de la concesión es la opción viable para desarrollar el nuevo aeropuerto.
“El que las autoridades del PAC reconozcan que ese es el camino es ya un primer paso positivo y esperamos que con ello el país deje atrás la desgastante e infértil discusión ideológica sobre la figura de la concesión”, dijo Chacón. De previo a asumir el gobierno en 2014, la máxima dirigencia del PAC cuestionó y satanizó la figura de la concesión de obra pública.
El presidente Solís, en un aparente viraje de esa postura, destacó el miércoles : “Costa Rica ya demostró que tiene la fuerza para romper paradigmas en materia de innovación, turismo, atracción de inversiones e infraestructura pública”. Reconoció que se trata de “un primer paso”.
“Por el monto y la complejidad de la obra, ésta requerirá de la participación de compañías foráneas especializadas tanto en la construcción, como en la administración y financiación de obras similares”, afirmó el exministro Chacón.
“En consecuencia, implicará la construcción y explotación de la obra por parte de firmas privadas, quienes recuperarán la inversión a través de los cánones que cobren a los usuarios. Nosotros estamos a favor de que se desarrolle la obra y apoyamos que se haga a través de la figura de la concesión u otra alianza público-privada”, puntualizó.
Con Chacón coincidió el veterano economista independiente, Jorge Corrales Quesada quien reaccionó ante el anuncio oficial: “No creo que tengan ya definido el mecanismo de financiamiento. Eso sí -y tal vez es por experiencia- si acuden a la concesión probablemente sí se logrará hacer en un plazo más o menos definido”.
El gobierno presentó el miércoles un estudio de emplazamiento, un plan maestro, un prediseño y una prefactibilidad financiera resultado del trabajo realizado tras la firma de un contrato, en mayo 2016, entre la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA) y la firma británica especializada Mott MacDonald, compañía ganadora de una licitación pública internacional. Mott MacDonald contó con la colaboración de las empresas expertas Gensler Arquitects y FSA de Costa Rica, así también como EnRoute de España.
El estudio tuvo un costo de $1.8 millones.
El proyecto prevé obras de infraestructura vial y ferroviaria, ampliación de la ruta 27, ya colapsada, construcción del corredor de interconexión vial de Occidente, mejoramiento y mantenimiento de al menos seis rutas.
En su máximo desarrollo, el nuevo aeropuerto generaría 80 mil empleos directos, indirectos e inducidos, según el gobierno.
El plan trasciende mientras una nación vecina como Panamá está por concluir los trabajos de ampliación de la terminal II del aeropuerto internacional de Tocumen, a un costo aproximado de $900 millones. La obra está a cargo del gigante brasileño Odebrecht, involucrado en un escándalo mundial de sobornos a gobiernos, políticos e intermediarios, y que tiene abiertas causas judiciales en dicho país contra exfuncionarios y particulares. La ampliación estaría lista para inicios del año entrante y dejaría a Tocumen con 54 salas de abordaje. Por Tocumen pasaron en el primer trimestre de este año: 3.783.323 pasajeros, una alza de 4.7% respecto al mismo periodo del año anterior, según el diario La Prensa de Ciudad Panamá.
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La mano derecha de Álvarez Desanti
Francisco Chacón González, el principal asesor del candidato presidencial del PLN, Antonio Álvarez Desanti, es abogado graduado de la Universidad de Costa Rica, con una maestría de Georgetown University, consigna el sitio de Lead University, San José donde es profesor.
Añade dicho sitio: “Con amplia experiencia en los sectores público y privado. Es socio del bufete Zurcher Odio & Raven y director de la práctica de Comercio Internacional e Inversión Extranjera en esa firma”.
Carrera en el gobierno:
- Ministro de Comunicación (2012-2013)
- Diputado por la provincia de San José (2010-2012)
- Viceministro de Comercio Exterior (1994-1997).
- Ha participado activamente en el diseño e implementación de la política comercial del país y en su desarrollo institucional, así como en importantes proyectos de infraestructura y manufactura.
- Como diputado promovió la aprobación de los acuerdos comerciales con China, Singapur y Perú, la Ley de Arbitraje Internacional, las reformas a la Ley para la Promoción de la Competencia, la Ley de Protección de Datos Personales, la Convención de la Apostilla y la Ley del Contrato de Seguro, entre otra normativa regulatoria.
Ha formado parte de las lista de árbitros de varios acuerdos comerciales; ha sido testigo pericial en disputas internacionales, y asesorado a gobiernos locales y extranjeros, así como a organizaciones multilaterales, en temas de comercio e inversión.
Es autor de numerosos artículos y publicaciones.
Fue profesor de Derecho Administrativo y co-fundador de la Cátedra de Comercio Internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (1988-1994)”.
Fuente: Lead University, San José, Costa Rica
