Edgar Fonseca, editor

Las condiciones de la permanencia del empresario Carlos Cerdas Araya de la firma MECO, vinculado al megaescándalo Cochinilla y ubicado desde ayer en el Centro de Atención Institucional (CAI) en San Sebastián, son manejadas con máxima reserva por autoridades del sistema penitenciario.

PuroPeriodismo consultó en qué nivel se le ubicó, con cuántos otros internos debe compartir y cuáles son las reglas que debe seguir durante su estancia en el centro.

Sin embargo, la respuesta oficial fue que debido a razones de seguridad no podían dar detalles al respecto.

“Una vez cumplido el aislamiento preventivo ordenado por el Lineamiento para la Atención de la Emergencia Sanitaria por la Pandemia en el Sistema Penitenciario, el señor Cerdas ha sido trasladado esta mañana a uno de los módulos del CAI San José para que prosiga con el cumplimiento de lo dispuesto por la autoridad judicial”, se informó ayer oficialmente.

A raíz de este mensaje se trató de ampliar con el Ministerio de Justicia sobre las condiciones en qué llegaba Cerdas a dicho centro pero portavoces oficiales insistieron que se trata de aspectos de seguridad sobre los que no deben dar detalles.

-¿Por qué el señor Cerdas fue enviado al CAI San José? 

-Por ser un centro para persona indiciadas que contaba con espacio para recibirlo y garantizar el cumplimiento de lo dispuesto por una autoridad judicial.

-¿En qué nivel se le ubica?

-Por temas de seguridad, no es posible brindarle esta información.

-¿Con cuántos otros internos compartirá?

-Por temas de seguridad, no es posible brindarle esta información.

-¿Cuáles reglas debe cumplir?

-Las mismas que aplican para cualquier privado de libertad. A la persona mencionada en su consulta se le debe garantizar el acceso a la salud, a la alimentación, a la hora de sol y a las llamadas telefónicas, entre otros.

-¿Cuál será el acceso a la asesoría legal?

-De lunes a viernes, su representante legal puede visitarlo en cualquier momento, en horario de oficina, siempre y cuando la visita obedezca a necesidades técnicas de la defensa.

De 30 detenidos iniciales por este caso, solo Cerdas y la empresa Mélida Solís de la firma H Solís, descuentan cuatro meses de prisión preventiva dictados por el juez Hugo Porter, del Tribunal Penal de Hacienda, quien revocó fianzas de $5 millones y $3 millones, respectivamente, que les había determinado la jueza penal Carolina Lizano.

Ambos y el resto de investigados y denunciados son vinculados por la Fiscalía y el OIJ a una supuesta red de sobornos y dádivas en trámites de contratación de cobra pública que generaron un alegado perjuicio al Estado estimado inicialmente en ¢27 mil millones, según destacó el director policial, Walter Espinoza, el lunes 14 de junio, día en que estalló el escándalo con 57 allanamientos y las 30 detenciones.