Edgar Fonseca, editor
Lo bueno: el incansable esfuerzo del Ejecutivo por dialogar con tantos sectores sea posible para aplacar la crispación social de estos días.
La apuesta por el diálogo, por la solución negociada de los conflictos, es conteste con las mejores tradiciones de este país.
Se trata no solo de una voluntad política estratégica del gobierno por apelar a la herramienta sino una respuesta lógica a una apremiante ola de quejas y de presiones exacerbada por dirigentes gremialistas y extremistas.
Pero, ¿cómo responder ante la intransigencia de una dirigencia sindical como la del sector salud encadenada a sus costosísimos pluses?
Por más buena voluntad que haya departe del gobierno y de las autoridades de la CCSS, no emerge el mínimo atisbo de flexibilidad, de raciocinio y de sensatez de unos líderes gremiales que se creen por encima de la ley y por encima del resto de ciudadanos y de sectores que sí deben acatar el nuevo ordenamiento fiscal.
El Ejecutivo tiene en este conflicto una prueba de fuego frente a una huelga inhumana e impopular en daño de miles de pacientes.
Lo malo: son tantos los frentes abiertos que, pareciera, conspiran contra una coherente tarea de conducción gubernamental, que debería estar centrada en decisiones medulares para reactivar la economía, generar empleo y apuntar a la estabilidad en el mediano y largo plazo.
El gobierno debe balancear entre atender, responder y resolver los reclamos puntuales, inmediatos, y reencauzar al país por la senda de su recuperación.
La administración está ante el desafío de consolidar la vigencia de la crucial reforma fiscal aprobada hace un año o precipitar al vacío su gestión.
Lo feo: ¿de quién fue la ocurrencia de darle podio oficial a alguien que no se cansa de incitar a los bloqueos, al desorden, a la desestabilización?
Ojalá, ese acto de mera complacencia politiquera no se revierta uno de estos días con otro arrebato disociador que ponga en jaque todo el tremendo esfuerzo oficial por avanzar con un diálogo franco, genuino y efectivo.
Punto final– Las leyes del teletrabajo, de la educación dual y de regulación de huelgas en el sector público son contribuciones legislativas clave.
Las dos primeras abren ventanas de oportunidades sobre todo para miles de jóvenes desempleados.
La tercera aclara y pone orden en el maremágnum de las protestas en los servicios públicos esenciales y estratégicos.
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