Edgar Fonseca, editor/Foto Casa Presidencial

La Fiscalía anunció que investigará la supuesta filtración de la clave de un teléfono celular decomisado al presidente Carlos Alvarado como parte de las investigaciones del denominado caso UPAD, se anunció oficialmente.

La clave trascendió esta mañana durante un intercambio del diputado Dragos Dolanescu del partido Republicano Social Cristiano con el mandatario en el plenario legislativo.

“Eso demuestra señor diputado que usted en su pregunta tiene mala fe. Porque usted aseveró que yo no compartí mis claves y usted sabía que sí las había compartido”, reclamó Alvarado al legislador en uno de los más polémicos pasajes de la comparecencia.

“Luego de conocer la información sensible que se expuso durante la comparecencia del señor Alvarado Quesada, en la Asamblea Legislativa, la Fiscalía General solicitó esta tarde al Director del Organismo de Investigación Judicial, que inicie de forma inmediata una investigación penal, a efectos de determinar la identidad de la persona o personas que facilitaron al señor Diputado información privada del expediente”, destacó el Ministerio Público.

Fiscalía niega filtración

La revelación que hizo el diputado desató controversia tras lo cual el Ministerio Público aseguró al país que no ha habido filtración de datos de la causa que se sigue contra el presidente por el caso UPAD.

El Ministerio Público garantiza a la población que, por su parte, no ha habido filtración alguna de datos sensibles del proceso de investigación 20-005434-042-PE. La institución señala que es la principal interesada en que se resguarden todos los detalles de la causa, a efectos de no poner en riesgo el correcto avance de la misma, citó el comunicado oficial.

55 personas con acceso a información del caso

Según la Fiscalía, durante la audiencia de apertura de evidencia digital de ese expediente, realizada el mes pasado, un total de 55 personas que no forman parte del Ministerio Público, tuvieron conocimiento de información relacionada con esa diligencia. Entre estas, figuran personas imputadas, abogadas, técnicos y querellantes.

La comparecencia de este miércoles fue tachada por Alvarado como “una trampa” y una “velada interpelación”, un mecanismo no contemplado por la Constitución.

Una comisión legislativa investiga el origen y funcionamiento de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos que quedó al descubierto hace un año, tras lo cual el presidente Alvarado derogó el decreto de creación.

La Fiscalía también investiga los extremos de esta instancia y hace un año, como parte de las pesquisas, en una acción sin precedentes, allanaron Casa Presidencial, Zapote, donde decomisaron computadoras y celulares del gobernante.

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Presidente niega espionaje, ilegalidad o mala fe con UPAD en cuestionada cita legislativa

El presidente Carlos Alvarado negó este miércoles espionaje, ilegalidad o mala fe con la operación de la UPAD en una inédita y cuestionada comparecencia en el plenario legislativo, que se prolongaría al menos 8 horas, y que el mismo mandatario tachó de inconstitucional y de una “trampa”.

En sus primeras manifestaciones ante los diputados, el gobernante rechazó, además, beneficio personal o fin electoral en la operación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos de la cual defendió su legalidad. 

Rechazó que fuese una instancia de espionaje.

“Finalizo esta jornada con la paz y tranquilidad de que lo hoy le rendí cuentas a las y los costarricenses y que lo dicho es la verdad: nadie espió a nadie, nadie se robó plata, nadie vendió información. Todo el trabajo que se hizo fue por el bienestar de las y los costarricenses”, tuiteó Alvarado a las 7:11 p.m. tras salir del recinto parlamentario.

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Defiende legalidad de la UPAD

“Cuando firmé el decreto de creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos lo hice plenamente convencido de su legalidad y de que se había cumplido con todos los trámites necesarios para emitir el decreto”, enfatizó Alvarado durante la jornada matutina en un texto que llevó ante los diputados.

“Sin embargo –reconoció– con posterioridad, se detectó que el decreto contenía un error de redacción el cual leído en forma aislada y fuera de contexto del propio artículo 7 y del resto del decreto, permitía generar interpretaciones negativas y lejanas a objetivo perseguido, por lo que de buena fe, por razones de conveniencia y oportunidad, se procedió a derogarlo”.

Ni ocultos ni espionaje

“El equipo de análisis de datos no trabajó de manera oculta, no hubo espionaje, nunca se usaron datos con fines electorales o para beneficiar a un tercero y no hubo mal uso de fondos públicos y siempre se actuó bajo el bloque de legalidad que antes expuse”, remarcó.

“Viéndolos a los ojos”

“Viéndolos a los ojos, les puedo asegurar que ni uno solo de los 5 millones de costarricenses ha sido espiado o ha visto comprometida su privacidad con los proyectos que se desarrollaron”, lanzó el presidente a los diputados.

“Viéndolos a los ojos les aseguro que ningún alcance de la iniciativa sirvió para el beneficio particular de nadie o de ningún tercero”, les insistió.

Mala intención

“Desmiento las afirmaciones absurdas que se han hecho señalando el uso de datos para comercializarlos, venderlos a terceros o para fines electorales; estos fueron para política pública. Estas son afirmaciones malintencionadas que se realizan sin evidencia o sustento alguno”, añadió.

“Nadie se robó un cinco de la plata de los costarricenses con el trabajo que se hizo u obtuvo beneficios ilegales. Tampoco, ninguno de los estudios desarrollados sirvió para algún fin político electoral. Lo garantizo por lo más sagrado”, amplió.

FMI, pandemia, no teorías conspirativas

“Se ha sugerido que se creó una unidad para espiar. Esto es absolutamente falso y tras meses de investigación no se ha encontrado evidencia de ello. Costa Rica, donde nos urge un acuerdo con el FMI y donde combatimos una pandemia, no está para este tipo de teorías conspirativas”, advirtió.

“Impulsé a las instituciones del Poder Ejecutivo a usar la información disponible en el Estado, para alcanzar los resultados más eficaces para atender los problemas del país. Lo hice conformando un equipo de trabajo de tres profesionales talentosos y comprometidos con el país”, destacó.

“Como queda en evidencia, una Administración Pública basada en datos para toma de sus decisiones es más eficiente en todas las áreas. Esa eficiencia constituye un principio del servicio público, reconocido y que me es ordenado por la Ley General de la Administración Pública”, agregó.

“Con paz y tranquilidad me hago presente en la Asamblea Legislativa para dirigirme a las y los costarricenses. Vengo a rendir cuentas del trabajo que se realizó con el análisis de datos y aclarar las falsedades difundidas”, tuiteó Alvarado al llegar a la Plaza de la Democracia, acompañado de su esposa la Primera Dama, Claudia Dobles.

  • PuroPeriodismo mantendrá actualizaciones de la comparecencia

Espectáculo y grave precedente

“La falta de cultura político-democrática, el desdén por las investiduras, el desinterés por investigar en serio y el afán de protagonismo de alguna(o)s, explican en mucho el espectáculo y grave precedente del interrogatorio al presidente en el plenario legislativo”, cuestionó el periodista y exdiplomático, Eduardo Ulibarri, horas antes de la cita del gobernante en la Asamblea.

“El presidente Alvarado no debe comparecer ante la Asamblea Legislativa, exponerse a una emboscada motivada por revanchismos políticas y además por una causa en proceso de investigación por el Ministerio Público”, reclamó Federico Picado, uno de los máximos dirigentes de la comisión política del partido de gobierno PAC.

“Ni el caso de la UPAD fue inocencia pura y no es que no se trate de un tema grave (gravísimo), en lo judicial, en lo político y en lo administrativo; ni la comparecencia del Presidente no es la oportunidad aprovechada para llevarla lo más cercano a un juicio político”, comentó el también analista Gustavo Araya.

“Lo que hoy aplica, también aplicará mañana. ¿Veremos Presidentes desfilar por el plenario legislativo con mayor frecuencia?, planteó.

“El cinismo más grande del PAC y sus acólitos es intentar convertir a la comisión cuestionadora en comisión “cuestionada”, criticó el exministro y exdiputado PLN, Francisco Chacón, al avalar la comparecencia.

Doble jornada

La sesión arrancó a las 9:58 a.m.

La presidenta de la comisión investigadora, Silvia Hernández, PLN, justificó la comparecencia en el artículo 121, inciso 23 de la Constitución Política.

El presidente dispuso de 30 minutos para referirse al caso.

Luego cada diputado de la comisión investigadora tuvo 15 minutos para hacer preguntas.

Conforme dispuso la comisión, la sesión se realizó en dos bloques.

Uno matutino, hasta las 12 del día, y otro vespertino.

Todas las actividades legislativas fueron suspendidas para dar espacio a la asistencia de legisladores al plenario.

No hay precedentes de una sesión como esta, salvo la comparecencia presidencial anual del 1 de mayo.

“Es una trampa”

“Ahí es donde está la trampa que se me ha puesto, porque es un mecanismo constitucional pero si no voy, van a querer decir que yo oculto algo y tengo miedo”, denunció Alvarado durante la inauguración del curso lectivo en el Colegio Técnico Profesional de Purral de Goicoechea la mañana del lunes 8 de febrero.

“Sí voy a responder a los costarricenses”, insistió sobre si atenderá todas las preguntas que le lancen los diputados.

“No quisiera referirme a eso, honestamente yo voy a responderle a los costarricenses”, respondió cuando se le panteó si estaba a las puertas de un juicio político.

El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa cuestionó en un informe jurídico la comparecencia que definió como “velada interpelación”.

Alvarado será interrogado por lo miembros de la comisión que investiga el denominado caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos que saltó a la luz pública hace un año.

Dicha unidad funcionaba por decreto en Casa Presiencial.

Se cuestionó que pretendía usar datos privados de los ciudadanos.

Tras desatarse la controversia, Alvarado derogó abruptamente el decreto.

La Fiscalía intervino y, en un acción sin precedentes, allanó la sede presidencial. Los fiscales decomisaron equipos electrónicos y celulares del mandatario. Los abogados del presidente consideraron dicha acción excesiva.

El vienes 5 de febrero el presidente Alvarado anunció que accedía a comparecer a la Asamblea pese a que calificó de grave precedente e irrespeto a la Constitución la decisión de los legisladores de citarlo al penario.

Incluso se mostró dispuesto a que la cita se desarrollara en el estadio Nacional.

Ese viernes la diputada Silvia Hernández, PLN, presidente de la comisión investigadora amenazó con requerir la actuación de la Fuerza Pública para presentar a Alvarado a rendir su declaración en sede legislativa.