Edgar Fonseca, editor
Un total de 40 diputados de las distintas fracciones pidieron este lunes al presidente Carlos Alvarado revocar el nombramiento del exdiputado y fundador PAC, Ottón Solís, en OCDE.
Votaron el pedido 14 diputados PLN, 7 de Restauración Nacional , 6 PUSC, 2 PIN, 1 Republicano Social Cristiano, 1 Frente Amplio y 9 independientes.
Se opusieron los 10 legisladores de la fracción PAC y la socialcristiana María Vita Monge
Además, por medio de una moción intentan censurar a los 22 ministros que avalaron dicha designación en el Consejo de Gobierno del martes 6 de julio.
El único jerarca que se opuso fue Andrés Valenciano, titular de Comex, quien recomendó mantener como representante ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico a Manuel Tovar.
Los diputados también dejaron en suspenso la aprobación en segundo debate del crédito por $1.778 millones con FMI.
De momento el gobierno no cede pese a la crispación política que desató la designación y las críticas desde distintos sectores en particular empresariales.
Defienden legalidad de nombramiento
Al igual que lo hizo el presidente Carlos Alvarado la mañana del lunes en Sarchí Norte, al advertir que no se ha extralimitado en su ámbito de decisiones, el gobierno defendió la legalidad de designar a Solís tras conocer la petición legislativa.
“Reiteramos que somos respetuosos del criterio de los legisladores y de las potestades que se les otorga de acuerdo al principio de separación de poderes”, citó un comunicado enviado al sitio SociHable Comunicaciones.
“Desde el punto de vista jurídico, cabe indicar que el Acuerdo de Adhesión a la OCDE, en su artículo 4 en última instancia le da al Consejo de Gobierno la potestad de designar al representante de nuestro país ante dicha Organización, siendo esto acorde con lo que establece la Constitución Política”, agregó la posición oficial.
“En este sentido, la Constitución establece que es elConsejo de Gobierno el encargado de nombrar y remover a los representantes diplomáticos y no le limita, ni tampoco el acuerdo de adhesión, únicamente a ratificar dichos nombramientos”, consignaron.
Potestad del Ejecutivo
“El manejo de los asuntos diplomáticos y del nombramiento de sus representantes es una potestad exclusiva del Poder Ejecutivo, según la Constitución Política”, añadió el comunicado.
“Con respecto al Acuerdo con el FMI, hemos señalado que es urgente aprobarlo para continuar la ruta de la consolidación fiscal que se ha desarrollado con el apoyo de la Asamblea Legislativa y mejorar as la calidad de vida de los costarricenses”, resalta la versión gubernamental.
“De no aprobarse esto podría desencadenar condiciones negativas en la confianza de los mercados y también en aspectos que afectar an a las familias, como lo son las tasas de interés y el tipo de cambio”, agregaron.
“De ahí nuestro llamado a que se apruebe, porque con independencia de diferencias políticas, ese acuerdo es lo mejor para el país y para el bienestar ciudadano”, enfatizó Casa Presidencial.
