Edgar Fonseca, editor
La Fiscala General, Emilia Navas, rechazó que la dependencia a su cargo haya conocido pruebas del caso UPAD, en que es imputado el presidente Carlos Alvarado, de “manera ilegítima”.
“Es falso que la Fiscalía General haya entrado a conocer pruebas del caso UPAD de manera ilegítima”, advirtió Navas en un comunicado hecho llegar a la prensa a las 5:32 p.m. del jueves.
“Aunque la Ley solo me faculta a explicar este punto ante la Sala Tercera, quiero dar fe de que la evidencia no ha sido revisada”, amplió Navas horas después que en la Asamblea Legislativa, durante una comparecencia del mandatario ante diputados, quedó al descubierto una clave de un teléfono celular del gobernante decomisado por la Fiscalía.
La clave la dio a conocer el diputado Dragos Dolanescu durante un acalorado intercambio con Alvarado, por lo que la Fiscalía ordenó investigar la supuesta filtración de la evidencia.
Droganescu alegó el jueves que actuó por “chota”.
Desinformaciones
Según la Fiscala Navas, en el caso conocido mediáticamente como UPAD ha surgido una serie de desinformaciones que la obligan a aclarar algunos puntos “para garantizar a la población que la investigación que dirigimos se realiza en total apego a la ley y respetando los derechos de todas las partes”.
“Somos el órgano con mayor interés en que no se dé la filtración de información sensible”, destacó Navas.
“Ayer, cuando conocimos que se expusieron datos en la comparecencia legislativa, solicité al OIJ el inicio inmediato de una investigación para identificar a la persona o personas responsables”, enfatizó.
Según Navas, así lo decidieron tomando en cuenta que las partes legítimamente representadas en dicho expediente suman alrededor de 50 personas ajenas al Ministerio Público: entre abogados defensores, querellantes y sus asistentes, imputados y Procuraduría General de la República.
No descartan ningún indicio
Navas dijo que en cuanto a la revisión de los dispositivos electrónicos decomisados a las personas imputadas, de acuerdo con los fines de la investigación penal, que es buscar la verdad real de lo ocurrido, es absolutamente impropio e ilógico descartar cualquier indicio (físico o digital) sin ser revisado. El protocolo propuesto en el caso UPAD, aceptado por el juez de garantías, busca el correcto balance entre derecho a la intimidad y los fines procesales.
“El hecho de que algunas partes procesales no estén de acuerdo con las resoluciones que han dado la razón al Ministerio Público en este caso, no significa, en absoluto, que se trate de actuaciones irregulares”, puntualizó la jerarca del Ministerio Público.
“Quiero informar que todas las acciones realizadas por la Fiscalía General que han requerido control jurisdiccional han contado con el aval de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia”, consignó Navas en su mensaje.
Reiteró su compromiso “para continuar investigando el caso bajo los principios de objetividad y transparencia que rigen a la institución que represento”.
El caso UPAD trascendió hace un año cuando se reveló la operación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos que supuestamente afectaba la privacidad de los ciudadanos.
Tras estallar la polémica, el presidente Alvarado derogó abruptamente el decreto de creación.
La Fiscalía intervino y allanó, en una acción sin precedentes, la Casa Presidencial.
Alvarado fue citado a comparecer al plenario legislativo el miércoles 10 de febrero, lo cual calificó de “trampa” y transgresión constitucional.
Los abogados de Alvarado no descartan acudir a Sala IV para denunciar la supuesta “velada interpelación” que se dio durante la comparecencia.
La Constitución no prevé la interpelación del mandatario pero sí de ministros.
La cita en el plenario fue defendida por Silvia Hernández, diputada PLN, presidenta de la comisión investigadora, con base en artículos constitucionales.
