Edgar Fonseca, editor

“Pero la triste verdad, es que hoy la mejor opción para el país es un acuerdo con el Fondo. Hace 30 años se demostró que la opción del efímero y falso heroísmo ante una aguda crisis fiscal, sólo conduce a convertir en inevitables reformas estructurales ajenas al sentir de los que buscan ese tipo de heroísmos”, advierte el fundador PAC y excandidato presidencial, Ottón Solís.

En un artículo titulado Pocas alternativas, todas dolorosas, hecho público este miércoles, el ahora director del BCIE, enfatiza: “Hoy todos, los de todas las clases sociales, estaremos peor sin acuerdo con el Fondo que con acuerdo. De ahí que, aparte de mi interés en evitar las consecuencias negativas para el BCIE (banco del cual Costa Rica es codueño) si el país entrara en dificultades de pagos, creo que el país no tiene mejor alternativa que un acuerdo con el FMI. Por ello insto a todos los sectores a poner su mejor esfuerzo para que haya acuerdo. Todos tenemos no sólo el derecho, si no la obligación de proponer y aconsejar …. siempre y cuando nuestro único objetivo sea facilitar técnica y políticamente el acuerdo con el Fondo”.

Apoyo del BCIE

En su artículo, Solís añade: “El BCIE ha venido apoyando a nuestro país en los últimos meses, tanto con recursos donados para enfrentar la pandemia, como con préstamos blandos (tasas de interés 7 puntos porcentuales más bajas que las que los mercados de capital cobrarían a Costa Rica). La suma de esos créditos más los desembolsados a lo largo del tiempo, acumulan una deuda de nuestro país con el BCIE de casi $1.400 millones. Además, hemos aprobado $2.000 millones que no se han desembolsado debido a los tortuosos trámites que acompañan la inversión pública en nuestro país. Los créditos otorgados a Costa Rica representan casi un 18% de la cartera total del Banco. Así que si Costa Rica tuviese dificultades para pagar su deuda, el BCIE terminaría seriamente afectado. De ahí que el BCIE tenga un interés directo en que se llegue a un acuerdo con el FMI, en tanto ello es la única salida para que el país evite ese tipo de dificultades”

“En ese marco –consigna– quisiera por este medio hacer algún aporte, con la esperanza de que contribuya a que se logre ese acuerdo. Desde hace una década, era evidente que la deuda pública de Costa Rica crecía sin control. En el 2008 era del 24% del PIB, pero ya en el 2010 alcanzaba a un 28.3% del PIB. En el 2011 se elevó al 30%. De ahí siguió creciendo a un ritmo acelerado. Primero 2 puntos porcentuales por año, después 4 y después 5 puntos. Ahí nos tomó la pandemia. Existen situaciones macroeconómicas difíciles que no son percibidas por la población, porque en el momento no les causan ninguna carencia. Es el caso del déficit fiscal y la deuda pública. Esto dificulta el apoyo a propuestas dirigidas a corregir esos problemas y anticipar otros males, aunque las propuestas sólo causaren un leve impacto en el bienestar de la gente. Por ello, fue tan difícil materializar propuestas y convertir acuerdos en leyes, a pesar del crecimiento de la deuda pública”.

“Muchas derechas y muchas izquierdas se opusieron a todo”

“Mucho político, analista y líder de opinión –sostiene Solís– sigue la corriente y si un problema no es percibido por la población, populistamente se oponen a medidas para enfrentarlo. No importaron las advertencias, las demostraciones contundentes con números. Muchas derechas y muchas izquierdas se opusieron a todo, tanto a la propuesta fiscal que acordáramos con la entonces presidenta doña Laura Chinchilla en el 2011, como a los enormes esfuerzos que algunos hicimos desde la Asamblea Legislativa en el período 2014-2018, dirigidos a limitar el crecimiento del gasto, a incrementar los ingresos y a cerrar o fundir instituciones que sobraban y se repetían. La pandemia no sólo canceló los grandes logros del gobierno y la Asamblea Legislativa con las reformas del 2018 en materia fiscal, sino que, al igual que en todo el mundo, agudizó los desequilibrios y los creó donde no existían”.

Ninguna opción es fácil

“Hoy el problema –asevera– es tan agudo, que ninguna opción es fácil. El mejor plan es doloroso. Ya no existen posibilidades de que las medidas sólo afecten a los que más tienen o a los empleados públicos o a los consumidores. Si el ajuste fiscal requerido fuese moderado, sería factible concentrar el dolor en un sólo sector o afectar solo levemente a todos los sectores. Esas posibilidades existieron, pero se acabaron hace tres años. El cortoplacismo, el populismo, la falta de estudio de algunos y quizá nuestra incapacidad para explicar impidieron avanzar.

Algunos quieren a Alvarado de héroe

“Algunos –critica– quisieran ver al Presidente Alvarado convertido en héroe, épicamente tirándole las puertas al FMI; otros quisieran ver cada detalle de la ideología que ostentan, ya sea estatista o neoliberal, expresada en el acuerdo. Pero la triste verdad, es que hoy la mejor opción para el país es un acuerdo con el Fondo”.

“Hace 30 años –recuerda– se demostró que la opción del efímero y falso heroísmo ante una aguda crisis fiscal, sólo conduce a convertir en inevitables reformas estructurales ajenas al sentir de los que buscan ese tipo de heroísmos”.

“Por otra parte –asegura– los números dan muy poco espacio para los pudores ideológicos. El mejor plan debe resguardar la situación de los sectores más pobres por un principio moral y ético. Pero es imposible que con ese plan la clase media no sufra, es imposible que se eviten cierres de instituciones y hasta algunas privatizaciones -como las ya propuestas-, es imposible que el sector empresarial y adinerado no tribute más de lo que ya ha venido tributando. ¿Qué diríamos de la persona que enfrentada a una hambruna, rechace alimentos porque tienen mucha grasa o azúcar? Le diríamos que reserve esos purismos dietéticos para cuando la hambruna haya sido superada”.

“Retomemos los debates sobre el tipo de estado que queremos para cuando hayamos superado la hambruna que padecen las finanzas públicas, por ahora debemos digerir lo grasoso, azucarado o amargo. El gobierno ha puesto su plan sobre la mesa. Es claro y logra sus objetivos matemáticos en materia fiscal y de deuda. Pero si brotan mejores propuestas y son viables -en el contexto político de nuestra democracia- deben adoptarse”, plantea Solís.

“Escucho que el gobierno está abierto a esa posibilidad. Debemos tener claro que si se logra el acuerdo con el FMI, recibiremos un préstamo de $1.750 millones a una tasa de interés equivalente a una cuarta parte de la tasas que tendríamos que pagar en los mercados de capital simplemente para renovar créditos. Además, las agencias calificadoras mejorarían la calificación del país casi de inmediato, tal y como ocurrió, por ejemplo, con Honduras hace dos años. Ante ello los mercados de capital reaccionarían reduciendo las tasas de interés por nuestros créditos. De ese modo, los recursos que tendremos que dedicar a pagar intereses por nuestra deuda bajarían y con ello el déficit fiscal. Además, un acuerdo es la mejor estrategia para la reactivación económica, en el tanto los inversionistas privados nacionales y extranjeros verían que sí hay luz al final del túnel y ampliarían y ejecutarían sus planes de inversión. Ello beneficiaría el empleo y la recaudación tributaria y reduciría adicionalmente el déficit fiscal”.

Pero si no hay acuerdo…

“Por otra parte –advierte– si no hay acuerdo con el Fondo, nos colocaríamos a 180 grados de cada una de esas posibilidades y experimentaríamos fuertes procesos de devaluación del colón, una aguda inflación, una recesión económica aun más profunda que la actual y, lo mas grave, un dramático incremento en la pobreza. Una situación similar enfrentábamos a inicios de la década de los 80. Pero en Nicaragua se había instalado el Sandinismo y Estados Unidos quería a Costa Rica de aliado en la expresión centroamericana de la Guerra Fría. De ahí que antes de tener que despedir grandes secciones del empleo público, de eliminar programas sociales y de privatizar o cerrar todo tipo de instituciones (medidas inevitables cuando no hay dinero en las arcas públicas), la geopolítica generó recursos equivalentes a un 8% del PIB donados o fuertemente subsidiados (de USA y bancos multilaterales). Siempre se impulsaron reformas no muy apreciadas por algunos de nosotros, pero fueron mucho menos radicales que lo que hubiese ocurrido sin la geopolítica. Pero hoy esas circunstancias no existen”.

Tensiones impredecibles

“Si no hay acuerdo con el Fondo y caemos en una crisis como la de inicios de los 80, la única manera de sobrevivir será con un agresivo programa de privatizaciones, con la reducción al mínimo el Estado Social de Derecho y con despidos sustanciales de empleados públicos. Las consecuencias sociales y políticas de las tensiones que se generarían en esas circunstancias son impredecibles. Pero si de algo podemos estar seguros es que no beneficiarían para nada al sector empresarial y a los grupos de elevados ingresos”.

“Y –agrega– para los que desde sus honestas intenciones progresistas o desde la defensa a ultranza de pluses laborales, crean que eso no es posible, sólo recuerden lo que ocurrió en Grecia hace 5 años. Ante una severa crisis fiscal el líder de la izquierda Alexis Tsipras y su partido Syriza, contrario a sus vehementes y, quizá, atendibles prédicas, se vieron obligados a privatizar hasta los aeropuertos, a cerrar instituciones y a reducciones sustanciales en los beneficios a la burocracia”.

“A lo largo de mi vida pública –sostiene– he luchado por la disciplina fiscal y la eficiencia de las instituciones estatales. En parte porque he creído que el desarrollo debe beneficiar por igual a toda persona trabajadora y honrada y que solo con un Estado intermediador protagonista, fuerte y robustamente financiado se puede lograr ese objetivo”.

“Pero también –dice– para evitar tener que poner nuestra política económica en manos de bancos multilaterales como el FMI. Siempre quise evitar llegar a una situación en la cual estaríamos peor sin esos bancos. Lamentablemente estamos en ese punto. Hoy todos, los de todas las clases sociales, estaremos peor sin acuerdo con el Fondo que con acuerdo”.

“De ahí que, aparte de mi interés en evitar las consecuencias negativas para el BCIE (banco del cual Costa Rica es codueño) si el país entrara en dificultades de pagos, creo que el país no tiene mejor alternativa que un acuerdo con el FMI. Por ello insto a todos los sectores a poner su mejor esfuerzo para que haya acuerdo. Todos tenemos no sólo el derecho, si no la obligación de proponer y aconsejar …. siempre y cuando nuestro único objetivo sea facilitar técnica y políticamente el acuerdo con el Fondo”, concluye.