Edgar Fonseca editor
La exfiscala general, Emilia Navas, quien dejó su cargo precipitadamente tras presiones de sindicatos judiciales y algunos diputados, denunció ante un Relator ONU “un ataque arbitrario” desde la cúpula de la Corte Suprema de Justicia y de magistrados en contra suya, del Ministerio Público y de fiscales que ven casos anticorrupción.
Las denuncias las hizo la semana anterior. El presidente de la Corte Magistrado Cruz refutó dichas aseveraciones.
Navas elevó el informe ante Diego García-Sayán a cargo de la Relatoría Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados Alto Comisionado para los Derechos Humanos Naciones Unidas.
Se desconoce si el pleno de la Corte verá este tema en su sesión de este lunes 23 de agosto.
Tampoco fue posible confirmar si el Ministerio Público investigará las denuncias de Navas.
La exjerarca se jubiló abruptamente el 29 de junio.
Denunció que el magistrado Cruz la llamó por teléfono el 25 de junio para presionar su salida. Cruz lo niega.
La salida de Navas se dio tras fuertes presiones de sindicatos judiciales y de algunos diputados críticos de sus inhibitorias en casos de trascendencia nacional como el megaescándalo Cochinilla en el que el abogado Francisco Campos, su esposo, es abogado de varios de los imputados.
Navas aseguró que en su salida forzada hubo “represalias encubiertas de naturaleza penal, económica y sobre mi posterior desarrollo profesional”.
Ataque arbitrario, hostigamiento, represalias encubiertas
En su denuncia ante el Relator ONU, Navas afirma que hay un ambiente de ataque arbitrario, hostigamiento y represalias encubiertas por parte de los magistrados de la Corte a los fiscales que ven casos de corrupción, entre ellos alguna causas contra los altos jueces.
Navas pidió al Relator ONU:
1) Registrar en sus informes los hechos acá expuestos como un ataque arbitrario a la independencia del Ministerio Público, de su Fiscalía General de la República y de sus Fiscales y Fiscalas, ejercido mediante represalias encubiertas para hostigar, amenazar e interferir en el ejercicio legítimo de sus funciones frente a la lucha contra la corrupción.
2) Recomendar al Estado de Costa Rica garantizar la independencia del Ministerio Público o Fiscalía mediante:a) Su separación del Poder Judicial, sin adscribirlo al Poder Ejecutivo ni Legislativo.b) El nombramiento del Fiscal o Fiscala General de la República a través un procedimiento exento de influencias políticas.c) La inamovilidad del cargo de Fiscal o Fiscala General de la República, con una posible remoción solo según los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
3) Aconsejar a los Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica el cese de las represalias encubiertas y mensajes de hostilidad e intimidación en contra de la Fiscalía General de la República, así como en contra del resto de Fiscales y Fiscalas, sanciones que tienen como finalidad obstaculizar e impedir el ejercicio legítimo de sus cargos, en especial, en la lucha contra la corrupción en los sectores público y privado.
4) Instar a los Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica a excusarse de tomar decisiones en contra de quien ostente el cargo de Fiscal o Fiscala de la Repúblico cuando figuren como imputados en procesos penales investigados por la misma Fiscalía General de la República.
5) Aconsejar a los Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica para que en el nombramiento del nuevo Fiscal o Fiscala General de la República se abstengan de participar aquellos y aquellas contra las cuales la Fiscalía General de la República mantiene procesos penales activos y, también, todos y todas aquellas que intervinieron en la sesión de la Corte Plena de 12 de julio de 2021 que materializaron represalias encubiertas de naturaleza penal, económica y sobre mi posterior desarrollo profesional, en contra de la suscrita con motivo de mi rendición de cuentas y mi trabajo como entonces Fiscala General de la República. 6) Recomendar a los Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica que toda sesión de la Corte Plena se realice de forma pública como regla, y que solo excepcionalmente se restringa el derecho de acceso a información del Estado mediante la debida y legítima restricción de este derecho.
Conforme al mandato de la Relatoría Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, la suscrita le solicita lo siguiente y sin perjuicio de otras recomendaciones que su persona estime pertinentes:
7) Registrar en sus informes los hechos acá expuestos como un ataque arbitrario a la independencia del Ministerio Público, de su Fiscalía General de la República y de sus Fiscales y Fiscalas, ejercido mediante represalias encubiertas para hostigar, amenazar e interferir en el ejercicio legítimo de sus funciones frente a la lucha contra la corrupción.
8) Recomendar al Estado de Costa Rica garantizar la independencia del Ministerio Público o Fiscalía mediante:a) Su separación del Poder Judicial, sin adscribirlo al Poder Ejecutivo ni Legislativo.b) El nombramiento del Fiscal o Fiscala General de la República a través un procedimiento exento de influencias políticas.c) La inamovilidad del cargo de Fiscal o Fiscala General de la República, con una posible remoción solo según los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
9) Aconsejar a los Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica el cese de las represalias encubiertas y mensajes de hostilidad e intimidación en contra de la Fiscalía General de la República, así como en contra del resto de Fiscales y Fiscalas, sanciones que tienen como finalidad obstaculizar e impedir el ejercicio legítimo de sus cargos, en especial, en la lucha contra la corrupción en los sectores público y privado.
10) Instar a los Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica a excusarse de tomar decisiones en contra de quien ostente el cargo de Fiscal o Fiscala de la Repúblico cuando figuren como imputados en procesos penales investigados por la misma Fiscalía General de la República.
11) Aconsejar a los Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica para que en el nombramiento del nuevo Fiscal o Fiscala General de la República se abstengan de participar aquellos y aquellas contra las cuales la Fiscalía General de la República mantiene procesos penales activos y, también, todos y todas aquellas que intervinieron en la sesión de la Corte Plena de 12 de julio de 2021 que materializaron represalias encubiertas de naturaleza penal, económica y sobre mi posterior desarrollo profesional, en contra de la suscrita con motivo de mi rendición de cuentas y mi trabajo como entonces Fiscala General de la República. 12) Recomendar a los Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica que toda sesión de la Corte Plena se realice de forma pública como regla, y que solo excepcionalmente se restringa el derecho de acceso a información del Estado mediante la debida y legítima restricción de este derecho.
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